El Gobierno hace oficial mañana su real decreto sobre la devolución del dinero de las cláusulas suelo. Lo que se sabe hasta el momento es que irá al Consejo de Ministros y que impondrá a la banca un plazo de tres meses para negociar con sus clientes una solución extrajudicial. Lo que está por ver es la fórmula de pago.
Por lo que se inclina Luis de Guindos es por dejar abierta esta fórmula a lo que negocien banco y cliente. Y ello conduce a la vía de devolución que más peso está ganando entre las entidades financieras: una rebaja temporal de las cuotas hipotecarias. Esta opción permitiría a los bancos amortiguar el impacto en un mayor plazo y podría ser mejor fiscalmente para los clientes.
Junto a esta fórmula, se están barajando varias más: devolución en efectivo, que sería la estándar, y peor fiscalmente; amortización de capital en la hipoteca; e incluso bonificación del dinero cobrado de más con las cláusulas suelo a través de depósitos u otro tipo de producto de ahorro.
La solución que ultima el Ministerio de Economía no obligará en ningún caso a las entidades a devolver el dinero al cliente, tan sólo a negociar con él, con un plazo límite de tres meses. Cómo se estructurará este periodo está todavía por cerrar, aunque en los últimos días se ha barajado el siguiente: desde que el cliente presenta el formulario de reclamación, la entidad tiene entre seis y ocho semanas para responder con una oferta. El titular de la cláusula suelo tendrá entonces una semana para aceptarla o rechazarla. En el segundo caso, se abriría un segundo plazo de una semana en la que la entidad contraofertaría, y el cliente tendría otros siete días para responder.
Acuerdo extrajudicial
Mientras dure esta negociación, el cliente no podrá presentar demandas. Pasados los tres meses, si no hay acuerdo, entonces ya se podría abrir la vía judicial. Desde la banca se espera una avalancha de acuerdos intermedios, en los que los clientes recuperen gran parte de lo que pagaron de más con las cláusulas suelo. Con ellos, ganarían ambos, al no tener que acudir a los tribunales y asumir las costas judiciales.
Hay otros dos aspectos del real decreto que se han suavizado frente al primer Código de Buenas Prácticas que el Gobierno intentó aprobar antes de final de año, que se topó con la oposición del PSOE. El primero, es que, según las últimas reuniones de Gobierno y banca, las entidades no tendrán que ponerse en contacto uno a uno con los 1,5 millones de clientes con cláusula suelo. Sino que tendrán que hacer algún tipo de anuncio o comunicación que facilite que todos los usuarios sepan que se pone en marcha el procedimiento.
El segundo punto de la regulación es el referente al comité de evaluación de las cláusulas suelo, que Economía quería que se creara en cada entidad, para decidir si eran transparentes. Parece que se ha optado porque sean las oficinas las que revisen cada caso uno a uno.
Los bancos presentarán hasta dos ofertas a cada cliente para compensarles por las cláusulas suelo y podrían hacerlo con rebajas hipotecarias o depósitos
Este proceso puede provocar que se colapsen las oficinas bancarias en los próximos meses, como advirtió ayer el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá. “Los abogados podrán ayudar quizá a los bancos a hacer una labor de mediación en la gestión de expedientes”, señaló en una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press. El interés de Catalá, en cualquier caso, es que no se colapsen los ya de por sí congestionados juzgados.
Otro de los ministros que más interés tiene en el real decreto que ultima Guindos es Cristóbal Montoro, de Hacienda. Se estima que la Agencia Tributaria podría recaudar hasta 600 millones con esta devolución, exigiendo que se tribute por la deducción por vivienda e intereses de demora. Aun así, todavía está por aclararse que todas las fórmulas de devolución tributarán igual, o si en alguna el cliente podrá eludir la presión fiscal.
