Vuelven las reformas a los Consejos de Ministros de aquí a julio. Sólo que ya no serán los archiconocidos viernes de dolores. De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, el Gobierno tiene la firme intención de apurar las semanas por delante hasta que llegue el periodo estival para dar un nuevo impulso a las reformas.
Y lo hará con un doble objetivo: por un lado, rematar aquellas medidas aún pendientes en el listado que exige Bruselas y que se examinarán puntualmente tanto en las recomendaciones de la Comisión de principios de junio como en el Consejo Europeo de jefes de gobierno que tendrá lugar a primeros de julio.
Por otro, después del serio varapalo sufrido en las elecciones europeas, la idea consiste en aprovechar las apariciones estelares de los viernes para volver a atraer a las huestes de votantes del PP que se han quedado en casa, completamente desmotivadas.
“El nuevo paquete reformista tendrá tintes electorales, será siempre pactado y cocinado, de forma que no levante ampollas”, sostiene una fuente al tanto de la agenda gubernamental.
Desde los contratos de barcos para Navantia a la reforma fiscal, pasando por un pacto social que contemple subidas de salarios o el Plan de Garantía Juvenil que ofrecerá trabajo o estudios a los ninis, el Ejecutivo ya sólo piensa en clave electoral. La legislatura en términos de reformas prácticamente se ha agotado. De hecho, ya en 2014 no se ha aprobado ninguna reforma de calado en el ámbito económico salvo por la concursal o la local, cuyo grueso curiosamente se desarrollará después de las elecciones municipales.
Menos IRPF y Sociedades
Y la principal arma electoral que tiene entre manos el Gobierno es la reforma fiscal que prepara Cristóbal Montoro. La arrolladora victoria de Aznar en su segunda legislatura se suele atribuir a la rebaja de impuestos. Y por ello se está intentando que la reducción sea incluso más ambiciosa de lo que preveía Hacienda en un primer momento, si bien ésta se compensará en parte con alzas de impuestos verdes y del IVA que grava gafas, lentillas y productos sanitarios. Por no hablar de que la segunda parte de la reforma incluyendo repuntes del IBI se hará ya en2016, acontinuación de las elecciones generales de 2015.
De inicio, el Ministerio de Hacienda esperaba a los datos de recaudación conocidos hasta abril para hacer los números. Pero esas cifras estaban contaminadas por la restauración de la paga extra de los funcionarios, el desembolso del plan de proveedores y el efecto estadístico de las devoluciones del año anterior, que hincharon un poco más los ingresos.
De modo que ahora se ha dado más tiempo para comprobar los datos hasta mayo y poder así estirar todavía más los cálculos, con la esperanza de sustanciar la rebaja de IRPF incluso por encima de los 4.000 o 5.000 millones previstos y que en la cuentas enviadas a Bruselas se contemplaban como un impacto neto de caída de los ingresos por valor de 2.500 millones, después de tener en cuenta la mejora de la economía y el mayor consumo.
Tan sólo con la recaudación hasta marzo proyectada para todo el año, se podrían ingresar en total unos 10.000 millones más que el año pasado, bastante por encima de los 4.000 previstos en los Presupuestos. Así que, incluso a riesgo de llevarse a principios de junio un tirón de orejas en las recomendaciones de la Comisión Europea, Montoro retrasa la reforma fiscal hasta finales de junio para con esos números poder justificar un recorte del IRPF de mayor envergadura y que se extienda a las clases medias, las más perjudicadas por una presión fiscal disparada hasta máximos históricos. En cualquier caso, el ministro la tendrá justo a tiempo para el Consejo Europeo de jefes de Gobierno de julio, momento decisivo en el que, con Merkel presente, siempre se reprende a aquellos Estados más remolones.
Entre otras iniciativas pendientes, la reforma que pretendía dar más poderes a las mutuas para controlar las altas puede rebajarse por considerarse impopular e incluso difícilmente justificable legalmente. La reforma de la formación se empleará como pieza de cambio para conseguir que sindicatos y patronal suscriban un pacto de rentas. La reforma de los colegios y servicios profesionales, muy impopular precisamente entre algunos de los colectivos que votan habitualmente al PP, lleva unos seis meses en el cajón a la espera de ver qué se hace con ella. Y también se están demorando tanto las medidas de ajuste de las CCAA prometidas en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, como la reforma de la financiación autonómica, de la que muchos dudan que pueda estar lista antes de que acabe 2014. Todas éstas y otras iniciativas como la reforma eléctrica o el banco malo para las autopistas tendrán que solventarse antes de que comiencen las vacaciones, porque a partir de septiembre no habrá otra cosa en la mente del Gobierno salvo las elecciones.
