Amper, la empresa tecnológica que preside Jaime Espinosa de los Monteros, no ha logrado un acuerdo con los acreedores para refinanciar su deuda tras repetidas prórrogas y se ha visto obligada a declarar el preconcurso de acreedores. El objetivo ahora es conseguir un plan de recapitalización que garantice la continuidad de la actividad industrial de la compañía. Ayer, la firma, que estuvo suspendida de cotización durante unas horas, se anotó una caída del 33,3% en Bolsa. Se suma así a una larga lista de cotizadas que en los últimos años se han visto forzadas a la misma situación. Pescanova, Sniace, Martinsa Fadesa, Reyal Urbis, Service Point, Zinkia, Dogi, Nyesa, Indo, Bodaclick, Vértice 360, Renta Corporación, Cleop, Fergo Aisa, La Seda de Barcelona..., en todos estos casos, su destino fue el concurso de acreedores, es decir, la quiebra. Con la consecuencia inmediata, además, de dejar atrapados a sus accionistas.
Hay una salvedad, Codere, que el pasado mes de septiembre consiguió evitar el concurso tras alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Una excepción que se consumó tras reiteradas prolongaciones de los plazos de negociación y meses después de que el Gobierno aprobara la reforma de la ley concursal (en marzo). Las principales modificaciones que introdujo es que los bancos que recapitalicen deuda por más del 30% de las acciones de una empresa no tienen que lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), al tiempo que pueden liberar provisiones y recalificar los créditos dudosos como normales al sellar el acuerdo. De igual modo, los bancos y acreedores no financieros deciden qué empresas son viables y cuáles no.
De conformidad con esta ley, a Amper se le abre ahora un periodo de cuatro meses para negociar la refinanciación de su deuda, que alcanza los 120 millones de euros, siete veces más que su capitalización tras el descalabro de este lunes (17,65 millones), y llegar a un acuerdo, algo que, todo sea dicho, no ha conseguido tras más de un año de conversaciones. El desenlace oficializado este lunes estaba dentro de lo previsible. No en vano, algunos ya interpretaron la salida del consejo de administración de la tecnológica de Ignacio López del Hierro -marido de la secretario general del Partido Popular, María Dolores de Cospedad- a principios de este año como un "sálvese quien pueda" del negro futuro que se le atisbaba a la compañía, aunque oficialmente alegó motivos personales y posibles incompatibilidades futuras. Semanas después, le tocó el turno al empresario Enrique Bañuelos, que se desprendió del 20% que ostentaba.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Amper se muestra confiada en su capacidad de llegar a acuerdos en un marco temporal más amplio que el inicialmente fijado con los grupos inverosres con los que ha mantenido negociaciones, pero sin descartar otras posibles alternativas a efectos de conseguir dicho plan de recapitalización. "El consejo de administración ha acordado preservar los logros conseguidos hasta ahora después de un esfuerzo, que ha durado más de un año, de reducción de costes y presentar la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal ante el Juzgado Mercantil de Madrid", señala el hecho relevante.
El optimismo de la dirección de Amper, moderado en cualquier caso, contrasta con el devenir que tuvieron hace no tantos meses muchas cotizadas. Es decir, el concurso de acreedores. Claro que la tecnológica cuenta ahora con las nuevas condiciones que contempla la ley concursal, cuya reforma, precisamente, se articuló para permitir a compañías altamente endeudadas, como es el caso de Amper, salvar la liquidación. A esto se referirían las "alternativas" que menciona la compañía en el comunicado a la CNMV. Porque gracias a la reforma la reestructuración de la deuda no tiene por qué suponer necesariamente una quita de la misma y permite estudiar la opción de una conversión de la deuda en capital y dar así tiempo a la empresa para sanear su balance.
En el momento de la aprobación de la nueva normativa, dentro de la Bolsa española, Vértice y Codere se hallaban en fase preconcursal. Han corrido distinta suerte. Para Vértice quizás llegó demasiado tarde y la pasada primavera se declaró en quiebra. Codere, por el contrario, selló un acuerdo en septiembre por el que sus propietarios, la familia Martínez Sampedro, cedieron la mayoría del capital en favor de los acreedores y prolongó cinco años los vencimientos de la deuda.
En mayo había un total de 15 cotizadas en concurso de acreedores y, en definitiva, suspendidas de cotización. Eso sí, la suspensión de pagos no implica el final de una empresa. Así, en junio Pescanova y Service Point salieron del concurso. Permanecen, eso sí, aún fuera del mercado. La textil Dogi, por el contrario, también lo superó y el 30 de junio regresó al parqué. Cleop ha hecho lo propio, aunque está a la espera de volver a cotizar. Para otras, como La Seda, su futuro pasa por la desaparición.
La reforma de la ley concursal buscaba ayudar a las empresas en dificultades por sus abultadas deudas, a fin de reducir el número de empresas en concurso y, a la postre, evitar que las cifras de paro engorden más. Las últimas cifras de concursos de acreedores presentados en órganos judiciales indican que en el tercer trimestre cayeron un 21,6% respecto al mismo periodo de 2013, hasta los 1.843, según recoge un informe del Consejo General del Poder Judicial.
