Los ejecutivos de cajas que ahora se enfrentan a los juzgados han construido su línea de defensa: según fuentes que los asesoran, la estrategia apuntará a que sus cuentas estaban santificadas por las auditoras y el Banco de España.
“Existe una demanda social para agarrar a los directivos de las cajas de ahorros y pasarlos por la guillotina en plaza pública”, comenta uno de los asesores. Y los jueces se han puesto a ello. Sin embargo, se han encontrado con un primer obstáculo.
“Algunos mandamases han hecho cosas bastante feas, como por ejemplo comprar un chalé con dinero de la entidad y usarlo de lugar de vacaciones, pero esto no es suficiente para empapelarlos”, explica un abogado.
De modo que, tras analizarlo más detenidamente, en los juzgados han llegado a la conclusión de que el enriquecimiento ilícito puede haberse orquestado de una manera bastante más sutil, mediante unos bonus extraordinariamente generosos.
A su vez, éstos se originaron en unos beneficios artificialmente engordados porque se concedieron créditos de manera irresponsable, sin miramiento alguno por los riesgos. Y ahí es donde el juez de turno está examinando si existen indicios de delito.
No obstante, en ese terreno los directivos enseguida encuentran un muro detrás del que guarecerse. “Los beneficios estaban respaldados por las auditoras. Si usted quiere encerrar a un ejecutivo de una caja, va a tener que demostrar primero que las auditoras cometieron delito y, luego, probar que el directivo engañó. El problema de las auditoras es que con su firma contraen una responsabilidad muy grande a cambio de unos honorarios, en comparación, muy pequeños”, argumenta uno de los asesores legales de un imputado.
"Ésta es una defensa bastante efectiva, porque ¿quién se va a atrever en este país a ir por las cuatro grandes con toda la documentación que manejan?", afirma un hombre de banca.
"En las cuestiones jurídicas se trata más bien de establecer la hora y el lugar, la pistola humeante, el quién y cuándo se dio la orden. Sin embargo, esto de las cajas ha sido un proceso muy dilatado en el tiempo”, señalan fuentes financieras.
Pese a que se contabilizaron beneficios que no eran reales y en esa tarea participaron todos, se antoja difícil pillar a las auditoras debido a la llamada carta de manifestaciones. Según ésta, los ejecutivos de la entidad se comprometen legalmente a proveer al auditor toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. Es decir, el auditor siempre puede alegar que no tuvo la documentación. Y también puede escudarse en que siguió al milímetro la normativa técnica. A lo sumo, podría caerle alguna sanción.
De modo que la pelota podría volver al tejado de los gestores de las cajas. “Quizá puedan hallar algunos préstamos brindados a amigos por el procedimiento de urgencia, de tal modo que no se aplicase ningún control de riesgos y, luego, ya nadie se molestase por cuestionar el crédito. Aunque lo más seguro es que en la huida hacia adelante ocultasen pérdidas y eso bastará para que la Justicia los enganche”, concluye una fuente del sector.
Un caso distinto es el de Bankia al haber sobrevalorado su salida a bolsa y haber colocado participaciones en masa entre clientes. “Debido a la alarma social creada, con Bankia van a ir a degüello. Aunque ahí también pueden alegar que el Banco de España y la CNMV lo suscribieron y que la entidad padeció dos decretos leyes que impusieron muchas provisiones cambiando las reglas de juego”, apuntan fuentes financieras.
En cualquier caso, toda la argumentación puede terminar con la culpa en la puerta de los dirigentes del Banco de España, aquéllos que permitieron que el crédito aumentase a tasas exageradas.
