Millonarias obras hidráulicas y algo más. La investigación del juez Eloy Velasco sobre el supuesto amaño de contratos en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) incluye ya adjudicaciones que nada tienen que ver con costosas desaladoras, caras conducciones de agua u onerosos trabajos de descontaminación de embalses. Y todo ello gracias a la declaración de un empresario que se presentó "voluntariamente" y por sorpresa en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) sólo 48 horas después de la detención el pasado 18 de enero de trece presuntos integrantes de la mafia del agua. Alfredo U.G. aseguró a los agentes que la compañía de marketing de la que era administrador único había recibido contratos de manera supuestamente irregular de la sociedad estatal y, para corroborar sus palabras, entregó un 'pendrive' con abundante documentación. La pequeña memoría informática incluía toda la información contable de la compañía supuestamente beneficiada con los nuevos pufos y, además, archivos sonoros de las llamadas telefónicas que había recibido en los días anteriores de sus socios para presionarle y que no denunciara los hechos.
El empresario aseguró que sus dos socios y una directiva de Acuamed le habían presionado por teléfono para desligar a esta última de su compañía de marketing
En su declaración, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Alfredo U.G. se presentó como el administrador único de una empresa llamada 2&Dos Soluciones Integrales de Comunicación e Imagen, de la que también eran socios otras dos personas, Ricardo M. y Ana R. Según declaró, estas personas y otras dos, entre las que se encontraba Enriqueta A.G., responsable de prensa de Acuamed y esposa de uno de los empresarios detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) en la 'Operación Frontino', Nicolas Steegmann, le habían estado presionando desde que "saltó la noticia por televisión" de los arrestos. En su testimonio, el testigo aseguró que los cuatro le habían realizado multitud de llamadas de teléfono en las que le decían que la Guardia Civil había estado en la empresa pública y lo había puesto todo "patas arriba", lo que colocaba a Enriqueta A. en "una situación delicada". Por ello, le proponían mantener una reunión "ante un abogado para firmar un documento en el que exonerasemos a Enriqueta de cualquier tipo de relación con 2&Dos".
ALfredo U.G. declaró a los guardias civiles que se negó a ello, por lo que sus interlocutores le dijeron que si no lo hacía la investigación podía alcanzar a la compañía y él podía ser detenido por "irregularidades". Pese a ello, mantuvo su posición. El empresario explicó a continuación que que 2&Dos había dejado de tener actividad unos meses antes, en septiembre de 2015, después de que entre los socios hubieran surgido fuertes discrepancias precisamente por un contrato con Acuamed. "Enriqueta quería que 2&Dos presentara ofertas para alguna licitación" que iba a hacer la empresa pública y de la, aunque no recordaba cuál era en concreto, si recordaba que su importe era cercano a los 150.000 euros. "Creía que como Enriqueta tenían relación con Acuamed y con 2&Dos, todo esto no me pareció del todo correcto y me 'olió mal", añadió a los agentes.
Sin nómina, pero con tarjeta de visita
Estos le preguntaron entonces cuál era el puesto que ocupaba la directiva de Acuamed en su empresa de marketing, a lo que el testigo reconoció que aunque no figuraba "de manera oficial" ni había estado "en nómina" nunca, le hicieron "unas tarjetas corporativas con el cargo de socia directora". De hecho, añadió que dicha persona "realizaba labores de consultoría de manera extraoficial, dado que tenía más experiencia y más contactos" con proveedores y empresas. Uno de ellos era la propia Acuamed para la que Alfredo U.S. admitió que habían realizado trabajos para el Congreso de la Asociación Internacional de Desalación (IDA) que se celebró entre agosto y septiembre de 2015 en la ciudad estadounidense de San Diego. Por ellos, dijo haber cobrado una "una cuantía cercana a 6.000 euros" que recibió tras presentar cuatro facturas y repartió con sus socios.
El testigo aseguró que la directiva de Acuamed le había facilitado ofertas de otras empresas que aspiraban a los mismos concursos a los que se presentaba la suya
Los agentes que le interrogaban también quisieron saber si entonces sabía que Enriqueta A. tenía un cargo directivo dentro de la empresa pública y si era ella la que adjudicaba estos contratos. El empresario admitió que conocía que era "la directora de Comunicación" aunque ignoraba si "era ella u otra persona" la que se encargaba de decidir a qué mercantiles iban los contratos. La Guardia Civil le preguntó entonces si "en alguna ocasión" había recibido "información privilegiada" por parte de dicho alto cargo de la sociedad estatal, a lo que respondió que sí ya que le remitió los presupuestos que otras empresas habían presentado "para la misma oferta a la que 2&Dos aspiraba" con el fin, dijo, de que conociera "el precio de mercado que las empresas daban por un servicio".
Al término del interrogatorio, Alfredo U.S. entregó "una memoria portátil USB marca Evo de color blanco sin número de serie" que contenía pruebas de sus acusaciones. Entre ellas, "toda la contabilidad de 2&Dos, la facturación de la empresa, los presupuestos que se mandaron a Acuamed, los movimientos bancarios y demás información que creo necesaria". También incluyó los archivos sonoros que grabó de las llamadas telefónicas que recibió en las que supuestamente sus dos socios le presionaron tras las detenciones para que firmara ante un abogado el documento que debía exculpar a Enriqueta A. El empresario aseguró entonces que "toda esta situación" le estaba "afectando anímicamente" y que, incluso, temía por integridad física ya que era conocedor de la influencia que tenían tanto el marido de la directiva de Acuamed, el empresario Nicolás Steegmann, como el esposo de su socia, al que no identifica.
El informe de la UCO
La denuncia del testigo sorpresa no cogió del todo por sorpresa a la UCO. De hecho, en un informe policial fechado el 2 de noviembre de 2015, los investigadores recogían que en el transcurso de las pesquisas habían intervenido un mes antes una conversación telefónica de Steegmann con su mujer en la que ambos hablaban de una mercantil cuyo nombre en ese momento desconocían y que "estaría dirigida de hecho por María Enriqueta A.". Según recoge dicho documento incorporado al sumario, del contenido de dicho diálogo se deducía que dicha mercantil había sido beneficiada "con alguna relación comercial por parte de Acuamed", además de que la misma estaba siendo administrada "por un testaferro".
Un informe de la UCO recoge conversaciones entre la directiva de Acuamed y su marido sobre la empresa de marketing que recibió los contratos supuestamente amañados
Los agentes también registraron una segunda llamada en esas fechas entre los mismos interlocutores en los que aseguraban que dicha compañía iba a ser liquidada, como así fue finalmente, y que estaban constituyendo una nueva sociedad para la que ya habían reservado un dominio en Internet con su denominación. Todo ello, además, intentando ocultar quién se encontraba realmente detrás de ella. Semanas después, cuando se produjeron las detenciones, los agentes encontraron una nueva prueba de la supuesta relación de la directiva de Acuamed con la empresa de marketing: un grupo de tarjetas de visita de 2&Dos Comunicación con su nombre y la leyenda "socia directora", como había declarado el testigo. Por el momento, no ha transcendido que el juez Eloy Velasco la haya citado a declarar ni como testigo ni como investigada.
