Nuevo escándalo en la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Los máximos responsables de la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura han decidido enviar como uno de sus representantes a un congreso internacional sobre recursos hídricos que se celebrará el próximo mes de octubre en Valencia a uno de los principales implicados en la 'Operación Frontino' que investiga un fraude masivo en obra pública. Según consta en el programa "preliminar" de las jornadas, que están patrocinadas por las principales empresas del sector, Pablo Martín, que ocupara el puesto de gerente de la Cuenca del río Júcar hasta su detención el pasado mes de enero, intervendrá junto a otros seis técnicos de Acuamed en una mesa redonda sobre una de las obras que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Se da la circunstancia que el magistrado ordenó el pasado mes de mayo a Agricultura que 'mandara a su casa' a este trabajador de la compañía ante el riesgo de que pudiera tener acceso a documentación relacionada con la investigación después de que tras su salida de prisión bajo fianza fuera reincorporado a su puesto de trabajo.
El directivo imputado en el 'caso Acuamed' figura como integrante de una mesa para habar sobre aspectos técnicos de una de las obras investigadas por el juez Velasco en la 'Operación Frontino'
Las jornadas en la que imputado directivo de Acuamed tiene previsto participar son las que organiza la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) en la ciudad de Valencia entre el 19 y el 21 de octubre. Las jornadas serán inauguradas por la consejera de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Elena Cebrián, y contarán con la participación de directivos de empresas, especialistas universitarios, integrantes de la Unión Europea, representantes de comunidades autónomas y ayuntamiento, y de dos altos cargos del propio Ministerio de Agricultura, Concha Marcuello y Ángel Cajiga, así como de organismos de EEUU y Chile. El programa recoge que Pablo Martín participará en la tercera "sesión técnica", que tendrá lugar el segundo día de las jornadas bajo el título "eficiencia energética, energías renovables y protección ambiental". En concreto, en una mesa redonda sobre "evaluación de la prueba piloto de membranas de alta eficiencia después de la construcción de un nuevo inmisario en la planta de Carboneras", precisamente una de las obras investigadas por el juez Velasco en la 'Operación Frontino'. El directivo de la compañía figura expresamente como representante de Acuamed.
La presencia de este presunto implicado en la trama en dichas jornadas -"una de las más importantes del sector", recalcan desde la propia sociedad estatal- ha caído como un jarro de agua fría entre los empleados de Acuamed, que recuerdan a este diario que mientras todo esto ocurre las dos compañeras que fueron despedidas precisamente por denunciar las supuestas irregularidades destapadas posteriormente por la investigación del juez Velasco siguen pleiteando en los tribunales para conseguir su readmisión. En el caso de Pablo Martín, Agricultura lo recolocó poco después de salir de prisión en marzo, donde había sido enviado por el magistrado al considerarle una de las piezas claves en el entramado creado por el que fuera director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, señalado como el presunto 'cerebro' de la trama de corrupción. En el auto por el que envió a ambos a prisión y a otros cuatro implicados, el juez ya destacaba que Martín era uno de los cargos de la sociedad pública que se se plegaron "sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares" de su jefe y de la mano derecha de éste, Gabriela Mañueco Pfeiffer. Todo "en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas". El juez llegaba a apuntar la existencia de pagos en especie como alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles e, incluso, la colocación de familiares en las empresas beneficiadas.
Explicaciones al juez
En mayo, y tras ser alertado por el representante de la Abogacía del Estado personado en la causa, el juez Velasco remitió un oficio a la compañía pública para que "a la mayor brevedad posible" los máximos responsables de Acuamed, entre los que se encuentra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le explicasen las circunstancias de la reincorporación a la empresa de este directivo y sus dos compañeros que entonces acababan de abandonar la prisión. El magistrado reclamaba saber qué "concretas medidas [...] se han adoptado en el seno de la empresa pública respecto de los trabajadores que son investigados en el presente procedimiento" y recordaba que se debían "garantizar los principios de actuación de funcionamiento que han de regir en el sector público y, concretamente, garantizar la protección de los intereses expuestos". El magistrado finalizaba pidiendo que "se justifique de manera precisa la existencia de una situación de riesgo de la que derive la necesidad de reforzar la protección de estos concretos intereses legítimos invocados" en referencia a las "pruebas que pudieran desaparecer".
El juez Velasco ordenó en mayo a Agricultura que enviase a su casa a este directivo para evitar que tuviera acceso a documentación relacionada con los contratos investigados.
Una semana después, el magistrado ordenaba finalmente al departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina, que 'enviase a su casa' a los tres directivos de Acuamed. En el escrito, el magistrado recalcaba que aunque todos ellos hubieran sido recolocados en funciones distintas a las que ocupaban cuando fueron arrestados, ello no eliminaba el riesgo de que a través de los equipos informáticos de la empresa tuvieran acceso a documentación relacionada con algunos de los contratos investigados dentro de la 'Operación Frontino'. Además, consideraba que su presencia en las dependencias de la empresa pública también podía influir en la actuación de otros trabajadores. En este sentido, el escrito de Velasco recordaba que su colega del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, consideró probado en la sentencia por la que ordenaba la readmisión e indemnización de una de las ingenieras represaliadas por denunciar los pufos en Acuamed, que los presuntos implicados en la trama sometieron a ésta y otros dos trabajadores a un acoso laboral que desembocó finalmente en el despido.
No obstante, el juez reconocía que la presunción de inocencia impedía, hasta que hubiese sentencia firme, despedirlos, por lo que acordaba que todos ellos fuesen apartados de sus funciones y se les impidiese el acceso a las dependencias de la compañía, aunque se les siguiera abonando sus salarios. Ahora, Acuamed envía a uno de ellos como su representante a una jornadas sobre obras hidráulicas.
