La vista, prevista para este miércoles, ha sido finalmente suspendida. En los previos, la empresa pública, representada por el "investigado" Juan Alberto García Cuenca, ha rechazado la readmisión de la trabajadora Azahara Peralta, despedida por denunciar uno de los pufos que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional.

Este miércoles se celebra en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid la vista por el despido de Azahara Peralta, una de las ingenieras de la empresa pública despedidas tras denunciar los pufos que ahora investiga la Audiencia Nacional. En mayo, un magistrado ordenó readmitir a una segunda empleada e indemnizarla, aunque la sociedad estatal lo ha recurrido.

La empresa pública dependiente del Ministerio de García Tejerina recurre la sentencia que le obliga a readmitir a una de las dos ingenieras represaliadas por destapar los 'pufos' que investiga al juez Velasco. En el mismo, se alinea con los argumentos de los presuntos cabecillas de la trama y pide que la investigación de la Audiencia Nacional quede al margen de la causa laboral.

Apunta que el principal acusado, Arcadio Mateo, era "persona de la mayor confianza" del exministro Arias Cañete.  

José Ignacio Landaluce, regidor 'popular' de Algeciras (Cadiz), va a recibir en los próximos días la cruz al mérito policial con distintivo blanco. El nombre del primer edil de la localidad gaditana salió hace sólo cinco meses en la linvestigaciión de las irregularidades en la empresa pública al detectar la Guardia Civil sus contactos con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para agilizar una obra hidráulica en su municipio.

La empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias prescinde de su director jurídico, Javier Moya Lámbarri, que ocupaba el mismo cargo en la empresa pública dependiente de Agricultura cuando salieron a la luz las supuestas irregularidades. Fuentes de la compañía niegan que exista relación entre la decisión y el escándalo que investiga la Audiencia Nacional.

Uno de los directivos de la empresa pública investigados dentro de la trama de amaño de contratos es el responsable de atender los diferentes requerimientos de información que remite el magistrado. Juan García Cuenca, que ocupa el cargo de director de la Asesoría Jurídica, se negó a declarar primero ante la Guardia Civil y, más tarde, en la Audiencia Nacional cuando compareció para responder de las acusaciones que pesan sobre él.

El ex subsecretaria de Presidencia, Federico Ramos de Armas, es por ahora el más alto cargo político imputado por el juez Velasco. Su testimonio puede poner contra las cuerdas a sus antiguos jefes en Agricultura, Arias Cañete y García Tejerina, pero también a De Cospedal y a Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda, entre otros.

Meses después de las detenciones por el amaño de contratos en la empresa pública, la Guardia Civil aún estaba volcando el contenido de los numerosos dispositivos informáticos intervenidos en la 'Operación Frontino'. Un informe de la UCO ya alertaba en febrero que sólo de estos últimos se iban a recuperar más de 50 terabytes de información, a los que hay que sumar miles de folios intervenidos y que se han ido digitalizando para facilitar a los agentes trabajar con ellos durante la investigación.  

Pese a contar con su propio equipo jurídico, la empresa pública pagó al célebre bufete de laboral para que le asesora a redactar la carta con la que echó de la compañía a Gracia Ballesteros, una de las ingenieras represaliadas por denunciar las irregularidades que investiga el juez Eloy Velasco.

El 'número 2' de Isabel García Tejerina envía una carta a una de las ingenieras represaliadas en la que recalca que su despido y el de su compañera "se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente". El Consejo de Administración de la empresa pública se reúne este miércoles para decidir si finalmente recurre la sentencia que le condenaba a readmitir a la segunda trabajadora e indemnizarla con 90.000 euros.

Francisco Valiente asegura al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que comenzó a sospechar de los contratos fraudulentos cuando le hablaron de la falta de seguro de la desaladora de Almazora en Almería que se inundó en septiembre de 2012.

Populares y socialistas europeos vetaron el miércoles la comparecencia del comisario y exministro español del PP, que había pedido el grupo Izquierda Unitaria de la Eurocámara. Los eurodiputados del PSOE, sin embargo, la apoyaron.

El magistrado considera que la reciente reincoporación de tres de los principales implicados en la trama puede poner en peligro documentación de las millonarias adjudicaciones bajo sospecha que aún investiga dentro de la 'Operación Frontino'.

El fallo de un Juzgado de lo Social condenó al Ministerio a recolocar en su puesto e indemnizar con 90.000 euros a Garcia Ballesteros, quien destapó la trama.

Según Federico Ramos, el exministro de Agricultura nombró al presunto cabecilla de la trama Acuamed, Arcadio Mateo; mantuvo con él comunicación directa constante y relevó a quien pretendía frenarle.

El titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid declara "nulo" el despido de Gracia Ballesteros, una de las trabajadoras de la empresa pública que se negó a avalar las supuestas irregularidades destapadas en la 'Operación Frontino'. El Ministerio de Agricultura le había ofrecido la reincorporación, pero con una sanción. Ella lo rechazó y ahora la sentencia le da la razón.

Todo comenzó el 2 de abril de 2014 con la denuncia de Francisco Valiente, entonces director de Ingeniería y Construcción de la compañía, quien hizo llegar al Consejo mediante notario un centenar de folios en los que se recogían las supuestas irregularidades en Acuamed. Casi dos años más tarde, el juez Eloy Velasco pone en marcha la 'Operación Frontino'.

Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira vuelven a trabajar tras salir de prisión bajo fianza. Mientras tanto, las dos ingenieras que fueron despedidas por negarse a avalar los pufos de la trama sigue batallando en los tribunales por recuperar su puesto.

Un documento incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' desglosa las millonarias pérdidas que provocaron a "la cuenta de resultados" de la sociedad estatal las numerosas irregularidades en la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) por parte de Acciona.

El número tres de Soraya Saénz de Santamaría toma esta decisión "para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad" en su cargo anterior en el Ministerio de Medio Ambiente tras su implicación en la 'operación Frontino'.

El contrato de la obra de la construcción de la planta de desalinización en el Bajo Almanzora (Almería), efectuada por FCC y Befesa (filial de Abengoa), figura entre las investigadas por la Guardia Civil en la operación Frontino.