Los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler no se quedarán de brazos cruzados con la ejecución por parte de sus acreedores de la mayoría de su participación en la inmobiliaria francesa Gecina. Ambos estudian plantear una batalla legal toda vez que los jueces que se encargan de los concursos de acreedores de sus instrumentales prohibieron que esta operación pudiera llevarse a cabo, teóricamente en defensa de los propios acreedores. Sin embargo, Blackstone, Caisse de Depot du Quebec y Natixis han podido ejecutar la garantía gracias a la sentencia de un tribunal de Luxemburgo.
A la Justicia del país centroeuropeo acudieron los acreedores de Rivero y Soler, conscientes de que la garantía que se estableció en su día para obtener el préstamo sindicado con el que los empresarios compraron su participación del 31% en Gecina estaba depositada en Luxemburgo.
La mayoría de las trece entidades financieras que formaban parte de este sindicado trataron de ejecutar la garantía nada más conocerse que Rivero y Soler habían solicitado el concurso voluntario de acreedores para sus instrumentales, Alteco y MAG Import, respectivamente.
Sin embargo, los jueces de lo Mercantil que se ocupan de ambos concursos bloquearon a través de un auto la ejecución, al estimar que las acciones de Gecina constituían el único activo de las sociedades y, por lo tanto, el instrumento para compensar a los acreedores.
El papel clave de Natixis
Tras fracasar en su intento de hacerse con las acciones de Gecina, los bancos optaron por vender la deuda relacionada con Alteco y MAG Import al fondo de capital riesgo Blackstone y la entidad financiera canadiense Caisse de Depot du Quebec. Mientras, el banco francés Natixis, que forzó el concurso al ser el único que no firmó la refinanciación de las instrumentales, se quedó con su parte de la deuda.
Los nuevos acreedores trataron de lograr la ejecución a través de Luxemburgo y lo han conseguido. Pero la decisión del tribunal luxemburgués choca con los autos de los jueces españoles. Además, es cierto que la prenda estaba depositada en Luxemburgo pero el contrato del préstamo sindicado fue firmado en España, una circunstancia que también están analizando los equipos jurídicos de Rivero y Soler.
Se da además la circunstancia de que semanas antes de que se conociera la decisión del tribunal de Luxemburgo se debería haber celebrado una vista en Madrid para determinar si Blackstone, Caisse de Depot du Quebex y Natixis seguían siendo acreedores privilegiados de Alteco y MAG Import, toda vez que Rivero y Soler consideraban que la prenda depositada en Luxemburgo había caducado.
Sin embargo, la vista no llegó a celebrarse al ser cancelada por la administradora concursal de MAG Import, Fedra Valencia. Un acreedor de la sociedad solicitó la revocación de la administradora toda vez que Cuatrecasas, el despacho para el que trabaja, defiende a Natixis en otro procedimiento concursal en España
Con todos estos elementos, Rivero y Soler estudian su defensa para tratar de revocar la ejecución, una operación que clarifica la composición del capital de Gecina cuando Metrovacesa sigue pensando en vender su participación, del 27%. Sin embargo, una nueva vuelta de tuerca judicial podría volver a bloquear el proceso.
