El Ministerio de Industria ha decidido enterrar el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Cuencas Mineras (IRMC), el organismo que desde hace años sirve de interlocutor directo con las empresas del sector minero y con los sindicatos. Empresas y agentes sociales tenían siempre abierta la puerta del IRMC y eran atendidos por su gerente y, a veces, dependiendo de la importancia del tema a tratar, hasta por el mismísimo Secretario de Estado de Energía, que ocupa la presidencia del instituto.
Pero, a diferencia del afable trato dispensado al sector minero en la época del leonés Zapatero, ahora el ministro José Manuel Soria quiere reducir el peso del área minera en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El primer paso es eliminar el IRMC y trasladar sus funciones a una subdirección general, restándole así importancia en el status interno del Ministerio, pero sobre todo dejando al sector minero sin el interlocutor directo que han tenido hasta ahora, señalan fuentes cercanas al Departamento que dirige Soria.
Máxime en un momento como el actual, en el que el Gobierno quiere reestructurar el sector minero e ir reduciendo progresivamente las ayudas públicas. De hecho, los sindicatos del sector ya sospechaban que el Instituto podría desaparecer y temen ahora que para trasladar sus cuitas al Ministerio tengan que pedir audiencia, algo que con el IRMC no ocurría. A partir de ahora, tendrán que ser recibidos por el subdirector o el jefe del área, funcionarios que previsiblemente no tendrán la misma sensibilidad hacia el sector que el gerente del IRMC.
En el enfrentamiento entre Soria y Montoro por la reforma eléctrica se ha colado el intento del primero de repartir con Hacienda y Empleo los costes de mantener viva la minería
Pero en el trasfondo de todo este cambio está el intento de Soria de trasladar a los ministerios correspondientes sus responsabilidades sobre las ayudas al sector, ahora bajo el paraguas de Industria. En el enfrentamiento que libran Soria y Montoro por el reparto de los costes de la reforma eléctrica y el papel que han de jugar los Presupuestos Generales del Estado se ha colado el sector minero.
El ministro canario quiere que las ayudas a las empresas pasen a 'colgar' de Hacienda. Su principal argumento es que Hunosa, la empresa estatal, pertenece a la Sepi, sociedad integrada en el Ministerio de Hacienda y AAPP. Las últimas ayudas aprobadas a la empresa pública ascendieron a 27,4 millones de euros. Y aunque el dinero público sale todo de la misma caja, Soria quiere endosar a Montoro la responsabilidad y los gastos sobre una de las empresas de su Departamento.
Y al Ministerio de Empleo de Fátima Báñez quiere colocar el coste de las prejubilaciones de los mineros y las ayudas a la creación de empleo joven y reindustrialización de las zonas mineras.
No hay nada decidido al respecto, porque Soria y Montoro no se ponen de acuerdo en cómo se costearan los insufribles desequilibrios que sufre el sistema eléctrico y muy especialmente el déficit de tarifa, que ya supera los 25.000 millones de euros.
En línea con los ajustes a los que el Gobierno quiere ir sometiendo progresivamente al sector minero se enmarca también la decisión de este viernes del Consejo de Ministros de suprimir la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) dentro del paquete de recortes que eliminará o fusionará hasta 57 instituciones. La Ciuden es una de las fundaciones que «se suprimen, pero se integran en un ministerio». Fue un proyecto personal para el Bierzo de Zapatero, para generar actividades alternativas a la minería en la zona. Ahora, Ciuden será absorbida parcialmente por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, (Idae), que asumirá todas las funciones energéticas.