La batalla legal en torno a la mayor privatización y quizá expropiación de la historia en Cataluña entra en su recta final. Tras una década de recursos y más de un lustro después de que la Generalitat cancelara definitivamente la concesión del servicio de agua potable al consorcio encabezado por Acciona, ATLL (Aigües Ter Llobregat) Concesionaria, la cuestión de las indemnizaciones está ya bajo la lupa del Supremo.
El Alto Tribunal ha admitido a trámite los recursos de casación presentados tanto por la parte privada que abandera la familia Entrecanales como por el propio Govern. La resolución definitiva podría estar así lista en un plazo de unos dos años, de acuerdo a las fuentes consultadas.
La Generalitat ha tenido que provisionar ya este año 365,6 millones de euros tras la sentencia en el mismo proceso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal se ha pronunciado obligando a la Administración pública a indemnizar con esa cantidad a la entidad concesionaria, ATLL, por canon e inversiones incurridas durante la concesión luego anulada. Se trataba del servicio de abastecimiento de agua potable a 4,5 millones de catalanes que expiraba en 2062 y que había sido adjudicado en 2012 por el Govern de Artur Mas.
Tras una primera impugnación de la semipública Aguas de Barcelona por inconsistencias en el proceso de adjudicación, fue el Ejecutivo autonómico ya presidido por Quim Torra el que acabó consumando la ruptura del vínculo con el consorcio de Acciona, sorteando una nueva licitación y optando por que el servicio volviera en 2019 a ser de gestión pública. El Supremo llegó a sentenciar que el contrato de adjudicación a Acciona había devenido en nulo, pero por motivos exclusivamente achacables a la propia Administración.
La línea de acción de Torra, reacia a indemnizaciones a Acciona, se prolongó bajo la presidencia del representante de Esquerra Republicana Pere Aragonés, ahora como president en funciones a la espera de un pacto de investidura del socialista Salvador Illa.
Los Entrecanales y Fortress reclaman una indemnización milmillonaria
El Govern se ha mostrado en desacuerdo con la cifra ordenada por el TSJC, habiendo aceptado hasta ahora solo el abono en firme de 53,8 millones de euros tras alegar un principio de indemnidad entre las partes en torno a un contrato que deviene en nulo. Aún así, desde el pasado mes de junio y previa solicitud de ejecución provisional cursada por la exconcesionaria, la Generalitat ha depositado 366 millones de euros en una cuenta bancaria de la filial de Acciona.
Una cantidad que no ha satisfecho tampoco las pretensiones ni de la familia Entrecanales ni del fondo americano Fortress, que en junio de 2019 compró a Acciona derechos de cobro futuro sobre el litigio a cambio de una inyección de 170 millones de euros. La constructora que preside José Manuel Entrecanales aprovechó parte de ese dinero para quedarse asimismo con el control total de ATLL a partir de 2020.
La operación con Fortress no ha supuesto en cualquier caso una transferencia de cesión litigiosa, de manera que la mercantil en manos de Acciona "no ha subrogado ni se ha sustituido en relación a las reclamaciones contra la Generalitat".
La cantidad de las indemnizaciones se repartirá así entre Acciona -que aspira a un beneficio en sus cuentas- y el fondo americano -que tiene asegurados los primeros 170 millones y se quedaría con una parte importante del total- una vez que el Supremo se pronuncie sobre la firmeza de la cantidad a ser sufragada por la Generalitat.
A ojos de la cotizada en el Ibex 35, cabe incluir "daños y perjuicios" por unos 759 millones al margen de los 305 millones más intereses derivados de una cláusula del contrato original. Así las cosas, la indemnización total debería ascender a unos 1.064 millones de euros más intereses de demora.
A ojos de la cotizada en el Ibex 35, cabe incluir "daños y perjuicios" por unos 759 millones al margen de los 305 millones más intereses derivados de una cláusula del contrato original. Así las cosas, la indemnización total, según Acciona, debería ascender a unos 1.064 millones de euros más intereses de demora.
La compañía de los Entrecanales alega esa cantidad a partir de su interpretación del conjunto del vínculo que hubo entre las partes y de informes de expertos independientes, y también, en virtud del hecho de que el contrato devino en nulo por causas achacables, de forma exclusiva, a la Administración -esto es, habría mediado una anulación y no una nulidad como tal-.
En esa línea, el recurso de Acciona esgrime doctrina del Supremo para reclamar el lucro cesante y los intereses. De acuerdo a fuentes conocedoras, la cifra de intereses de demora podría suponer al menos otros 200 millones.
Por lo pronto, la cotizada en el Ibex mantiene provisiones al cabo del primer semestre por valor de 651 millones de euros en buena parte ligadas a la frustrada concesión. La compañía de los Entrecanales cerró los primeros seis meses del 2024 con un beneficio neto de 116 millones.
nataliany
Entrecanales no para de dar sablazos al contribuyente.