El comercio trata de que no salga adelante la enmienda que, en el marco del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pretende limitar el pago en efectivo a 1.000 euros tanto entre profesionales como entre particulares. Una medida que, explican las empresas del sector, "lastraría el consumo" en un momento crítico como el que se vive tras el estallido de la pandemia.
Así, hasta ahora -y desde 2012-, este pago en efectivo está limitado a 2.500 euros entre profesionales. La norma, puesta en marcha entonces por el Gobierno de Mariano Rajoy, marcó que esos pagos tendrían que realizarse a partir de ese momento mediante tarjeta o con una transferencia bancaria, con el objetivo de impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo "para que no recurrieran a facturas falsas".
Ahora, el Gobierno de coalición ha dado un paso más allá y, desde finales del año pasado, trabaja en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal con el objetivo de rebajar esta cifra hasta los 1.000 euros, en principio entre profesionales. No obstante, una enmienda registrada por el Grupo Parlamentario Socialista plantea que también se fije en 1.000 euros el límite de las transacciones de efectivo realizadas entre particulares.
Un límite por el que el comercio lleva meses poniendo el grito en el cielo y que, en las últimas semanas, se ha traducido en reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para tratar de que la enmienda no salga adelante. Así lo apuntan fuentes de la Confederación Española de Comercio (CEC) consultadas por Vozpópuli, que recalcan que han mantenido reuniones con "prácticamente" todos los grupos al considerar que el "impacto" que tendría sobre la actividad comercial "podría ser nefasto en un momento económico como el actual".
"Resulta una medida desproporcionada que puede poner en cuestión el propio concepto del curso legal del dinero y sus efectos en la lucha contra el fraude están en entredicho. En los pocos países donde se ha implantado, no ha funcionado", insisten fuentes de la CEC.
El comercio apunta a la recuperación del consumo
En este sentido, la patronal del pequeño comercio señala a un informe reciente presentado por el Consejo Europeo en el que indica que el efectivo "sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital y, en determinados contextos, como salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas infraestructuras de pago, y que tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios".
Al mismo informe se refieren desde Anged, la patronal de las grandes cadenas (El Corte Inglés, Ikea, Carrefour...) que ve "con preocupación" la medida porque, a su juicio, puede afectar directamente a la recuperación "del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo". Consideran las grandes superficies que, con un desplome de la demanda evidente, "no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta", insisten.
En esta línea, y aprovechando el "atasco" que está viviendo la ley en su tramitación, las patronales tratan de convencer a los grupos parlamentarios del "impacto grave" que puede tener en la salida de la crisis y la recuperación del consumo.
Con todo, no se ha constituido aún la ponencia de la norma, que se aprobó en octubre, por lo que está pendiente de debate en la Comisión de Hacienda, donde se podrán incorporar o no las enmiendas más polémicas al proyecto de ley, entre la que se encuentra la limitación del pago en efectivo a 1.000 euros. Para las empresas, no hay tiempo que perder.
