El 'caso Acuamed' preocupa, y mucho, a la Unión Europea. La Oficina Antifraude Europea (OLAF) ha remitido en los últimos meses al menos dos cartas a la Fiscalía Anticorrupción y al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para recabar información sobre el avance de las investigación, ofrecer su colaboración y, finalmente, solicitar una reunión con el magistrado con el fin de "valorar" el inicio de sus propias pesquisas. Esta última petición se ha producido después de que el magistrado español le informara que ya está investigando 19 contratos de la empresa pública y que este organismo con sede en Bruselas constatara que la mayor parte han sido financiados hasta en un 80% por fondos europeos y con préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La OLAF ha enviado sendas cartas a Anticorrupción y el juez Velasco para recabar información y ofrecer su colaboración en las pesquisas
La primera de estas misivas llegó el pasado 26 de febrero a la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, a su máximo responsable, Antonio Salinas. La carta la firmaba Lothar Kuhl, jefe de la Unidad de Investigación, Selección y Revisión de la OLAF. En ella, este funcionario de la Unión Europea destacaba que habían conocido la existencia de la investigación que un mes antes había provocado el arresto de 13 personas por las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) y quería recabar información. El escrito de la Oficina Antifraude destacaba en la misiva el auto del 20 de enero por el que el juez Velasco envió a prisión a cinco de los arrestados ya que en el mismo se "menciona que las referidas irregularidades se encuentran en al menos siete contratos públicos, los cuales podrían haber sido suscritos en el marco de ocho proyectos cofinanciados por el FEDER o Fondo de Cohesión" en el periodo 2007-2013.
Además, el funcionario comunitario recalcaba que el Banco Europeo de Inversiones también se había puesto en contacto con la OLAF a raíz de conocer la operación para informarle que este organismo financiero había concedido a Acuamed "un préstamo de una cuantía de 500 millones de euros para la financiación de varias intervenciones". Por ello, comunicaba a la Fiscalía Anticorrupción su disposición a colaborar y ya le anunciaba que "podría abrir una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea". Por todo ello, pedía un "listado de todos los contratos de obra pública que estarían afectados por la investigación", así como una "descripción de las irregularidades que habrían afectado" a los mismos y "confirmación de la cofinanciación" por parte de las autoridades comunitarias.
Un listado con 19 contratos
Anticorrupción tardó poco en reaccionar a dicha misiva. El 1 de marzo, la fiscal del caso, Inmaculada Violán, remitía al juez Velasco un escrito en el que pedía que se uniera al sumario la carta de la OLAF y, a la vez, solicitaba que se enviara a dicha Oficina Antifraude un listado de todos los contratos investigados dentro de la 'Operación Frontino' para que las autoridades de Bruselas señalaran cuáles estaban cofinanciados por fodos europeos y cuáles no. "Y, en caso afirmativo, se aporten datos concretos sobre la financiación (periodos, importe etc)", señalaba el texto para, a continuación, enumerar 19 contratos bajo sospecha, muchos más de los conocidos hasta ahora. Finalmente, también solicitaba al magistrado que exigiera a Acuamed para que aportase "información precisa sobre el origen de la financiación" de todos ellos. Seis días después, el juez Velasco aceptaba la petición de Anticorrupción y dictaba un oficio para pedir todos esos datos "a la mayor brevedad posible".
En su última misiva, la Oficina Antifraude Europea detalla que 15 de los 19 contratos investigados recibieron hasta un 80% de financiación de la UE
La segunda y última carta, por ahora, de la OLAF tiene fecha del pasado 18 de abril. Remitida en esta ocasión al juez Velasco, en ella James Sweeney, jefe de la Unidad B4 de Fondos Agrícolas y Estructurales II, detallaba quince contratos de Acuamed financiados con fondos europeos y le especificaba otros cinco sobre los que no figuraba que hubieran recibido dinero de las instituciones de las UE. En la misiva, la Oficina Antifraude Europea también informaba que habían contactado con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda), que fue la que les hizo llegar "un CD con datos sobre todos los contratos gestionados por Acuamed que están cofinanciados" para corroborarlos con la información en su poder. En este sentido, el funcionario comunitario destacaba que "en todos los casos" en los que hubo ayudas, están llegaron al 80% del importe total.
Es en esa misiva en la que la OLAF le dice al magistrado español que "desearía mantener una reunión con sus servicios a efectos de obtener más información sobre las presuntas irregularidades/fraudes cometidas por Acuamed". El objeto, señala a continuación, no es otro que "valorar la posibilidad de que la OLAF iniciara su propia investigación". El responsable de la investigación incluso le plantea la posibilidad de que su equipo se desplazase a Madrid "algún día comprendido entre el 25 y el 27 de mayo de 2016 u otro día partir de estas fechas". Siempre, eso sí a la "mejor convenencia" del magistrado de la Audiencia Nacional. En el sumario no consta si, finalmente, viajaron a España los funcionarios comunitarios y si se reunieron con el juez Velasco.
