El Ministerio de Agricultura sigue sin dar su brazo a torcer pese a las decisiones de los jueces. El secretario de Estado de Medio Ambiente y 'número 2' de Isabel García Tejerina en el departamento, Pablo Saavedra, ha enviado recientemente una carta a Azahara Peralta, una de las dos ingenieras de la empresa pública Acuamed represaliadas por denunciar los pufos que ahora investiga el juez Eloy Velasco, en la que asegura que su despido "se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente". La misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, asegura que la decisión de expulsarla de la compañía la tomó en julio de 2015 el Consejo de Administración de la sociedad estatal que él presidió con "estricto cumplimiento de la normativa aplicable".
La carta se conoce el día en que el Consejo de Acuamed se reúne para decidir si recurre la sentencia que le obliga a readmitir a una ingeniera represaliada
El texto, fechado el pasado 29 de abril, se conoce justo el día en el que el máximo órgano de dirección de la sociedad estatal investigada por el supuesto amaño de millonarias adjudicaciones se reúne para decidir si recurre la sentencia que recientemente condenaba a Acuamed a readmitir a otra trabajadora represaliada, Gracia Ballesteros, y a pagarle 90.000 euros de indemnización. Aquel fallo de un Juzgado de lo Social de Madrid consideraba probado que ambas trabajadoras fueron acosadas laboralmente por sus denuncias y que el informe de auditoría utilizado para justificar ambos despidos estaba falseado.
La carta del secretario de Estado de Medio Ambiente es la respuesta de Agricultura a la misiva que la trabajadora había enviado el pasado 4 de abril a la propia ministra de Agricultura para denunciar su salida disciplinaria de la empresa. El texto, adelantado en su día por Vozpópuli, solicitaba a García Tejerina su readmisión una vez que la investigación del juez Velasco había demostrado la veracidad de los amaños de contratos que denunciaron ella y su compañera también represaliada. "Readmitirnos en Acuamed es [...] una oportunidad de demostrar con hechos su repulsa a todas las prácticas corruptas y [...] la mejor forma que tiene para reparar el grave daño que se nos ha causado".
Un mes después
La respuesta ha llegado casi un mes después y, además, de la mano del secretario de Estado y no de la ministra. En la misma, el 'número 2' del departamento se limita a señalar a Azahara Peralta que "de acuerdo con la información disponible, su situación laboral ha sido tratada por el Consejo de Administración de la empresa Acuamed en dos ocasiones". Pablo Saavedra, que firma la misiva como presidente de la sociedad estatal, detalla que la primera fue el 30 de julio del año pasado, y en la misma "se llega a la conclusión de la necesidad de proceder, entre otras medidas, a dos despidos disciplinarios", el de la propia destinataria de la carta y el de su compañera Gracia Ballesteros.
El 'número 2' de Tejerina justifica el despido de las dos trabajadoras en un informe que dos jueces consideran tergiversado precisamente para poder sancionar a ambas
Sanción de 60 días. Una decisión que se sustentó, como reconoce el texto, en una auditoría realizada por un recién creado Comité de Control Interno que es el que propuso la drástica sanción. Lo que no menciona el texto de Saavedra es que dicho órgano estaba encabezado por uno de los principales implicados en la trama desarticulada. De hecho, el secretario de Estado insiste en que "de la información disponible se desprende que la tramitación de los despidos se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente, tanto desde el punto de vista formal o procedimental, como desde el material o de fondo".
Acuerdo frustrado
El texto continúa detallando que el tema de los despidos de ambas trabajadoras no se volvió a abordar hasta la reunión del Consejo de Administración del pasado 30 de marzo, una vez que ya se habían producido las detenciones de la 'Operación Frontino'. Saavedra recalca que en dicho encuentro se incluyó en el orden del día un punto sobre el juicio laboral que 48 horas más tarde se iba a ver en el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid por el despido de Gracia Ballesteros. Según recoge la misiva, en dicho encuentro se "prestó conformidad" a que los representantes legales de la compañía plantearan un pacto a la trabajadora, que, de ser rechazado por la misma, debía lleva "a la celebración de la vista", como así fue finalmente. Saavedra insiste en que dicha propuesta incluía la readmisión de su compañera y de la propia Azahara Peralta, pero con condiciones -"una sanción de 60 días de suspensión de empleo y suerdo"- que no fue aceptada por la ingeniera.
Agricultura ofreció el pasado 1 de abril a una de las ingenieras despedidas su readmisión si aceptaba una sanción de 60 días. Ésta lo rechazó
La carta recalca que esta sanción era "en coherencia con los acuerdos mencionados del Consejo de Administración" ya que el máximo órgano de dirección de Acuamed aún consideraba, pese a la investigación del juez Velasco, que ambas trabajadoras había cometido "los incumplimientos puestos de manifiesto por el informe del Comité de Control Interno sobre la obra del [embalse] de Flix", uno de los investigados en la Audiencia Nacional. Un documento de auditoría que, curiosamente, tanto el magistrado como su colega del Juzgado de los Social número 19 de Madrid consideran tergiversado precisamente para provocar el despido de ambas trabajadoras por negarse a dar validez a los supuestos amaños de la trama de corrupción. La carta la termina Saavedra remarcando que "los acuerdos adoptados han tenido por objetivo el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso". Su última palabra, un formal "atentamente" seguido de su nombre y su condición de presidente de Acuamed.
