Aena perdió 241,2 millones de euros en el primer trimestre de 2021, cuando registró 353 millones en ingresos, un 55% menos que en el mismo periodo de 2020. Sin embargo, mientras la facturación por la actividad aeronáutica se desplomó un 73%, la derivada de operaciones comerciales sólo cayó un 18%.
Esto se debe a que la norma contable NIIF16 obliga a Aena a incluir en sus cuentas las Rentas Mínimas Garantizadas (RMGA) pactadas por el alquiler de sus locales, aunque ese dinero no haya entrado en caja por la negativa de los inquilinos a pagar. Estos defienden que, a causa de la covid-19, han permanecido cerrados y sin actividad.
En concreto, se han registrado ingresos comerciales por las rentas mínimas correspondientes al primer trimestre por 119,7 millones de euros, "dado que existe un derecho contractual a percibir esas rentas por parte de Aena". "Sobre este importe de crédito pendiente se han hecho estimaciones de riesgo de crédito y se han dotado en el trimestre provisiones por importe de 7 millones en la cuenta de resultados", detalla Aena en su informe de gestión publicado este jueves.
En pie de guerra por los alquileres
La compañía semipública ofreció un descuento del 100% de la Renta Mínima Garantizada a sus inquilinos durante el primer estado de alarma, y del 50% entre junio de 2020 y septiembre de 2021. Hasta ahora, solo 95 operadores comerciales han aceptado la propuesta realizada por Aena, pero estos sólo representan el 67,9% de los contratos y el 14,2% de las RMGA afectadas.
En este sentido, como explican fuentes jurídicas, Aena tiene "incertidumbre sobre el 86% de los ingresos". Además, gran parte de ellos se encuentran en discusión en los tribunales, donde ya se han aceptado medidas cautelares que le impiden cobrar estas rentas.
De hecho, el propio gestor aeroportuario español explica en el informe de gestión que desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo Aena ha sido emplazada ante los Juzgados con motivo de 32 demandas interpuestas por 18 arrendatarios.
"Los principales arrendatarios que han rechazado el acuerdo han optado por judicializar el proceso, solicitando a los Juzgados la adopción de medidas cautelares para que Aena se abstenga de facturar las rentas mínimas pactadas en los contratos y, al mismo tiempo, se suspenda el derecho a la ejecución" de los avales ante el posible impago, explica.
En fase judicial
Además, Aena asume que "hasta el momento las resoluciones judiciales han impedido la ejecución de la mayor parte de las citadas garantías", aunque "en esta fase del proceso los órganos judiciales correspondientes no están considerando el fondo de la cuestión, sino únicamente la concesión o no de medidas cautelares".
Finalmente, advierte que "en el futuro y en aplicación de la NIIF16, se podrían producir ajustes derivados de potenciales acuerdos comerciales o de aplicación de sentencias judiciales que conllevarían el registro de las RMGA y los posibles ajustes por reducción de las mismas".
No obstante, las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli consideran que el número podría doblarse este trimestre. "Estas semanas podrán llegarse a presentarse hasta 30 demandas más, los juzgados van lentos en los emplazamientos y muchos inquilinos esperaban la ejecución de avales, por lo que lo decidirán ahora", explican estas fuentes.
