España recibirá 140.000 millones de euros con cargo al nuevo fondo creado por la Unión Europea para salir de la crisis provocada por el coronavirus. De ese dinero, 72.700 millones serán préstamos y el resto ayudas directas, pero solo serán desembolsados si España presenta un plan de reformas que sean coherentes con las recomendaciones que anualmente hace la Comisión Europea.
¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues las que suele publicar el Ejecutivo comunitario tras evaluar los documentos enviados desde el Ministerio de Economía. La última vez que se hizo ese ejercicio fue en mayo pasado, si bien el análisis de la Comisión quedó alterado por la pandemia que en ese momento estaba azotando la Unión Europea.
No obstante, la Comisión recogió algunas de las reformas que España debe hacer para acabar con la brecha de productividad que tiene con la media de los países comunitarios. A saber:
1.- Revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar el empleo indefinido, especialmente para los trabajadores jóvenes.
2.- Flexibilización de las condiciones laborales, aunque no se especifica en qué sentido.
3.- Fomentar el atractivo de la formación profesional.
4.- Promover la inversión privada.
5.- Impulsar la innovación.
6.- Apoyar la digitalización de las empresas para incrementar su competitividad.
7.- Facilitar la penetración de las energías renovables.
8.- Reducir el consumo de energía de los edificios, tanto públicos como privados.
9.- Invertir en nuevas interconexiones eléctricas con el resto de la Unión.
10.- Desarrollar una infraestructura de combustibles alternativos para que se pueda desarrollar el vehículo eléctrico.
11.- Eliminar la fragmentación y los obstáculos reglamentarios que impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala. Para ello, se recomienda utilizar de forma más activa la Ley de Unidad de Mercado.
12.- Preservar la capacidad del sistema judicial para tratar de forma eficiente los procedimientos de insolvencia.
13.- Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales que garanticen la sostenibilidad de la deuda.
14.- Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario.
15.- Centrar la inversión en la transición ecológica y digital.
16.- Fomentar la investigación y la innovación.
Además de esas 16 reformas, en el documento de este año se hace mención a las recomendaciones realizadas en 2019, "que deben tenerse en cuenta". Y en ese análisis se incluían también las siguientes peticiones:
17.- Aumentar la eficiencia del gasto público.
18.- Incentivar, tanto a los trabajadores como a los empleadores, para que inviertan en formación.
19.- Reducir las barreras para la movilidad laboral entre las distintas zonas del país.
20.- Modernizar los servicios públicos de empleo para mejorar su misión como conseguidores de puestos de trabajo.
21.- Reducir el empleo de duración determinada en el sector público.
22.- Invertir en vivienda social.
23.- Promover el emprendimiento y las empresas emergentes.
24.- Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo con medidas para abordar tanto la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales.
25.- Reformar el sistema educativo para mejorar los resultados y adecuarlo a las necesidades del sector privado.
26.- Eliminar las restricciones regionales a la prestación de servicios, consecuencia de la regulación fragmentada que existe en España.
27.- Invertir en infraestructuras que garanticen un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías.
28.- Promover el transporte sostenible y la economía circular.
29.- Reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo.
30.- Simplificar el sistema de incentivos a la contratación.
De estas 30 medidas se concluye que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá muy complicado llevar a término el programa suscrito en su día con Unidas Podemos, pues cuestiones como la derogación de la reforma laboral serán prácticamente imposibles, ya que lo que pide Bruselas es precisamente una mayor flexibilidad en materia de empleo.
También provocará dificultades a Sánchez todo lo relativo a la unidad de mercado. El Gobierno está sostenido por una pléyade de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que difícilmente darán su apoyo a reformas que vayan en la dirección de unificar y reducir las particularidades territoriales, de las que Bruselas abomina, sobre todo en materia de empleo y de barreras a la actividad empresarial.
Entre las reformas de más calado solicitadas sistemáticamente por la Comisión Europea se encuentran la de las pensiones y la educativa, dos cuestiones fundamentales a las que España sigue sin dar una respuesta a medio y largo plazo y que, según Bruselas, lastran la productividad de la economía y ponen en riesgo la viabilidad de las finanzas públicas.
