La aprobación de la Ley de Vivienda no ha acabado con el debate político en torno a su regulación. De hecho, las negociaciones entre los partidos han quedado abiertas en torno a la definición del índice que regirá las actualizaciones de los alquileres. Y es que, si bien la flamante normativa fija un tope del 3% para 2024, lo que suceda desde 2025 en adelante ya apremia los planes de inversión de múltiples agentes del sector inmobiliario, necesitados de seguridad jurídica para contribuir a los objetivos de oferta de vivienda que la misma ley de vivienda fija.
La pretensión de Unidas Podemos es que el 3% que se ha fijado para 2024 se vuelva perpetuo, muy en contraste con determinadas posiciones dentro del PSOE que alertan de los riesgos de desvincular los alquileres de la evolución del mercado. El resultado que se ve en la Ley obedece a la vía que ha encontrado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para sortear el impacto político de romper el Gobierno de coalición con los morados que acaba a finales de este año y, a la vez, poder defender ante Bruselas que su labor no va contra la generación de nueva oferta de vivienda.
La norma podría haber sido mucho peor desde una perspectiva de ortodoxia económica y empresarial y buena parte de esta limitada contención se debe a la vicepresidente primera, según trasladan fuentes conocedoras
Y es que la norma podría haber sido mucho peor desde una perspectiva de ortodoxia económica y empresarial y buena parte de esta limitada contención se debe a la vicepresidente primera, según trasladan fuentes conocedoras. Su oposición a las pretensiones de lo morados arrancó en los inicios de la negociación de la ley, en plena pandemia. Ya en marzo de 2020, respecto a las medidas por la crisis de la covid que promovía Podemos, Calviño se significó. Ante una posible moratoria en el alquiler como la que se había planteado para las hipotecas, advirtió: "Es una situación distinta. Al otro lado no hay un banco, sino un ciudadano".
Posteriormente, según subrayó, el límite a la subida de alquileres ha sido un elemento de protección "absolutamente extraordinario" durante la pandemia. E insistió sobre el tope del 3%: "No creo que ningún ciudadano crea que todas las dificultades que tenemos en el marco de la vivienda se resuelven poniendo una frase en una ley".
Calviño fuerza un parche para ganar tiempo
La presión política de Podemos acabó igualmente poniendo al PSOE en un callejón sin salida... que Calviño sorteó planteando la vía de dejar abierta la negociación de un nuevo índice a partir de 2025, cuando habría caducado la situación de emergencia que motivó el tope actual. Fuentes próximas al PSOE reconocen, igualmente, que se contempla la posibilidad de retomar el Índice de Precios de Consumo como referencia para la actualización de los alquileres, en línea con lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El modus operandi de Calviño replica el que siguió a finales de noviembre, en pleno rally del euríbor por las subidas de tipos en Europa. Entonces, la vicepresidenta económica forzó igualmente un pacto hipotecario precipitado con la banca para contener a Yolanda Díaz. A deshoras, la vicepresidenta anunció un acuerdo con las patronales AEB, CECA y Unacc pasadas las 23 horas.
La intención era frenar a Podemos, que pedía que el pacto se ampliará más allá de las familias con rentas de más de 29.400 euros, como publicó este medio. También planeó la sombra de que el Ejecutivo tuviera que intervenir el mercado hipotecario.
La voz cantante
En el caso de la Ley de Vivienda, la vicepresidenta intercedió además cuando las competencias directas las tiene el Ministerio de Transportes, lo que provocó estupor entre los altos funcionarios de este Departamento, como han trasladado a este diario fuentes financieras.
La vicepresidente primera habría asumido el mando de las negociaciones con el plácet del presidente Sánchez, quien también impuso la agenda de anuncios electorales de 183.000 nuevas viviendas al ministerio de Raquel Sánchez.
La labor de Calviño se ha visto también en la regulación de la okupación, que también ha sido muy criticada y es a la vez menos radical de lo que cabría esperar de los Decretos que lanzó el Gobierno en la pandemia.
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