La propuesta de nuevo mecanismo RED para los ERTE estructurales o cíclicos postCovid que ha planteado el Gobierno a los agentes sociales incluye una semilla de implantación de mochila austriaca o fondo de capitalización del despido en España en el que la empresa que recoloque a un trabajador verá abaratado su despido si éste llega a producirse. La mochila austriaca es un modelo que la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió en 2019 y para el que llegó a encargar un estudio a la OCDE, pero que la oposición de Podemos, que lo considera una vía de abaratamiento del despido o del despido libre, enterró en el vocabulario del Gobierno. De hecho, es una de las propuestas estrella del PP, que reclamó hace menos de una semana que se implante con los fondos europeos, y del agrado del Banco de España y de la Comisión Europea. En mayo, el Banco de España propuso la implantación de una mochila austriaca en España usando 8.000 millones de fondos europeos.
En 2003, el Gobierno austriaco creó un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones de la empresa de una parte del salario bruto de cada trabajador. Se trata de una cuenta en la que la empresa ingresa una parte del despido por anticipado. Si llega el despido, el empleado no recibe indemnización sino que se lleva consigo el dinero de la mochila y puede hacerlo efectivo o reservarlo para su jubilación.
En el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas en octubre de 2019, Calviño prometía la "implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación".
Pues bien, una vez que Calviño se ha reincorporado a la mesa de negociación de la reforma laboral tras el enfrentamiento con Yolanda Díaz por su ausencia en los últimos meses, ha planteado una propuesta de nuevos ERTE en la que se introduce un inédito control del Gobierno sobre estos Expedientes, en los casos excepcionales de crisis estructural o cíclica, tutela que lidera su Ministerio, a la par que se recupera la autorización administrativa, y la cláusula de salvaguarda del empleo, para estos casos. En un texto farragoso que también incluye un alza de cotizaciones como penalización de los despidos de fin de semana, se prevé un mecanismo de recolocación de trabajadores que expertos y sindicatos ven como el origen de una mochila austriaca en el mercado de trabajo español.
El nuevo mecanismo prevé que la empresa forme al empleado para recolocarlo en otra empresa, y se creará un Fondo, llamado RED, para financiarlo, integrado por excesos de la prestación por desempleo, dotaciones presupuestarias concretas de los Presupuestos y fondos europeos. La recolocación en otra empresa fuera del grupo empresarial tendrá que ser aceptada por el trabajador de forma voluntaria mediante su dimisión. En ese momento, la empresa de origen transferirá al Fogasa el 50% de la cuantía del despido improcedente que le hubiera correspondido al trabajador en ausencia de recolocación, con el fin de constituir un fondo para financiar los procesos de recolocación. El trabajador suscribirá un nuevo contrato de trabajo con su nueva empresa, sin antigüedad, y con las nuevas condiciones laborales.
Despido tras la recolocación
En caso de un eventual despido por causas no atribuibles al trabajador en la empresa receptora, el Fogasa le abonará una indemnización de importe equivalente a la cuantía por despido improcedente que le hubiese correspondido en caso de haber sido despedido en la empresa de origen. Si el trabajador lo rechaza, se mantendrá vigente su contrato de trabajo. Los trabajadores que, tras la finalización de estos procesos de recolocación de la modalidad estructural, no pudieran ser recolocados ni dentro del grupo empresarial ni en empresa distinta, o no acepten las ofertas de recolocación, podrán ser despedidos, sin perjuicio del mantenimiento de su contrato de trabajo en la empresa en reestructuración si ello resulta viable y posible.
Las empresas que contraten a personas trabajadoras afectadas por el Mecanismo RED de carácter estructural a través de contratos de trabajo de carácter indefinidos, incluido los contratos para fijos-discontinuos, tendrán derecho a la aplicación de una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% durante un período de 6 meses.
En el texto remitido a los agentes sociales no está claro quién asume el 50% restante del coste del despido improcedente que asume la primera empresa, que podría correr a cargo del Estado o de la empresa receptora, nunca el trabajador, según entienden los expertos consultados, pero se le abarata el despido a la primera empresa. La segunda, en cualquier caso, obtiene una reducción de cotizaciones sociales.
Para el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y of counsel de Garrigues Federico Durán, este sistema dista de la mochila austriaca, pero admite que puede suponer la semilla de la implantación de un modelo similar en España, y a la espera de que se concrete la propuesta, de abaratar el despido.
