El gran foco de la mora oculta de la banca española se esconde en su bolsa de 88.270 millones de créditos refinanciados normales, es decir, que aún están al corriente de pago. Precisamente, la nueva circular del Banco de España sobre refinanciaciones y reestructuraciones considerará a estos tipo de préstamos como riesgo subestándar, es decir, que las entidades deben comenzar a provisionarlos con la consideración de que existe el riesgo de que acaben convertidos en morosos.
El supervisor ha tomado esta medida ante la sospecha de que las entidades utilizan estas reestructuraciones para evitar la entrada en mora de operaciones que son claramente inviables. La nueva norma permite a la banca española aflorar toda su mora oculta antes del próximo 30 de septiembre. De hecho, para que un préstamo refinanciado pueda seguir considerado como normal tendrá que cumplir unas duras exigencias que hagan altamente probable la recuperación de todos los importes debidos. Para ello se tomarán en consideración factores tales como la inexistencia de un dilatado periodo de carencia, cuotas mensuales que no superen un porcentaje significativo de los ingresos recurrentes en el caso de los particulares o la adición de nuevos avalistas de indudable solvencia o de nuevas garantías eficaces".
Por el contrario, se convertirán de "subestándar" a "dudosos" (una definición que indica que la deuda será difícilmente recuperable y por tanto exige a cambio más provisiones) todos los créditos en los que "se evidencie acusada debilidad en la capacidad de pago del prestatario". Factores tales como "la existencia de garantías eficaces, el otorgamiento de periodos de carencia en la amortización del capital superiores a 30 meses, o la procedencia de refinanciaciones o reestructuraciones previas", especifica el supervisor.
El gran problema de las refinanciaciones son las empresas. La Administración Pública, por contra, apenas ha reestructurado 2.290 millones
Los datos del supervisor, recogidos en el Informe de Estabilidad Financiera de mayo, cifran en 208.206 millones el nivel de préstamos refinanciados por la banca española al cierre del pasado ejercicio, un 13,6% del crédito al sector privado residente. De ellos, el 42,4% (88.270 millones) está clasificado como normal por las entidades, mientras que un 20,6% (42.890 millones) es subestándar y el 37% (77.036 millones) restante, como dudoso. En total, casi 120.000 millones (concretamente, 119.926 millones) están con problemas de pago.
Esta cantidad se incrementará considerablemente tras la reclasificación de los préstamos refinanciados 'sanos' a subestándar o, directamente, a dudosos. En el sector se calcula que, al menos, el 50% de estos 88.270 millones pasarán a una situación dudosa, lo que obligará a las entidades a realizar nuevas provisiones.
Fuentes del Banco de España, no obstante, consideran que el impacto de esta nueva vuelta de tuerca a las provisiones no será muy elevada, si bien en el sector financiero se apunta que dependerá del caso individual de cada entidad. En el sector se maneja una factura conjunta en el entorno de 10.000 millones en nuevas provisiones.
Los datos del Banco de España evidencian que el gran problema de las refinanciaciones se encuentra en la cartera de empresas. El 69,2% del total de las reestructuraciones (144.078 millones) corresponden a los préstamos a empresas, mientras que el 29,7% (61.837 millones) son operaciones con hogares. El crédito refinanciado a Administraciones Públicas representa apenas un 1,1% del total (2.290 millones).
Las sociedades relacionadas con el ladrillo se llevan el 33% de estos procesos: un total de 68.707 millones
Las refinanciaciones a empresas de construcción y promoción inmobiliaria son un 33% (68.707 millones) del total, mientras que las hipotecas, consideradas como tales las operaciones con personas físicas en las que se ha prestado hasta el 100% del valor de la vivienda, representan un 24,4 % (50.802 millones). Las empresas fuera del ámbito del ladrillo suman un 12% de las refinanciaciones: casi 25.000 millones.
Las entidades contarán con 12 meses para provisionar los nuevos créditos que se consideren como dudosos. En función de la naturaleza del crédito, los bancos tendrán que cubrir diferentes porcentajes de su cuantía. El mayor castigo será para los préstamos inmobiliarios que hayan financiado la adquisición de suelo. En ese caso, la provisión será del 100% sobre la financiación.
