La empresa creada por José Luis Rodríguez Zapatero gestiona la desaladora de Sagunto que es la designada por la ministra Teresa Ribera para cargar agua en barcos hacia Barcelona

La Sala de lo Penal apuntala los "sólidos indicios" contra los más de 40 procesados por amaños en la adjudicación de contratos públicos entre 2012 y 2015 con empresas implicadas en la trama

Anticorrupción pidió sentar en el banquillo a altos cargos de Acuamed, entre ellos su exdirector general, por amaños sistemáticos en las adjudicaciones de la empresa pública

La Fiscalía tampoco admite aquí la rebaja del Gobierno al considerar que la excúpula de la empresa pública actuó en su condición de funcionarios y ocasionaron un grave daño al erario

Enrique Gimeno, empresario salpicado por la presunta caja B del PSPV, regaló entradas a políticos y un directivo de Acuamed meses antes de adjudicarse de este ente público un megaproyecto de 50 millones

El instructor del caso Acuamed intercambió información con la juez de 'Azud' ante las coincidencias entre ambas tramas que salpican al PSOE, aunque por el momento no se contempla una unificación de las causas

La rebaja de la malversación auspiciada por el Ejecutivo no solo no logra su efecto deseado con Junqueras y los condenados del procés, sino que amaga con revisar a la baja las acusaciones en causas de corrupción

430ª edición del programa 'Barra libre' que dirige Alberto Fernández

Tras 7 años de causa, Anticorrupción quiere enviar al banquillo a altos cargos de Acuamed (incluido su exdirector general) por malversación agravada, pero la reforma del Gobierno obliga a estudiar la acusación

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma

El acto de denunciar irregularidades en entidades públicas ha pasado de ser un acto admirable a penalizado con la pérdida de empleo, el desgaste emocional, psicológico y económico. Los denunciantes sufren acoso y no pueden hacer frente a las deudas con los abogados.

La vista, prevista para este miércoles, ha sido finalmente suspendida. En los previos, la empresa pública, representada por el "investigado" Juan Alberto García Cuenca, ha rechazado la readmisión de la trabajadora Azahara Peralta, despedida por denunciar uno de los pufos que investiga el juez Velasco en la Audiencia Nacional.

Este miércoles se celebra en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid la vista por el despido de Azahara Peralta, una de las ingenieras de la empresa pública despedidas tras denunciar los pufos que ahora investiga la Audiencia Nacional. En mayo, un magistrado ordenó readmitir a una segunda empleada e indemnizarla, aunque la sociedad estatal lo ha recurrido.

La empresa pública dependiente del Ministerio de García Tejerina recurre la sentencia que le obliga a readmitir a una de las dos ingenieras represaliadas por destapar los 'pufos' que investiga al juez Velasco. En el mismo, se alinea con los argumentos de los presuntos cabecillas de la trama y pide que la investigación de la Audiencia Nacional quede al margen de la causa laboral.

El Consejo de Administración ha elegido este jueves al ingeniero de Caminos Francisco Baratech como nuevo director general de la empresa pública investigada por el juez Eloy Velasco. Desde el arresto el pasado enero de su antecesor, Arcadio Mateo, dicho cargo estaba vacante.

Apunta que el principal acusado, Arcadio Mateo, era "persona de la mayor confianza" del exministro Arias Cañete.  

José Ignacio Landaluce, regidor 'popular' de Algeciras (Cadiz), va a recibir en los próximos días la cruz al mérito policial con distintivo blanco. El nombre del primer edil de la localidad gaditana salió hace sólo cinco meses en la linvestigaciión de las irregularidades en la empresa pública al detectar la Guardia Civil sus contactos con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para agilizar una obra hidráulica en su municipio.

La página web de la sociedad estatal sitúa Juan Alberto García Cuenca, jefe de la Asesoría Jurídica e investigado por el juez Velasco en la 'Operación Frontino', como "director responsable" del contrato que debe buscar irregularidades en 38 adjudicaciones, 16 de ellas ya bajo la lupa de la Audiencia Nacional.  

La empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias prescinde de su director jurídico, Javier Moya Lámbarri, que ocupaba el mismo cargo en la empresa pública dependiente de Agricultura cuando salieron a la luz las supuestas irregularidades. Fuentes de la compañía niegan que exista relación entre la decisión y el escándalo que investiga la Audiencia Nacional.

