Las dificultades que se atisban para formar Gobierno tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre están generando inquietud en numerosos sectores empresariales, entre ellos los que están relacionados con las concesionarias de autopistas en situación de quiebra, pendientes de un plan de rescate que no termina de llegar. Y el hecho de que la situación de un Ejecutivo en funciones pueda prolongarse más de lo previsto no contribuye precisamente a la tranquilidad. Aun menos cuando los concursos de las concesionarias siguen adelante, hasta el punto de que dos de ellas ya han entrado en fase de liquidación.
El plan de rescate a las concesionarias en quiebra es uno de los numerosos asuntos que el anterior Gobierno dejó en el aire, sin resolver, con unos primeros pasos que se quedaron en meras formalidades o preacuerdos sin conseguir el visto bueno de todas las partes. La solución definitiva estará en manos del próximo Ejecutivo para el que aún no hay fecha, dado que la complicada aritmética parlamentaria que dejaron los resultados electorales hace muy difícil la formación de un Gobierno estable.
Tanto es así que sin haberse iniciado aún las protocolarias consultas por parte del rey Felipe VI para proponer la formación de un nuevo Gobierno ya se barajan posibles fechas para celebrar nuevas elecciones, un escenario que cuenta cada vez con mayores posibilidades de hacerse real.
Esta situación prolongaría un mínimo de seis meses el estado de un Gobierno en funciones como el que se da actualmente, lo que complicaría la toma de decisiones a la hora de tratar de cerrar el plan de rescate.
Un plan a la deriva
La situación preocupa tanto al sector constructor, accionista de las concesionarias, como a la banca acreedora, toda vez que los procesos judiciales iniciados por las compañías hace más de tres años para gestionar las suspensiones de pagos continúan adelante. Si el nuevo Gobierno no se constituye hasta mediados de año, el titular de Fomento podría encontrarse con media docena de concesionarias en proceso de liquidación, lo que daría al traste con el plan de rescate que comenzó a pergeñar el equipo de Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones, y que no pudo terminar de concretarse.
Por el momento, dos de estas concesionarias ya han sido declaradas en liquidación por parte de los juzgados de lo Mercantil que entienden de sus respectivos concursos, una decisión que ha sido recurrida por parte del Gobierno, que presentó en su día una propuesta de convenio de acreedores rechazada por los jueces.
El Gobierno alcanzó un acuerdo con accionistas y acreedores de las autopistas quebradas para llevar a cabo una quita del 50% en la deuda de las compañías y asumir el resto a través de un bono a 30 años con un interés variable entre el 1% y el 4% en función de los volúmenes de tráfico que se registraran. Sin embargo, la oposición de la banca internacional provocó que no pudiera salir adelante el acuerdo que, por otro lado, había generado muchas dudas entre los acreedores.
Por el momento, la liquidación de las concesionarias está recurrida pero para los próximos meses se espera que prácticamente el resto de sociedades acaben en idéntica situación. Si para entonces aún no está constituido el Gobierno, el plan de rescate comenzará a ser una auténtica quimera.
