El proceso de reclamaciones por sobrecostes en la ampliación del Canal de Panamá, operativo desde finales del pasado junio, ha vivido en los últimos días un nuevo episodio que, como en el caso inmediatamente anterior, no ha sido excesivamente favorable a los intereses del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr. La pasada semana, la junta de resolución de conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) emitió su decisión sobre la última de las reclamaciones que ha tratado, que consistió en el reconocimiento de sobrecostes por valor de 4 millones de dólares, 110 millones menos (unos 100 millones de euros) de los que reclamaba el grupo de empresas.
En concreto, la DAB acaba de resolver una de las múltiples reclamaciones presentadas por GUPC en la que reclamaba sobrecostes derivados de cuatro circunstancias diferentes, relacionadas con la calidad del basalto utilizado para las obras, el hallazgo de condiciones físicas imprevistas en el lugar donde se ubican las tinas de reutilización de agua y la disponibilidad de espacio físico para el material excavado.
De los cuatro elementos, la DAB solo atendió la reclamación de GUPC en uno de ellos, relacionado con la presencia de lodo en el terreno ocupado por las tinas. La junta de resolución de conflictos decidió reconocer sobrecostes por esta circunstancia por valor de 4 millones de dólares.
No obstante, la decisión de la DAB no es firme, toda vez que el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá contempla el tribunal internacional de arbitraje de Miami como la tercera y definitiva instancia para la resolución de controversias entre el cliente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y el contratista. Como en el caso de las anteriores resoluciones, el consorcio recurrirá la decisión a Miami.
Proceso dilatado
A mediados del pasado año, la DAB resolvió la que, hasta entonces, era la última reclamación sobre la que estaba deliberando, que igualmente resolvió en contra de los intereses de GUPC. En este caso, la junta de resolución de conflictos rechazó la totalidad de los sobrecostes exigidos por el consorcio que lidera Sacyr por cuestiones relacionadas por la calidad del basalto, y que totalizaban casi 99 millones de dólares. Como en los casos anteriores, la decisión también fue recurrida a Miami.
Hasta ahora, del montante total de las reclamaciones presentadas por GUPC ante la ACP (que asciende a algo más de 3.600 millones de dólares), la junta de resolución de conflictos ha resuelto sobre pleitos valorados en más de 800 millones de dólares. Contando la penúltima resolución, la del pasado mes de agosto, la DAB había otorgado a GUPC aproximadamente un 45% del dinero que el grupo de empresas reclamaba.
“Esta última decisión reduce un poco el porcentaje”, señalaron fuentes de Sacyr, que precisaron que, en cualquier caso, ninguna de estas decisiones es firme, toda vez que han sido recurridas a Miami. Esta última instancia aún no ha emitido ni una resolución definitiva, a pesar de que las primeras reclamaciones se interpusieron en 2011.
Determinante para la rentabilidad
Para ilustrar aún más el ritmo que lleva este proceso, cabe señalar que la audiencia de la DAB por el caso que acaba de resolver la pasada semana se llevó a cabo a mediados de 2015. Aún restan más de la mitad de reclamaciones por resolver y muchas de ellas se encuentran todavía en la primera fase, es decir, en el departamento jurídico de la ACP.
El resultado de estos procesos de reclamaciones determinará si el contrato para la ampliación del Canal de Panamá ha sido rentable para el consorcio o si, por el contrario, ha perdido dinero con él. Pero la cosa va para largo. Sacyr espera el tribunal de Miami podría terminar de resolver todas las reclamaciones en el año 2022. El ritmo de algunas de ellas y la actitud poco receptiva de la ACP hace pensar que la previsión pudiera quedarse incluso corta.
