El escándalo que surgió en torno a la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) por el presunto amaño de adjudicaciones a favor de las compañías contratistas empieza a costar dinero al erario público. La empresa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha iniciado el proceso de licitación para encargar la auditoría de sus 38 contratos, entre ellos buena parte de los que actualmente investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. El coste presupuestado de la auditoría se aproxima al millón de euros, según los documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
El magistrado de la Audiencia Nacional investiga en la actualidad 19 adjudicaciones realizadas por Acuamed desde el año 2006, que suman un montante superior a los 700 millones de euros, sobre las que tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción tienen sospechas de que se han producido algún tipo de irregularidad. De estos 19 contratos que forman parte de la instrucción, la auditoría encargada por Acuamed supervisará 16. Además, la licitación incluye el estudio de otros 22 contratos correspondientes a adjudicaciones de la empresa pública.
Llama la atención el hecho de que dos de los contratos que desde el primer momento han estado bajo la lupa de la investigación no estén incluidos en las auditorías que Acuamed llevará a cabo
Llama la atención el hecho de que dos de los contratos que desde el primer momento han estado bajo la lupa de la investigación no estén incluidos en las auditorías que Acuamed llevará a cabo cuando otorgue el nuevo contrato (aproximadamente en septiembre u octubre). Se trata del proyecto de refuerzo de las redes de abastecimiento de los municipios alicantinos de Campello y Mutxamel y el acondicionamiento del río Serpis a su paso por Gandía para prevenir inundaciones. De los seis contratos que formaron parte de la llamada ‘operación Frontino’, estos dos son los de menor cuantía (18,3 y 14,3 millones de euros, respectivamente).
A estos seis contratos, que figuraban en el primer auto emitido por el juez Velasco sobre el caso, se fueron han ido añadiendo otros conforme avanzaba la instrucción. El pasado mes de marzo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado que pidiera documentación a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) acerca de la cofinanciación de los contratos, toda vez que algunos de ellos se habían licitado con fondos europeos. Aquella petición incluía, además de las seis originales, nuevas adjudicaciones bajo sospecha, hasta completar 19.
Nuevos contratos bajo sospecha
De las incorporadas en esta petición de la Fiscalía Anticorrupción, una también se quedará sin pasar por la auditoría encargada por Acuamed. En concreto, el que encargaba la construcción de colectores y obras accesorias para el saneamiento en Algeciras, un contrato de poco más de dos millones de euros.
Mientras, los 22 contratos que no están, por el momento, incluidos en la instrucción del caso pero que sí serán auditados por Acuamed incluyen dos de elevada cuantía. Uno de ellos es el de la construcción, operación y mantenimiento de la desaladora de Águilas/Guadalentín (Murcia), adjudicada en su día a un consorcio formado por Ferrovial y Sacyr (a través de sus filiales Cadagua y Sadyt), por 238 millones de euros.
El otro es el correspondiente a la desaladora de Campo de Dalías (Almería), que fue otorgada por 148,8 millones de euros a un grupo de empresas formado por la francesa Veolia, Sando e Inypsa. También destaca el referido al abastecimiento desde el embalse de Llosa Cavall a localidades de Solsonnés, Anoia y Bages (Lérida y Barcelona), adjudicado por 30,3 millones de euros a Comsa y Acsa.
La sombra sobre Arias Cañete
El caso Acuamed provocó la detención el 18 de enero pasado de 13 personas, de las que cinco terminaron ingresando en prisión. Todos ellos han ido abandonando en los últimos meses la cárcel tras abonar fianzas que han rondado los 300.000 euros. El último en hacerlo ha sido Arcadio Mateo, entonces director general de Acuamed y al que los investigadores señalan como el presunto cabecilla de una trama que cobraba mordidas en metálico o dádivas a cambio de contratos. El fraude fue cuantificado en un primer momento por encima de los 20 millones de euros, aunque esa cifra ha sido ya ampliamente superada.
En las declaraciones que ha tomado el juez Velasco ha salido a la luz el nombre de Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y ex ministro de Agricultura. Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, y Liana Ardiles, directora general de Aguas del Ministerio, aseguraron al magistrado cuando declararon como investigados (antes, imputados) que fue Arias Cañete quien nombró a Arcadio Mateo director general de la compañía pública y que ambos mantenían una relación directa. Esta circunstancia ha provocado que Cañete vaya a tener que dar explicaciones en el Parlamento Europeo el próximo 12 de julio. Concretamente, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, en una sesión que se celebrará a puerta cerrada.
