Javier López Madrid apura, tras cuatro años de investigaciones, sus últimas opciones para no verse sentado en el banquillo acusado de ciertos delitos relacionados con la adjudicación del tren que debía unir Navalcarnero y Móstoles (Madrid) al grupo OHL.
López Madrid ha presentado esta semana ante el Juzgado Central de Instrucción número seis de Madrid, de la Audiencia Nacional, a cargo del conocido como caso Lezo, un recurso de apelación frente al auto del pasado 29 de octubre.
En dicho auto, el juez Manuel García Castellón decidía el archivo de la causa contra el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, así como para el exconsejero delegado de la compañía, Tomás García Madrid, y Jesús Trabada Guijarro, exconsejero delegado de la pública Mintra. Pero mantenía como investigados a López Madrid y al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entre otros.
El juez investiga desde 2016 el presunto pago de una comisión de 1,4 millones a Ignacio González por la adjudicación de las obras del tren
El juez investiga el presunto pago de una comisión ilegal al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación, en el año 2007, del contrato para la construcción y posterior concesión de la Línea de Ferrocarril que había de unir Móstoles y Navalcarnero.
La investigación de la Guardia Civil había revelado indiciariamente que Villar Mir habría entregado, en septiembre de 2007, un cheque por importe de 1,4 millones de euros a González, como comisión por esa adjudicación.
El empresario madrileño advierte en el recurso de apelación presentado esta semana que la Fiscalía "ha mutado" recientemente el objeto de la investigación al no poder cuadrar determinadas circunstancias, y que se ha empleado como base de las acusaciones las declaraciones de una fuente anónima, un confidente policial, que habrían resultado ser falsas.
El empleo en la investigación de datos bancarios personales de López Madrid "genera metástasis anulatoria en todo lo actuado (...)"
Sobre este último punto, Ignacio González también ha presentado recientemente solicitud de archivo de la causa abierta contra él, requiriendo al juez que aclare si esa fuente anónima de la que se habla en la investigación no es otra que el excomisario José Manuel Villarejo.
La defensa de López Madrid, en el recurso de apelación presentado esta semana, no llega a mencionar a Villarejo. Pero sí advierte de que la instrucción arrancó de unos datos aportados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "por unas personas ignotas, datos que, en cuanto bancarios, son de carácter personal, sin que se conozca el medio y la forma de obtención de los mismos".
Que el acceso a esos datos bancarios se llevara a cabo de forma lícita "es una quimera", dice la defensa de López Madrid en su recurso de apelación. "Ese proceder, en todo caso, está legalmente contaminado y genera metástasis anulatoria en todo lo actuado con posterioridad y a su través", subraya.
Mutación de la Fiscalía
La defensa de López Madrid hace hincapié en su recurso de apelación a lo que define como "una mutación en el objeto de la investigación" de la Fiscalía, "planteando un novedoso relato fáctico del presunto comportamiento criminal escrutado".
Una prueba pericial hecha pública a finales de 2019 concluía que la adjudicación del contrato fue correcta
A finales del pasado año se puso en conocimiento de las partes implicadas en el procedimiento un informe pericial encargado por el juez, elaborado por una funcionaria del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado, en el que se concluía que la adjudicación del contrato administrativo investigado fue correcta.
"A partir de ese momento", subraya la defensa de López Madrid, "la tesis incriminatoria seguida por los efectivos policiales y la acusación pública hizo aguas", al quedar de manifiesto "la falsedad de la información que la UCO indica en sus oficios y que, según se afirma, recibió de fuentes que deseaban permanecer en el anonimato".
Los abogados del empresario, yerno de Juan Miguel Villar Mir, consideran que no cabía más que buscar una salida tras las conclusiones de esa prueba pericial, "y ésta no ha sido otra que el rocambolesco -por inverosímil- cambio del objeto de procedimiento incluido en el escrito de la Fiscalía de 27.10.2020 y asumido sin reparos por el Instructor en su Auto de 29.10.2020".
Los investigados no han podido defenderse del reciente cambio de criterio de la Fiscalía, denuncian los abogados de López Madrid
Con ese cambio, sostiene el recurso de apelación, se liga la información recibida por la policía sobre el presunto pago de una comisión, en el año 2007, "no ya a la adjudicación, sino a asegurarse que, ¡cuatro años después!, el Sr. Ignacio González influiría para aprobar un modificado en el contrato de constante cita, a fin de compensar la merma de ingresos resultante de la oferta de la licitación".
"La mutación sorpresiva del objeto de la investigación", advierte la defensa de López Madrid, ha supuesto la imputación de "conductas distintas de las inicialmente atribuidas", sin haber sido interrogados los investigados al respecto. "Y, por supuesto, sin haberles dado la oportunidad de defenderse, con la promoción de las diligencias de investigación pertinentes para su descargo", denuncia.
Por estas razones, entre otras, los abogados de López Madrid requieren que la Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corresponda dicte auto estimatorio de esta apelación, y decrete el sobreseimiento libre o, subsidiariamente, el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con su representado.
