Empieza la cuenta atrás. El Ministerio de Industria tiene ya sobre la mesa las solicitudes remitidas por los fabricantes españoles y europeos de biodiésel para asegurarse las cuotas que el departamento de José Manuel Soria adjudicará al sector.
Esta semana se ha cumplido el mes de plazo que marcaba la orden ministerial aprobada el pasado 21 de abril por Industria para frenar las importaciones de combustible argentino, como respuesta a la expropiación de YPF a Repsol, unos días antes.
La respuesta del ministerio a las solicitudes no será inmediata, ya que la documentación remitida por los productores es sumamente prolija y al proceso aún le quedan varias fases: la dirección de Política Energética y Minas debe evaluar las solicitudes, publicar una resolución provisional con las cuotas asignadas, atender las alegaciones pertinentes y dar la enhorabuena a los 'premiados', que, como dice una fuente del sector, ya han "mandado su carta a los reyes".
Entre los productores se cree que habrá peticiones válidas (mayoritariamente, de fabricantes españoles) por un importe superior a los 2 millones de toneladas anuales que ha marcado Industria como mínimo para activar la orden. El tope máximo es de 5 millones de toneladas anuales. Si se reciben menos de 4 millones de toneladas en solicitudes correctas, Industria puede prorrogar el plazo de recepción.
El ministerio, dicen en el sector, tiene una "patata caliente" sobre la mesa, porque el mercado nacional (que en 2011 registró un consumo de 1,6 millones de toneladas, un 21% más) no tiene capacidad para absorber los cupos máximos establecidos.
Varios empresarios del sector dudan que el excedente tenga viabilidad en otros países europeos de la UE.
El sector, con unas 50 plantas en España, nunca ha negado que existe un problema de sobrecapacidad; aquí también ha habido burbuja. Y consideran que la orden, que llevaban años reclamando, será un balón de oxígeno que permitirá reanudar su actividad, pero no la solución.
El asalto argentino YPF fue el detonante que llevó a Industria a sacar del cajón una orden que databa de la época de Miguel Sebastián en el ministerio, y que no se aprobó entonces, siempre según el sector, por presiones de Moncloa (entonces, con José Luis Rodríguez Zapatero como inquilino) y de Repsol para no irritar al Gobierno de Cristina Kirchner.
Las patronales, y en especial la sección de biocarburantes de APPA, llevaban años denunciando las importaciones de biodiésel estadounidense, y más tarde, argentino e indonesio.
La orden del biodiésel, que Industria no ha corregido (menciona a la vicepresidenta tercera del Gobierno, que ya no existe) ha sido, hasta ahora, la única respuesta del Gobierno español al expolio de YPF, más allá de las duras críticas expresadas por diferentes miembros del Ejecutivo.
