Los promotores eólicos se sienten engañados por el Ministerio de Industria, que, aseguran, ha incumplido su promesa de no recortar más las primas a esta tecnología. El pasado 10 de diciembre, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y responsable en España de la filial de renovables de la portuguesa EdP, Rocío Sicre, pudo reunirse al fin con el entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, en un encuentro pensado para abordar los efectos del impuestazo al sector que estaba por venir (entró en vigor en enero pasado).
En esa reunión, Sicre recalcó la necesidad de mantener la estabilidad regulatoria para las inversiones ya realizadas. Y la respuesta de Marti, que ya tenía pie y medio fuera de Industria (ha sido nombrado presidente del Consejo de Seguridad Nuclear), fue tajante: “Expresamente se nos dijo que al [parque eólico] instalado no se le iba a tocar más; que lo instalado no iba a tener más modificaciones aparte del impuesto al 7%”, según Sicre.
La promesa, que el Gobierno también había trasladado a la banca de inversión, se quedó en nada, porque mes y medio después, ya con Alberto Nadal al frente de Energía, el Ejecutivo aprobó, sin previo diálogo con el sector, un Real Decreto-Ley, el 2/2013, que previsiblemente convalidará este jueves el Congreso y que en esencia consiste en un recorte de primas a las renovables y, en especial, a la eólica.
Poco antes de su salida, Marti esgrimió un listado con más de 2.100 reuniones mantenidas el año pasado con representantes del sector como prueba de su "diálogo". El problema, dicen las empresas, es que Industria recibía a los agentes del sector, pero no les escuchaba.
El sector eólico, que recuerda que aporta un 47% de la generación en el Régimen Especial y recibe sólo un 22% de las primas, asegura que “no tiene sobrecoste neto para el sistema” porque los ahorros que permite son superiores a los subsidios que recibe. Y calcula que “en los próximos meses” podrían destruirse en torno a 15.000 empleos por el nuevo recorte, que les supondrá una merma de ingresos de unos 600 millones este año, según sus cálculos. Esos despidos se sumarían a los 15.000 empleos destruidos desde 2008. Actualmente, la industria eólica da trabajo a 27.000 personas.
La AEE organizó este miércoles un acto conjunto con las asociaciones regionales en el que detalló sus iniciativas para intentar “parar” el Real Decreto-Ley o lograr, al menos, que se tramite como proyecto de ley, una posibilidad que descartaban fuentes del PP en el Congreso. Las opciones que se barajan, si se aprueba, es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de un grupo político o una Comunidad Autónoma.
El representante de la patronal castellano-leonesa, Javier Gracia, se quejó de que el Ejecutivo legisla “a su aire” y aseguró se que están tomando “decisiones más parecidas a las de un gobierno argentino que a las de uno centroeuropeo”.
