Los países deberían incrementar la edad legal de jubilación de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida, según ha planteado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda establecer reglas automáticas que faciliten este proceso cuando fuera necesario. Según la explicó la institución internacional "los países deberían subir la edad de jubilación a la par que crece la esperanza de vida". Para ello sugiere que, ante la controversia que suscitan estos procesos, sería recomendable "establecer reglas automáticas que lo faciliten cuando fuera necesario".

El FMI planteó al hilo de lo anterior, que si la esperanza de vida aumenta en un año, la edad de jubilación debería retrasarse a su vez en un año. "Se trata de un proceso dinámico", explicó la entidad. De hecho, para el organismo dirigido por Christine Lagarde retrasar la edad de jubilación prolonga el período de acumulación de recursos jubilatorios y acorta el período de uso de los mismos. Lagarde ha advertido que "es importante que las entidades que ofrecen pensiones puedan actuar con flexibilidad: si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad de jubilación, posiblemente haya que recortar las prestaciones".

Costes del envejecimiento

El FMI ha avisado también de que si el promedio de vida para 2050 aumentara tres años más de lo que se espera actualmente, "los costes del envejecimiento, que ya son enormes, podrían aumentar 50%".

La institución apuntó que una longevidad inesperada más allá de lo que recogen las previsiones constituye "un riesgo financiero" para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social. Así, reconoció que, aunque los Gobiernos y las entidades del sector privado que ofrecen pensiones se han estado preparando para las consecuencias financieras del envejecimiento de la población, se han basado en proyecciones demográficas de base que en el pasado han subestimado constantemente cuántos años vive la gente.

Por su parte, los particulares se exponen al riesgo financiero de agotar los recursos jubilatorios. También ha añadido que el riesgo debe estar debidamente distribuido entre los particulares, los organizadores de los planes de pensiones y el gobierno, y sugiere que la posibilidad de recurrir a los mercados de capital para transferir el riesgo de longevidad de los planes de pensiones a quienes tienen más capacidad para gestionarlo.