Es el tema menos tratado en una campaña de la que todos quieren salir ilesos. Pero está ahí, reclamando un espacio propio. Este lunes 20 de junio, José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, (PP) Iban García del Blanco (PSOE), Eduardo Maura (Unidos Podemos) y Marta Rivera (Ciudadanos) debatirán sobre Cultura. Hay temas pendientes, demasiados. Unos urgen más que otros, aparcados en la larga fila de las promesas no cumplidas y los hachazos; por no hablar ya de las plegarias no atendidas, como la bajada del IVA del 21%, la lucha contra la piratería o el mecenazgo.
Asistirán otros personajes como el músico Nacho Vegas o el periodista Arcadi Espada. El acto, organizado por la Asociación para el desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) se celebrará a partir de las doce de la mañana de los Teatros Luchana (C/Luchana, 38), para más ironía, un lugar simbólico de las salas que tuvieron que reconvertirse a causa de la contracción del sector.
Ley de Propiedad Intelectual (Ley Lassalle). Los creadores así como los principales representantes de las entidades de gestión se manifestaron contra una ley aprobada, con prisas y mayoría del PP: Antonio Guisasola, presidente de Agedi y de Adepi; Enrique Cerezo, presidente de Egeda; Fernando Marín, vicepresidente de Aisge; Pedro de Andrés, presidente de Cedro y ejecutivos de todas las entidades de gestión. A ellos se sumaronn cineastas, artistas e integrantes de las industrias culturales. Esa ley no protege a autores ni usuarios ¿Cuáles son los aspectos que más alarman a creadores y gestores de esta ley? Lo relativo al canon por copia privada impuesto por el Gobierno, que –según los opositores al texto- no solo reduce las rentas de los creadores sino perjudica a los ciudadanos, que pagan con sus impuestos una compensación que en toda Europa pagan los fabricantes de dispositivos y además verán reducidas sus opciones de hacer copias privadas legales. Ya recibieron los populares su lance por parte de la UE. Es ilegal. La ley no aporta ninguna solución eficaz al problema de la piratería. Según señalan los afectados y como confirmó la sentencia del Tribunal Europeo, la reforma no cumple con la legalidad comunitaria, algo de lo que ya había sido advertido el Ejecutivo por el Consejo de Consumidores y Usuarios, por el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, por su máximo órgano consultivo, el Consejo de Estado.
Mecenazgo, la otra batalla de Cultura. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, aseguró "sin reforma fiscal no hay mecenazgo, sino altruismo o filantropía".Tras meses de negociaciones, se daba por sentado que en aquella reforma ejecutada por Montoro, se daría facilidades fiscales para propiciar el mecenazgo. Las exenciones al cine se esperaba que llegaran al 30%, tal y como se había manifestado en repetidas ocasiones. Pero estas quedaron en el 20% para el primer millón de euros y se mantuvo en el 18% actual para el resto. Ya se sabe que el ministro Montoro no era un especial amante del cine español. En diversas ocasiones ha dicho que es malo, que no es competitivo. Pero esta vez, y sin decir una palabra, le dio una buena paliza. La reforma fue un jarro de agua fría especialmente para los productores audiovisuales (FAPAE), quienes no escondieron entonces su desconcierto. Incluso, según informaron, se daba por descontada la no rebaja del IVA, a cambio del aumento de las exenciones. La reforma fiscal, que esperaba una ley, quedó ahí embutida, de prisa y de mala manera. No hay cita en la que no se reclame, desde los Premios Goya hasta la Feria de Arte Contemporáneo ARCO.
IVA del 21%. Se trata del IVA que grava el consumo de bienes culturales y que ha desatado una verdadera guerra entre el Gobierno de Rajoy y el sector desde que en 2012 este pasara del 8% al 21%. Esa modificación lo convirtió en el más alto de toda Europa, por delante de Alemania (7%), Francia (5,5%), Finlandia (10%), Italia (10%) y Portugal (13%). Hay quienes se indignan porque creadores y empresarios culturales ejercen presión para que este IVA bajase hasta 10%; otros se indignan, también, porque les parece absurdo que la actividad creadora –cine, teatro, música en vivo- sea objeto de cualquier consideración fiscal. Primero que rebajen el IVA de las peluquerías, los yogures y el pan, y luego ese tipo de extravagantes mercancías., dicen quienes ven en la cultura un elemento superfluo y accesorio, cuando realidad aporta al PIB español 3,5%,
Daños por sectores. El teatro fue justamente el sector más perjudicado por el IVA del 21%. Aunque el gobierno de los populares sacó pecho en los Presupuestos Generales del Estado con mayor dotación -la subida fue del 53% (de 37,76 millones a 58,01)-, también cierto que tan sólo en 2013, éste se contrajo un 15%, además de la caída acumulada del 40% en los últimos cuatro años. Los galeristas también vieron aparecer una pálida zanahoria que les dejó, sin embargo, frustrados y sin ventas y les dejó un buen palazo en las arcas. La medida de aplicar el tipo reducido de IVA (10%) a la venta de obras de artistas, tanto si lo hacen directamente con el cliente como si la compraventa se desarrolla con la intermediación de una galería, no los ayudaba a ellos sino a los artistas. ¿Dónde estaba el engaño? Si la obra que se vende es propiedad de una galería, el IVA que se aplicará a la transacción será el general, situado en el 21%. Es decir: con respecto al tipo original con el que tributaban los galeristas no sufren ninguna rebaja.
Escritores y Hacienda. La reforma de la Ley de Pensiones aprobada en 2013 comenzó a pasar factura, probablemente a quienes menos correspondiese. Según el texto aprobado y vigente desde hace 18 meses, los escritores están obligados a elegir entre dos derechos: el que tienen como autores de una obra y aquel que les corresponde como ciudadanos, su jubilación. No pueden cobrar ambos a la vez. Si esta legislación hubiese existido en 2006, cuando Álvaro Pombo ganó el Planeta (dotado de 601.000 euros), el autor de La Fortuna de Matilde Turpín –que tenía entonces 67- podría haberse despedido de la pensión (además de 270.000 euros que debía pagar a Hacienda por el premio). Al menos eso es lo que se desprende de la interpretación de la ley, según la cual un escritor debe renunciar al cobro de su pensión si sus ingresos profesionales superan el salario mínimo anual (9.172,80 euros). Eso abarca charlas, premios y conferencias y por supuesto derechos de autor, incluyendo el de las obras escritas antes de jubilarse. Estetema, que tiene en pie de guerra al sector, también debe ser revisado.
