El Gobierno tiene listo el fondo para que los ayuntamientos que presentaron su plan de viabilidad al Ministerio de Hacienda puedan hacer frente a las facturas que mantenían pendientes de pago con proveedores privados. La firma del acuerdo con los grandes bancos es cuestión de horas o, por mejor decir, de cuadrar adecuadamente las agendas.

La ausencia en estos días del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sido la principal causa de que la firma, que estaba prevista para el pasado lunes, se haya tenido que retrasar. De Gunidos asistió ese día a la reunión del Eurogrupo mientras que ayer estuvo presente en el Ecofín. En el acto de la firma estará presente junto a altos representantes de las entidades que contribuirán al fondo propuesto por el Gobierno, que asciende a unos 35.000 millones de euros.

Una cifra que, curiosamente, ha pasado de ser cuestionada por la posibilidad de que se quedara corta para atender todos los pagos pendientes a estar incluso por encima de lo que podría necesitarse en principio. Todo ello por el hecho de que Hacienda no ha admitido los planes de viabilidad de hasta 2.000 municipios, que tendrán que rehacerlos para aprobar el trámite.

De este modo, la dotación del fondo sería más que suficiente para una primera fase en la que se acometerá el saneamiento de aquellas administraciones locales que sí han hecho los deberes (una gran mayoría, sobre todo en cuanto a volumen de deuda se refiere). Pero habrá que dejar remanente para una segunda fase en la que se tratará el caso de aquellos municipios cuyos planes no han sido aceptados.

Alivio empresarial

En cualquier caso, la firma definitiva del acuerdo supone también un soplo de aire fresco para los proveedores, entre los que ocupan un lugar muy destacado los grandes grupos constructores y sus divisiones de servicios. Los pagos pendientes con estas empresas ascienden a algo más de 7.000 millones de euros, de los que podrán percibir un elevado porcentaje en esta primera fase.

Esta circunstancia aliviará un tanto la situación financiera de la mayoría de ellas, que no pasa por el mejor momento debido en parte al frenazo registrado en el ámbito de la obra civil en España, especialmente a partir del año 2009.

Por la trascendencia de la medida, de carácter histórico en España, nadie se quiere perder el acto de la firma de la operación, en la que también participará el Instituto de Crédito Oficial con una aportación aproximada de 10.000 millones de euros.