El Estado español pedalea sobre una bicicleta estática. Los esfuerzos de austeridad no sirven para avanzar. Los gastos acumulados en los cinco primeros meses del año ascienden a los 68.000 millones, un 11 por ciento más que el año pasado; mientras que los ingresos no financieros caen un 4 por ciento, hasta los 31.000 millones.
El drama español consiste en que cualquier tajo sobre los presupuestos termina incidiendo sobre la actividad y, a su vez, sobre la recaudación, haciendo inútil cualquier sacrificio en tanto no haya financiación y más demanda del exterior. A este ritmo y si no se toman medidas correctoras, los expertos hablan ya abiertamente de una proyección de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el entorno del 8 por ciento.
Y con estos números, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aterriza por la tarde en Bruselas. Allí se celebrará esta noche un Eurogrupo y mañana, un Ecofin. Durante más de 24 horas, tendrá que negociar con sus colegas europeos qué tijeretazos habrá de aplicar el Gobierno español para reconducir sus presupuestos.
Guindos propondrá en Bruselas tocar pensiones, paro, impuestos y CCAA
Guindos intentará rebajar el golpe y conseguir una meta de déficit para este año del 6,9 por ciento del PIB en lugar del 5,3 exigido por la UE. Pero eso no evitará que el Ejecutivo de Rajoy tenga que adoptar iniciativas muy duras. Sobre la mesa estarán, entre otras, la subida del IVA y de los impuestos especiales, el céntimo verde, la supresión de una paga extra o de complementos para los funcionarios, el despido de empleados públicos, acortar la prestación por desempleo y una reforma de las pensiones o incluso congelarlas.
Europa es muy consciente de cuáles son las vías de desagüe. Por un lado, los ingresos se desploman. En los cinco primeros meses, la recaudación por IRPF apenas repuntó incluso tras haber elevado el impuesto, el IVA cayó un 10 por ciento y Sociedades, un 8. Y eso se traduce en que las necesidades de capital de las Administraciones Públicas durante el primer trimestre de 2012 alcanzaron los 14.600 millones, una cifra algo superior a los 14.400 que se registraron entre enero y marzo de 2011. Los datos acumulados hasta mayo sólo del Estado central ya arrojan un déficit de 36.000 millones equivalente al 3,4 por ciento del PIB, pese a que su objetivo para los doce meses se sitúa en el 3,5 por ciento.
El desvío se debe a la caída de los ingresos, el alza del gasto en paro y pensiones y las CCAA
El Gobierno argumenta que este desequilibrio se debe a los adelantos de fondos a las comunidades. De modo que éstas aún han de demostrar que podrán recortar todo lo que no han hecho prácticamente en la primera mitad del año. El mismo comisario Europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha enfatizado que las autonomías son responsables de buena parte del incumplimiento. En cualquier caso, incluso si se descuentan estas transferencias, el desfase de las cuentas sigue siendo mayor que en el ejercicio pasado.
Por otro lado, la Seguridad Social cerró el 2011 con un desvío del 0,06 por ciento, y este año el número de cotizantes ya es medio millón menor al tiempo que el gasto en pensiones continúa aumentando, en concreto un 3,3 por ciento hasta mayo sobre el ejercicio anterior. Con tal de aliviar las tensiones de liquidez y atender sus compromisos, la ministra Fátima Báñez ha tenido que exigir 1.000 millones a Hacienda y tomar prestado 4.500 millones de los excedentes de las mutuas.
Además, el gasto en desempleo sigue al alza. Sólo en mayo se desembolsaron 2.596 millones en prestaciones, un 8,3 por ciento más que el año anterior cuando precisamente las previsiones auguraban que se abonaría menos. Y para colmo se prevé que la tendencia del paro empeore pese a la buena afiliación en junio, pues el ajuste fiscal y la reducción de personal público apuntan hacia cifras peores. De hecho, hay analistas que interpretan que el dato de junio en realidad fue muy malo porque significa que se esperó hasta el último momento para contratar de cara a la temporada alta del sector servicios.
Pese a que los términos no sean exactamente homogéneos, el hecho de que ya llevemos cinco meses del año es indicativo suficiente para comprobar que los ajustes no funcionan. Los mercados desconfían de España y la semana pasada castigaron nuestra deuda dejando la rentabilidad del bono a 10 años en el 7 por ciento. Igual que en los países atrapados por los rescates, el drama está servido.