Pablo Martín, excarcelado en marzo tras pagar una fianza, participa en unas jornadas internacionales sobre recursos hídricos para hablar, precisamente, de una de las obras bajo sospecha. El juez Velasco ordenó en mayo a Agricultura, que lo había readmitido en su puesto pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, que lo 'mandara a casa' para evitar que tuviera acceso a documentación relacionada con la investigación.

La adjunta a diferentes directores de construcción explica al juez Velasco que pese a que ella sólo había previsto prospecciones por 15.000 euros en la comarca de La Safor (Valencia), finalmente se pagó más de un millón.

Dos informes de la UCO destacan que Nicolas Steegmann, uno de los empresarios más beneficiado por el supuesto amaño de contratos de la empresa pública, encargó un dictamen al despacho de abogados de Jesús Trillo y del ex secretario de Estado con Aznar Benigno Blanco por la "influencia" que ambos tenían "hacia altos cargos de la Administración".

Uno de los directivos de la empresa pública investigados dentro de la trama de amaño de contratos es el responsable de atender los diferentes requerimientos de información que remite el magistrado. Juan García Cuenca, que ocupa el cargo de director de la Asesoría Jurídica, se negó a declarar primero ante la Guardia Civil y, más tarde, en la Audiencia Nacional cuando compareció para responder de las acusaciones que pesan sobre él.

El 18 de febrero de 2015, justo once meses antes de ordenar la detención de 13 personas, el juez Eloy Velasco rechazaba investigar la trama de corrupción alrededor de la empresa pública Acuamed. Un recurso de Anticorrupción y tres magistradas de la AN le obligaron a reabrir una causa que finalmente ha destapado el amaño de cerca de una veintena de contratos multimillonarios pagados con dinero público.

El ex subsecretaria de Presidencia, Federico Ramos de Armas, es por ahora el más alto cargo político imputado por el juez Velasco. Su testimonio puede poner contra las cuerdas a sus antiguos jefes en Agricultura, Arias Cañete y García Tejerina, pero también a De Cospedal y a Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda, entre otros.

Meses después de las detenciones por el amaño de contratos en la empresa pública, la Guardia Civil aún estaba volcando el contenido de los numerosos dispositivos informáticos intervenidos en la 'Operación Frontino'. Un informe de la UCO ya alertaba en febrero que sólo de estos últimos se iban a recuperar más de 50 terabytes de información, a los que hay que sumar miles de folios intervenidos y que se han ido digitalizando para facilitar a los agentes trabajar con ellos durante la investigación.  

La licitación de la auditoría contempla que los expertos externos analicen 38 adjudicaciones de la empresa pública, de las que 16 se encuentran en la relación de 19 sobre los que el magistrado de la Audiencia Nacional está realizando pesquisas. Las 22 restantes no forman parte, por ahora, del sumario.

Un empresario acudió dos días después de que las detenciones de enero para confesar que la compañía de marketing en la que figuraba como administrador había recibido de modo supuestamente irregular adjudicaciones de contratos por parte de la empresa pública. En su declaración aseguró que estaba recibiendo presiones por parte de dos socios. La Guardia Civil ya estaba tras la pista tras detectar en noviembre la participación en la compañía de una directiva de Acuamed casada con uno de los principales implicados. 

Un informe de la Guardia Civil destaca el intercambio de mensajes entre uno de los presuntos cabecillas de la trama, Gabriela Mañueco, y el directivo de una compañía en el que la primera agradece el envío de un "sobre" junto con un presente compuesto de "una libreta y un cuaderno". En el domicilio de otro de los principales implicados, Arcadio Mateo, la UCO localizó siete sobres y dos libros conteniendo un total de 120.240 euros.

El comisario europeo de Energía y Cambio Climático se lava las manos y recuerda que cuando se casó con Micaela Domecq en 1998 lo hizo “en separación absoluta de bienes”.

Las investigaciones de la trama delictiva apuntan a que la empresa pública llegó a planear echar ácido clorhídrico sin control al río.

Con la liberación de Arcadio Mateo, ya no queda en prisión preventiva ninguno de los cinco investigados por la mafia del agua.

Las intervenciones telefónicas revelan que Arcadio Mateo, director general de Acuamed, iba a recurrir al secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, si los equipos jurídicos planteaban problemas a la solución pactada con FCC en uno de los contratos investigados por el juez Velasco. Desde el Ministerio de Agricultura niegan cualquier irregularidad del alto cargo.

