El 'caso Acuamed' suma un nuevo y rocambolesco episodio. La empresa pública, presidida por el número 2 del Ministerio de Agricultura, Pablo Saavedra, mantiene como máximo responsable de atender los requerimientos de información que haga el juez Eloy Velasco dentro de la instrucción por los supuestos amaños de contratos a uno de los propios investigados (antes, imputado). Se trata de Juan Alberto García Cuenca, director de la Asesoría Pública de la sociedad estatal, quien, además, en las dos ocasiones que ha sido llamado a declarar acusado de los delitos de "fraude y falsedad documental" se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado y la Guardia Civil. Su papel dentro de la causa va, incluso, más allá, ya que ha participado como representante legal de la sociedad estatal en el desprecinto y 'clonado' de los equipos informáticos intervenidos en la 'Operación Frontino' y en la presentación de escritos para reclamar objetos intervenidos. También jugó un papel importante en el juicio que se siguió en abril el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid por el despido de las trabajadoras represaliadas por denunciar los 'pufos'. Todo ello una vez que ya se encontraba bajo sospecha en la causa, según la documentación que obra en el sumario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El juez Velasco acusa al director de la Asesoría Jurídica de Acuamed de "perfilar y modificar" junto a abogados de las empresas adjudicatarias documentación para que fuera aprobada
La condición de investigado del alto cargo de Acuamed se remonta al 22 de enero de 2016, sólo cuatro días después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollaran la 'Operación Frontino' que concluyó con el arresto de 13 personas, entre ellas los principales implicados en la trama de corrupción, Arcadio Mateo, director general de la compañía, y su mano derecha, Gabriela Mañueco. Aquel día, el director de la Asesoría Jurídica fue convocado en el cuartel que el Instituto armado tiene en la localidad madrileña de Tres Cantos para declarar como "investigado no detenido" acusado de fraude y falsedad documental. Según consta en el acta que levantaron los agentes, éstos le expusieron que comparecía acusado de "colaborar de un modo necesario por su cargo en Acuamed con los letrados de las empresas privadas al objeto de perfilar y modificar la documentación necesaria para ser elevada al Consejo de Administración [de la empresa pública] y sea aprobada". Tras ser informado de sus derechos, García Cuenca manifestó su deseo de no declarar.
Sólo siete días después de aquel acto, el director de la Asesoría Jurídica de Acuamed remitía en nombre de la empresa pública un escrito al juez Velasco reclamando diverso material informático que la UCO había intervenido durante los registros que hizo en las sedes de la compañía en Madrid y Valencia el 18 de enero. En concreto, reclamaba cuatro teléfonos móviles de los principales implicados, entre ellos los de Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco, así como cuatro ordenadores, un par de tabletas (también de los dos presuntos cabecillas) y servidores informáticos. En el escrito, el abogado alegaba que la ausencia de dicho material perjudicaba "el desarrollo de las tareas propias de la actividad empresarial" de lasociedad pública. Como Acuamed no estaba personada, García Cuenca justificaba su petición en que la compañía "como persona [jurídica] afecta por la incautación, puede recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de Instrucción sin ser requerida la intervención de abogado".
Citado a declarar
El 2 de febrero, tres días después de registrar en la Audiencia Nacional dicho escrito, el juez Velasco dictaba una providencia en la que citaba a comparecer a lo largo de los días siguientes a una veintena de personas, entre testigos e imputados. Entre ellos figuraba, precisamente, Juan Alberto García Cuenca, que era convocado para el 12 de febrero a partir de las diez de la mañana "en calidad de investigado". Con esa condición, pero aún sin haber comparecido, ocho días más tarde acudía a la sede de la Audiencia Nacional de nuevo "en representación de la empresa Acuamed" para asistir, junto a dos técnicos informáticos, al "desprecinto y clonado" del material informático que se había intervenido en en la sede de la empresa pública y de otras dos compañías, entre ellas FCC, una de las constructoras salpicadas por el escándalo. Fue el único representante legal presente. Ni siquiera los letrados de los principales implicados o de las otras mercantiles afectadas acudieron al acto.
García Cuenca fue citado por la UCO a declarar como investigado el 22 de enero. El 12 de febrero lo hacía ante el juez. En las dos ocasiones se negó a hacerlo
Sólo 24 horas más tarde, volvía a acudir a la sede de la Audiencia Nacional. Era el 12 de febrero y estaba citado a declarar como imputado. Su comparecencia ante el juez Velasco fue muy breve, como había sido la que realizó ante la Guardia Civil semanas antes. "No voy a declarar hasta que se levante el secreto del sumario", le dijo al magistrado cuando éste lanzó su primera pregunta. Velasco, visiblemente enfadado por la falta de colaboración del director de la Asesoría Jurídica de Acuamed, le dejó claro en ese momento que tal vez no hubiera una segunda vez para comparecer y dio por cerrada la declaración. Dos meses después, el 13 de abril, Juan Alberto García Cuenca remitía un nuevo escrito al juez, en este caso otra vez en nombre de Acuamed y con membrete oficial de la compañía y del Ministerio de Agricultura. Era un breve texto para comunicarle que tras haber recibido el 7 de marzo anterior un oficio del Juzgado para que entrega determinada "información precisa sobre el origen de la financiación" de una serie de adjudicaciones bajo sospecha, remitía un informe. Pese a su imputación, seguía y sigue siendo el representante de la compañía del departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina ante el Juzgado Central de Instrucción número 6.
EN LA TRASTIENDA DE LOS DESPIDOS
El rol jugado hasta ahora por José Alberto García Cuenca en el escándalo de Acuamed va más allá de su condición de investigado y de representante de la empresa pública ante el juez Velasco. De hecho, también ha desarrollado un papel destacado en el despido de dos trabajadoras de la sociedad estatal que fueron represaliadas en el verano de 2015 por negarse, precisamente, a avalar los supuestos pufos que ahora se investigan en la Audiencia Nacional. Así, fue la persona que, en su condición de vicesecretario del Consejo de Administración, propuso al resto de miembros de ese órgano la salida de la empresa de ambas con el respaldo de un informe que achacaba falsamente a ambas supuestas negligencias y que había elaborado uno de los principales implicados. También propuso contratar al bufete Sagardoy para que, primero, redactara la carta por la que se comunicaba la salida de la compañía a ambas trabajadoras y, después, representara a la empresa en la vista que se celebró por el despido de una de ellas, Gracia Ballesteros, el pasado 1 de abril. A aquel juicio, que terminó dando la razón a ésta, asistió con toga el propio García Cuenca, como fue testigo este diario. Según fuentes de la propia compañía, él ha sido también la persona que ha arrastrado a Agricultura a recurrir la sentencia que condenaba al Ministerio a readmitir a dicha empleada e indemnizarla con 90.000 euros. Tanto esto como el juicio cuando ya tenía la condición de investigado en la causa.
