La polémica en torno a la adjudicación de la gestión de Aguas del Ter Llobregat (ATLL) supone ya una seria amenaza para el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La decisión de la convocatoria de la mesa de contratación para resolver el conflicto, anunciada este fin de semana, podría desembocar en una compensación económica para el consorcio adjudicatario, que lidera Acciona y BTG Pactual, que el Ejecutivo autonómico calificó en su día de imposible.
En el recurso presentado en su día por el Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que ordenaba revocar la concesión de ATLL al consorcio de Acciona, la Generalitat exhibió argumentos de diverso tipo pero, sobre todo, de tinte económico. Entre ellos, señaló que las consecuencias económicas de la revocación, esto es, la indemnización al consorcio adjudicatario, serían imposibles de cumplir.
Y eso que, por entonces, a comienzos de 2013, la compensación económica al grupo liderado por la compañía de la familia Entrecanales ascendía a unos 300 millones de euros, la cantidad entregada a la firma del contrato que concedía al consorcio la facultad de operar ATLL durante 50 años.
Ahora, casi dos años después de que el contrato entrara en vigor, la indemnización incluiría, además de la citada cantidad, la correspondiente a las inversiones llevadas a cabo por el consorcio en ATLL y, muy probablemente, una compensación por el lucro cesante.
¿Un renuncio judicial?
En total, la factura para el Gobierno de Artur Mas superaría los 450 millones de euros, lo que supondría un fuerte varapalo para unas finanzas que, además, no atraviesan precisamente por su mejor momento.
No obstante, la Generalitat ha decidido no esperar a la decisión del TSJC sobre el fondo de la cuestión y ha decidido terminar con el conflicto después de que el Tribunal Supremo desestimara las medidas cautelares solicitadas tanto por el Gobierno autonómico como por el consorcio adjudicatario para que la resolución del OARCC no entrara en vigor.
En teoría, la mesa de contratación debería resolver definitivamente el conflicto y determinar si definitivamente revoca la concesión al consorcio de Acciona y adjudica el contrato a Aguas de Barcelona, que también pujaba por el contrato y que no tardó en recurrir la adjudicación. En este caso, deberá articular el pago de la compensación económica, un extremo que hace un año consideraba imposible.
En función de qué manera lleve a cabo la compensación pondrá en valor el argumento exhibido ante el TSJC en el citado recurso o incurrirá en un llamativo renuncio. En su día, la Generalitat también consideró que la revocación de la adjudicación podría incluso afectar a las cuentas del Estado, con lo que ello significaría para cuadrar las cifras de déficit y cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.
La mayor privatización de Cataluña
Cabe tener en cuenta que el total de la operación, que supuso la mayor privatización de la historia de Cataluña, ascendió a 1.000 millones de euros, que la Generalitat procedió a apuntarse para cuadrar las cuentas del ejercicio 2012. Convocar un nuevo concurso supondría probablemente sacar del balance este montante, con consecuencias impredecibles para las finanzas catalanas.
En definitiva, la operación que estaba llamada a salvar a Artur Mas es la que ahora le ha puesto contra las cuerdas desde el punto de vista económico.
