La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunciaba hace unas horas uno de los expedientes sancionadores más elevados de su historia -118 millones de euros en multas- para varias de las empresas de infraestructuras más potentes de España, que durante 14 años se repartieron las licitaciones de electrificación ferroviaria a través de un cártel que acaparó contratos por más de 837 millones de euros. Además de imponer estas multas, el regulador adelantaba su intención de activar, por primera vez, un mecanismo para que los miembros de esta organización ilícita no puedan participar en el futuro en la contratación pública.
Según explican fuentes del regulador de la competencia, desde este organismo se ha remitido la información disponible sobre el cártel a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, un ente perteneciente al Ministerio de Hacienda que deberá evaluar si sus componentes deberían tener vetado a partir de ahora el acceso a la contratación pública.
Este proceso -añaden estos informantes- es la primera vez que se pondrá en marcha, de ahí que exista cierta incertidumbre sobre los tiempos que seguirá y sobre el camino a seguir. Durante su transcurso -si es que Hacienda toma el guante de Competencia- la CNMC podrá actuar con una figura similar a la de un órgano consultivo y aportar la información sobre el cártel que se considere necesaria.
Cabe recordar que en esta organización están implicadas las empresas Alstom, Cobra Instalaciones y Servicios (ACS), Control y Montajes Industriales (ACS), Electrén (ACS), Sociedad Española de Montajes Industriales SEMI (ACS), Comesel (constituida por Cobra -ACS-, SEMI y Elecnor), Comsa, Construcciones, Instalación y Tracción (Delejor13), Elecnor, EYM Instalaciones (OHL), Isolux Ingeniería (Isolux), Instalaciones Inabensa (Abengoa), Indra Sistemas, Neopul Sociedade de Estudos e Construçoes (Sacyr), Siemens y Telice (Fuenteblandor Holding).
Además de estas empresas, han sido multados 14 directivos por un importe de 666.000 euros, al considerar probada su implicación en la trama, que alteró varias decenas de concursos en diferentes cárteles, tanto de ferrocarril de alta velocidad como de líneas convencionales.
El armazón legal
La figura por la que Hacienda podría restringir el acceso a la contratación pública de estas sociedades -a la que ha invocado la CNMC- se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público de noviembre de 2017 (artículo 71), y que entró en vigor en marzo de 2018, que dispone que quedarán sujetas a la prohibición de participar en licitaciones "las entidades que forman parte del sector público las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia".
En este sentido, las fuentes de Competencia consultadas por este periódico afirman que, pese a que es previsible que las empresas sancionadas recurran la sanción e inicien una batalla, primero, en la Audiencia Nacional y, posteriormente, en el Tribunal Supremo, el procedimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado puede iniciarse en cualquier momento.
La prohibición de participar en concursos públicos nunca afectaría a Alstom ni a Siemens, dado que se acogieron al conocido como "programa de clemencia en materia de falseamiento de competencia". En otras palabras, que fueron quienes pusieron a la CNMC sobre la pista de las prácticas ilícitas que presuntamente realizaron los miembros de este cártel y dieron diferente información que permitió iniciar el expediente sancionador.
Desde el regulador han hecho hincapié en la gravedad de este tipo de amaños, que afectan tanto a las Administraciones implicadas, como a los competidores que no participan en el cártel, como a los propios usuarios; y que muchas veces provocan sobrecostes en las licitaciones. En este sentido, llama la atención que en este expediente aparezcan algunos de los grandes contratistas del Estado, como ACS (Florentino Pérez), OHL (Villar Mir), Sacyr o Elecnor.
