El Ministerio de Justicia considera que la Ley de Segunda Oportunidad impulsada por el ministro de Economía Luis de Guindos, aprobada en el año 2015, incluida en la Ley Concursal, no ha servido para nada. Y sostiene que el "desprestigio" del sistema concursal español, en particular de la labor de los administradores concursales, se deben a ataques "injustos" de los medios de comunicación.
"En Justicia no estamos contentos con la Ley de segunda oportunidad", declaró el jueves Julio Fuentes, coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia. "No hemos conseguido que sea útil", admitió durante su intervención en la presentación del II Encuentro Internacional de Reestructuración e Insolvencia celebrado en el Hotel Ritz de Madrid.
La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social entró en vigor el 29 de julio de 2015. La norma fue impulsada por el ministro de Economía Luis de Guindos antes del término de la anterior Legislatura. El ministro defendía que la nueva ley serviría para que los emprendedores no tuvieran que estar ligados "indefinidamente a losa de una deuda que nunca podrán satisfacer". "No temer al fracaso económico es clave para la cultura empresarial", declaró De Guindos en su comparecencia en el Congreso en marzo de 2015 para defender la aprobación de la normativa.
La Comisión Europea ha redactado un proyecto de directiva para tratar de armonizar una ley de segunda oportunidad
Sin embargo, casi dos años después de su entrada en vigor las críticas hacia su desarrollo son un clamor.
La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada para que particulares, emprendedores, puedan alcanzar acuerdos extrajudiciales con sus acreedores durante un proceso de declaración de concurso de acreedores. Se trata de facilitar, básicamente, a los autónomos y pequeños empresarios las herramientas que tienen las empresas en el marco de la Ley Concursal para negociar con sus acreedores un convenio de pago que evite la declaración de concurso de acreedores.
El hecho de que la ley no permita a los afectados negociar quitas de sus deudas con Hacienda y Seguridad Social -normalmente las de mayor peso- dificulta en la práctica que autónomos y emprendedores mantengan sus negocios cuando no pueden hacer frente a las deudas. La ley sí que permite paralizar pagos menores -luz, agua, préstamos privados- a una persona física declarada en concurso de acreedores. Para que un juez declare en concurso a un particular este debe mostrar que ha actuado honradamente, de buena fe, habiendo hecho lo posible por evitar la quiebra.
Julio Fuentes se refirió este jueves a un acuerdo entre Ciudadanos y PP para reformar la Ley de Segunda Oportunidad, y a la previsible modificación que vivirá la normativa cuando entre en vigor una Directiva Europea sobre reestructuración y segunda oportunidad. El pasado 22 de noviembre la Comisión Europea publicó el Proyecto de Directiva que está siendo ahora estudiada y debatida por los Estados miembros. "Cada año en la UE, 200.000 empresas se declaran en quiebra, lo que se traduce en 1,7 millones de empleos perdidos. Esto podría evitarse si tuviéramos procedimientos de insolvencia y reestructuración más eficientes. Ya es hora de dar a los empresarios una segunda oportunidad para reiniciar un negocio ", manifestó Vera Jourova, Comisaria de Justicia de la UE, en la presentación de dicho Proyecto.
El II Encuentro Internacional de Reestructuración e Insolvencia celebrado este jueves, organizado por los despachos Abencys y Quabbala, giró en torno a la propuesta europea y en él participaron destacados administradores concursales procedentes de España, Alemania, Italia, Polonia, Francia, Estados Unidos, y Holanda.
La mayoría de los ponentes puso de manifiesto las dificultades que existen para armonizar una ley de segunda oportunidad en la Unión Europea debido a las profundas diferencias que existen en las distintas leyes concursales de los países miembros. Mihaela Carpus-Carcea, de la Comisión Europea, que inauguró las jornadas, dijo que a día de hoy no es posible avanzar una fecha de aprobación de la Directiva europea sobre segunda oportunidad.
La culpa es de la prensa
Julio Fuentes, del Ministerio de Justicia, recordó en la jornada sobre insolvencia que en los 15 años transcurridos desde la aprobación de la última Ley Concursal han habido "30 modificaciones, y todavía nos esperan más". Fuentes reconoció que quedan asuntos pendientes como el estatuto del administrador concursal y afirmó que existe al respecto "dispersión normativa". Al finalizar su intervención manifestó que al Ministerio de Justicia "no tiene otra salida que recuperar el prestigio".
Cuando fue preguntado por qué consideraba que el sistema concursal español había perdido prestigio, Julio Fuentes señaló directamente a la prensa. "Ha sido por culpa de los medios de comunicación, han habido ataques injustos hacia los administradores concursales por casos muy escasos de comportamiento incorrecto", declaró. "A los profesionales se les ha tratado mal en los medios de comunicación", subrayó ante un público compuesto mayoritariamente por administradores concursales.
