El presidente del Tribunal de cuentas ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados un informe en el que denuncia sobrecostes, retrasos en la entregas, sobrefinanciación a la industria de armamento y falta de penalizaciones. Mantiene además que Defensa no desarrolló "una gestión ordenada y eficaz de los créditos destinados a los Programas Especiales de Armamento, los conocidos como PEAs". Este es el término con el que se definen los programas de adquisición de sistemas de armas iniciados entre 1997 y 2006. Merecieron una categoría especial y un programa presupuestario propio por la enorme cantidad de recursos movilizados para su realización.Los PEas son el auténtico agujero en el bolsillo del Ministerio de Defensa
En su informe, el Tribunal de Cuentas acusa al ministerio que dirigía durante las fechas fiscalizadas Pedro Morenés, de abusar excesivamente de "la financiación a través de créditos extraordinarios y de pagar con cargo a la Deuda Pública la mayoría de estos proyectos en vez de hacerlo con cargo al Fondo de Contingencia como sería deseable. Además denuncia la escasez de efectivos dedicados a la gestión de estos programas y la alta rotación de personal.
El Tribunal insiste en que Defensa tenía que haber establecido un control estricto y permanente de la gestión internacional de los programas "profundizando en la mejora de la gestión de datos financieros y elaborando presupuestos más ajustados. Recomienda el Tribunal de cuentas que "se arbitren medidas que permitan proporcionar un marco estable de financiación de los PEAs y dotarlo de la flexibilidad necesaria para evitar la incertidumbre financiera que afecta a estos programas ya contratados". Recomienda además imponer penalizaciones en los contratos cuando no se cumplen los plazos.
Eurofighter
El tribunal de cuentas culpa al Ministerio de Defensa de elevar la descentralización del programa Eurofighter lo que "impide un adecuado seguimiento y control". Insiste en que "España no está en condiciones de aceptar en servicio, aviones terminados por los limites de financiación".
Desde 2010 España ha recibido 59 cazas Eurofighter, aunque mantiene doce de ellos sin recepcionar y por tanto almacenados en la base aérea de Albacete. El Ministerio de Defensa ha evitado en los últimos años recibir los cazas que salen de la fábrica de Airbus en Getafe para evitar su reflejo en la contabilidad nacional y no engordar los márgenes de déficit público.
TIGER
Los helicópteros Tigre forman parte de los planes de gestión internacional iniciados por Francia y Alemania en 1999. España se comprometió en 2003 a comprar 24 naves por 1.353 millones de euros. El Tribunal de cuentas insiste en que debe dotarse a este programa más recursos humanos en el área de tripulaciones de ensayo (pilotos e ingenieros) puesto que únicamente contaba con un piloto de ensayos.
BAM
La compra de los cuatro buques de acción marítima (BAM) ha tropezado con los sobrecostes, los retrasos y la falta de penalizaciones. El presupuesto inicial del programa, adjudicado a Navantia, "por motivos de seguridad nacional" era de 352 millones de euros, una cifra que se elevó a 509,9 millones. El Tribunal de cuentas mantienen que Navantia incluyó en su presupuesto un beneficio de entre el 4 y el 12%, una ganancia que en opinión del Tribunal "no es compatible con las relaciones entre el Estado y sus entidades instrumentales". Además , pese a los retrasos en las entregas de los buques, Defensa no procedió a imponer las correspondientes penalizaciones de demora por un importe estimado de 31,7 millones de euros. El expediente para exigir esta penalización se paralizó sin causa justificada.
LEOPARD
En 1998, el Consejo de Ministros autorizó la adquisición de 219 Carros de Combate Leopardo 2E y 16 Carros de recuperación por 1.909 millones de euros. Casi dos décadas después, el programa casi ha finalizado con un sobrecoste de 43,6 millones de euros, derivados del incremento de los costes de producción de uno de los subcontratistas. El tribunal de cuentas considera que el contrato "presenta ambiguedades de difícil interpretación y ha desviado su coste por 43,6 millones de euros.
OPACIDAD EN EL PRESUPUESTO
Una de las críticas más recurrentes a la gestión del ministerio de Defensa es la opacidad presupuestaria de de gran parte de los proyectos. En esta línea según publico Vozpópuli, la nueva ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, quiere incorporar a los Presupuestos de este año la partida completa de la inversión en armamento algo que ya ha negociado con el PSOE y con Ciudadanos. Cospedal cuenta, por tanto con el respaldo de la mayoría de del Parlamento. Durante varios ejercicios, el Gobierno recurrió a créditos extraordinarios para encarar ese tipo de gastos siguiendo una actuación que fue también costumbre en los Gabinetes socialistas. Después de la llegada del PP al ejecutivo a finales de 2011, el PSOE llevó esa práctica al Constitucional y el verano pasado falló que todo el gasto militar debe consignarse con cargo a las cuentas Públicas.