Pese a contar con su propio equipo jurídico, la empresa pública pagó al célebre bufete de laboral para que le asesora a redactar la carta con la que echó de la compañía a Gracia Ballesteros, una de las ingenieras represaliadas por denunciar las irregularidades que investiga el juez Eloy Velasco.

Este primer paso no supone que la comparecencia se vaya a materializar, ni siquiera aclara si sería el propio comisario español el que podría intervenir ante los eurodiputados o si se trataría de otro miembro de la Comisión.

El magistrado maneja un listado de obras bajo sospecha sobre cuya adjudicación ha pedido recientemente información tanto a la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura como a la UE, ya que la mayor parte se cofinanció con fondos comunitarios.

    

El 'número 2' de Isabel García Tejerina envía una carta a una de las ingenieras represaliadas en la que recalca que su despido y el de su compañera "se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente". El Consejo de Administración de la empresa pública se reúne este miércoles para decidir si finalmente recurre la sentencia que le condenaba a readmitir a la segunda trabajadora e indemnizarla con 90.000 euros.

La OLAF se ha puesto en contacto en dos ocasiones con el magistrado y Anticorrupción para recabar información sobre la 'Operación Frontino' y ofrecer su colaboración en las pesquisas. El pasado 18 de abril remitió una carta para fijar un encuentro en la Audiencia Nacional y "valorar la posibilidad de que la OLAF iniciara su propia investigación".

Un informe de la UCO detalla las 21 comunicaciones entre implicados de la trama que salpican a Liana Ardiles, actual directora General del Agua. Tras los arrestos del pasado mes de enero, los agentes hallaron otra veintena de mensajes incriminatorios para la que aún forma parte del equipo de la ministra de Agricultura.

Un informe de la Guardia Civil destaca el cruce de mensajes entre Arcadio Mateo, director general de la empresa pública Acuamed, y Francisco Javier Luján, arrestado en la operación que desmanteló una trama de financiación irregular del PP en Valencia. El documento policial recoge otras comunicaciones sobre la empresa de este constructor que recibió del Ministerio de Agricultura una adjudicación de 8,3 millones de euros.

En un 'sms' intervenido por la UCO, Arcadio Mateo decía lo siguiente: "Yo se lo he dicho a Cospedal. No entendemos qué pasa y lo que pasa es que tenemos la administración llena de incompetentes". 

Un reciente informe de la UCO incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' incluye llamadas y correos electrónicos que apuntan a que Federico Ramos de Armas intervino en las supuestas irregularidades de una adjudicación a FCC cuando ya había dejado el Ministerio de Agricultura y formaba parte del equipo de la vicepresidenta del Gobierno.

Las denuncias presentadas por tres responsables de Acuamed y dos contratistas son el origen de las investigaciones que han desvelado una trama de corrupción en la sociedad estatal.

El que fuera director general de la empresa pública hasta febrero 2012, Carlos Massa, y tres de sus subordinados han declarado como investigados en la Audiencia Nacional en las últimas semanas. Se les acusa de supuestos pufos en la desaladora de Torrevieja (Alicante) y en los trabajos de Rambla Gallinera, de Valencia, iniciados en la época de las ministras socialistas Elena Espinosa y Rosa Aguilar.

Francisco Valiente asegura al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que comenzó a sospechar de los contratos fraudulentos cuando le hablaron de la falta de seguro de la desaladora de Almazora en Almería que se inundó en septiembre de 2012.

Populares y socialistas europeos vetaron el miércoles la comparecencia del comisario y exministro español del PP, que había pedido el grupo Izquierda Unitaria de la Eurocámara. Los eurodiputados del PSOE, sin embargo, la apoyaron.

Juan García Cuenca, director de la Asesoría Jurídica de la empresa pública, encabeza el equipo de abogados que se opone a la readmisión de las dos trabajadores despedidas por negarse a avalar las irregularidades que ahora investiga el juez Velasco. Según fuentes de la compañía, es el que ha propiciado que se recurra la sentencia de un juzgado de lo Social que ordenaba reintegrar en el puesto a una de ellas.

El caso Acuamed, las sociedades ‘offshore’ de su esposa, sus negocios petroleros… complican su papel como comisario europeo.

El magistrado considera que la reciente reincoporación de tres de los principales implicados en la trama puede poner en peligro documentación de las millonarias adjudicaciones bajo sospecha que aún investiga dentro de la 'Operación Frontino'.