Cristóbal Montoro ha detenido en seco la privatización de Cesce, la aseguradora de créditos a la exportación imprescindible para respaldar las aventuras de las empresas españolas en el exterior. Ni quería abrir la puerta a la posibilidad de que los chinos se apropiasen de una entidad estratégica. Ni se ha atrevido a dejar fuera de la puja a la española Mapfre. En estos momentos, diversos miembros del Gobierno valoran medidas con las que poder mantener la españolidad de la compañía, incluso a costa de perder algo de dinero por la venta.
La privatización del 50,2 por ciento que mantiene el Estado en Cesce es el último culebrón del Gabinete de Mariano Rajoy. Después de casi tres años en los que se ha tenido que cambiar todo el marco legislativo para poder venderla, el Ejecutivo no se decide. Y es el ministro de Hacienda quien tiene la llave de todo el proceso privatizador.
Según cuentan fuentes conocedoras de la operación, Luis de Guindos llevó hace unas tres semanas la venta al Consejo de Ministros. Pero allí mismo la paró Montoro. Estas fuentes sostienen que en el entorno de Economía se veía con buenos ojos la opción de enajenarlo a una empresa española como Mutua Madrileña. Sin embargo, a Montoro le asaltaron las dudas. A última hora y con las elecciones a la vuelta de la esquina, echó el freno a todo. “¿Quién se iba a atrever a declarar inhábil a Mapfre al mismo tiempo que se daba el plácet a los chinos para quedársela?”, comenta alguien al tanto de las negociaciones.
“¿Quién se iba a atrever a declarar inhábil a Mapfre al mismo tiempo que se daba el plácet a los chinos para quedársela?”, comenta alguien al tanto de las negociaciones
El primer inconveniente que se planteaba era expulsar de la liza a Mapfre. En principio, ésta podría haber pujado por Cesce. Sin embargo, la aseguradora presidida por Antonio Huertas es socia de la alemana Euler-Hermes en una joint venture bautizada como Solunion, la cual gestiona la cobertura de riesgos del Estado tudesco. Por cualesquiera que sean las condiciones que tiene suscritas con los alemanes, Mapfre sólo puede intentar hacerse con Cesce mediante su participada Solunion. Pero hete aquí el problema: una empresa adjudicataria de Cesce no puede operar al mismo tiempo el servicio de cobertura de riesgos de otro país. Ello supondría un terrible conflicto de intereses. “Por poner un ejemplo extremo, ¿qué pasaría si competimos con los alemanes por una gran obra y a la empresa adjudicataria de la cobertura española le interesa primar a los germanos porque con ellos ganaría más dinero?”, explican varias fuentes. Y otro tanto ocurría con Catalana Occidente, que es accionista de Atradius, una sociedad que gestiona el riesgo de Holanda.
Semejantes circunstancias eliminaban de la carrera a Mapfre y a Catalana Occidente, dando vía libre a Mutua Madrileña como la gran favorita para alzarse con el caramelo. Y ello a pesar que más de treinta compañías habían mostrado su interés por Cesce. Nombres de relumbrón como los de Zurich, Apolo, Cerberus, Coface, Axesor… Hasta que aparecieron unos con muchísimo músculo financiero: los chinos de la aseguradora Fosun, que acaban de adquirir por 800 millones de euros la aseguradora portuguesa Fidelidade. Demasiado incluso para Mutua Madrileña. Y encima habiendo dejado a Mapfre fuera. Así que como es lógico las dudas asaltaron al ministro de Hacienda.
Hacienda había permitido que el principal criterio de venta fuese el del mejor postor, motivo por el cual los chinos de Fosun podrían haber acabado adueñándose de Cesce. Así que el Ministerio que encabeza Montoro tendrá que recoger criterios más restrictivos si quiere proseguir con la venta sin que se la terminen llevando los asiáticos. Entre los requisitos que en la actualidad sopesa el Gobierno se contempla una sede social en España, estabilidad en el accionariado, el modelo de negocio o incluso la posibilidad de declarar la convocatoria desierta si no se presenta ningún candidato adecuado.
La última valoración del conjunto de Cesce se sitúa entre los 500 y los 600 millones, hasta 200 millones más de lo previsto
Por lo demás, el resto de la operativa está lista. Incluso la valoración de la compañía que elabora la tasadora Gesvalt, la cual podría situarse entre los 500 y los 600 millones de euros, bastante por encima de los 400 millones de euros previstos según sostienen fuentes del mercado. O lo que es lo mismo, el Gobierno se podría embolsar por su mitad entre un 25 y un 50 por ciento más de lo esperado.
Casi tres años más tarde, Economía por fin ha concluido todos los cambios necesarios para desprenderse de Cesce. Ha elaborado un nuevo marco legislativo más flexible y una actualización del convenio de gestión de la cuenta del Estado, cuyo negocio retendrá Cesce durante al menos ocho años después de su privatización. Pero ahora todo depende del dueño de esta participación estatal, la Dirección General del Patrimonio, que a su vez cuelga del Ministerio de Hacienda. Sólo que a Montoro le han surgido las reticencias, máxime con las elecciones a la vista.
“Es cierto que la tarea legislativa era sustancial, pero aun así entre Economía y Hacienda se han demorado muchísimo. Imagínate que el Gobierno de Aznar o el de González hubiesen tardado lo mismo para privatizar todo lo que privatizaron”, comenta una de las fuentes del sector asegurador. Así las cosas, entre las españolas la gran damnificada por la decisión de Montoro es Mutua Madrileña. En cambio, la más favorecida es Mapfre, que gana tiempo para arreglar su situación de conflicto de interés, probablemente ya con otro Gobierno distinto.
