Represaliada gracias a un asesoramiento de postín. Pese a tener su propio equipo jurídico, la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) contrató al conocido bufete Sabardoy Abogados para que le ayudara "en la redacción de la carta de despido" con la que echó de la compañía a Gracia Ballesteros, una de las ingenieras que habían denunciado las irregularidades que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dentro de la 'Operación Frontino'. A pesar de ello, hace pocas semanas un juzgado de lo Social de Madrid dictaba una sentencia que obliga al Ministerio de Agricultura a readmitir a la trabajadora y a pagarle una indemnización de 90.000 euros al considerar su salida de la empresa una represalia por destapar los pufos. En ese juicio también intervinieron abogados de dicho despacho en representación de la sociedad estatal dependiente del departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina.
Acuamed justificó la contratación de Sagardoy con el supuesto "largo historial de conflictividad laboral de la trabajadora". Un juez ha terminado dando la razón a ésta
Según documentos internos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, tres de los altos cargos investigados (antes imputados) por su presunta implicación en esta trama de amaño de contratos públicos firmaron la "propuesta de gasto" que autorizó el desembolso de 1.500 euros, más IVA, por los servicios del célebre bufete Sagardoy, especializada en Derecho del Trabajo y principal asesor del Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012. Eran Arcadio Mateo, entonces director general de Acuamed y señalado como el presunto cabecilla de la red, y los directores de la propia Asesoría Jurídica, y de Administración y Finanzas, Juan García Cuenca y Carlos Anibarro, respectivamente. Este diario se puso en contacto con el Ministerio de Agricultura para saber si era habitual utilizar servicios jurídicos externos para despedir trabajadores y si se había hecho con algún otro empleado represaliado por destapar el escándalo. Al cierre de estas líneas, aún no había recibido respuesta.
Propuesta de un imputado
El documento de 'propuesta de gasto" detalla que es la Dirección de Asesoría Jurídica, dirigida por el hoy investigado García Cuenca, quien plantea la contratación para el "asesoramiento jurídico en la redacción de la carta de despido disciplinario de la trabajadora doña Gracia Ballesteros Fernández". En el mismo, sólo consta un presupuesto, el de Sagardoy Abogados SLP. Fechado el 14 de julio de 2015, dieciséis días antes de que el Consejo de Administración de Acuamed aprobase el despido de esta trabajadora y de su compañera, Azahara Peralta, lo firmaban los hoy imputados. Adjunto al mismo figuraba un "informe de necesidad de licitación" en el que se detallaba "objeto", "justificación", "procedimiento" y "propuesta" para dicho contrato. Así, y pese a que en el objeto se insiste en que consistirá en el "asesoramiento jurídico en la redacción de la carta", este segundo documento asegura que la misiva ya "ha sido realizada internamente por la sociedad", así como "la instrucción del correspondiente expediente disciplinario".
Sagardoy Abogados está especializada en Derecho del Trabajo y fue el principal asesor del Gobierno de Rajoy en la reforma laboral de 2012
No obstante, el director de la Asesoría Jurídica recalca que "en atención al largo historial de conflictividad laboral de la trabajadora, se considera conveniente por razones de oportunidad acudir a un experto independiente [con] un alto grado de conocimientos y especialización en material laboral por lo que se considera necesario recabar el asesoramiento de un abogado especialista en la materia". El documento añade que todo el procedimiento se ajusta, tanto por importe como por tipo de gasto, a las "instrucciones internas de contratación, nivel 1", y que si no se ha acudido a un procedimiento con "publicidad y concurrencia" es porque el contrato es de una cuantía inferior a los 6.000 euros "por lo que no son obligatorios a las instrucciones internas de contratación siendo suficiente un presupuesto", en este caso el del bufete Sagardoy.
Las prisas del despido
La polémica por la contratación de abogados externos para despedir a esta trabajadora va más allá del importe del contrato. Según señalan a este diario fuentes cercanas a la misma, Gracia Ballesteros presentó las alegaciones a su despido el 13 de julio, sólo un día antes de que se elaborase el "informe de necesidad de la licitación" en el que se aseguraba que ya se había realizado tanto la carta como el "correspondiente expediente disciplinario conforme a los principios de audiencia y contradicción". El 22 de julio se le entregaba la larga carta de despido, más de 45 folios, firmada por Arcadio Mateo. Ocho días más tarde, el Consejo de Administración aprobaba su salida de la empresa por unanimidad en una reunión que estuvo presidida por el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. La decisión se tomó después de que un denominado Comité de Control Interno presentará un informe que aseguraba haber encontrado "una serie de deficiencias e irregularidades" de las que acusaba a esta empleada y a su compañera Azahara Peralta. Dicho comité estaba encabezado por Francisco Javier Gómez Pastor, uno de los trece detenidos por la Guardia Civil meses después y que fue enviado a prisión por su supuesta relevancia dentro de la trama.
Acuamed aseguró haber concluido el expediente disciplinario el 14 de julio, cuando la trabajadora había entregado sus alegaciones sólo un día antes
La decisión del Consejo de Administración provocó una demanda de la trabajadora que se terminó dilucidando en un juicio celebrado el pasado 1 de abril en el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid. Semanas después, su titular, el magistrado Antonio Cervera, dictaba un fallo en el que daba la razón a la trabajadora y condenaba a Acuamed a readmitirla y a pagarle una indemnización de 90.000 euros por el "daño moral de especial gravedad" que le produjo su arbitraria salida de la empresa. El fallo consideraba probado que la mujer fue despedida "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destacaba el magistrado, estaban siendo corroboradas por la investigación de su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pese a la contundencia de la sentencia, el departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina ha decidido recurrirla.
Una postura que va en la línea que días antes mostraba su 'número 2', Pablo Saavedra, en la carta que envió a Azahara Peralta, la otra ingeniera de la empresa pública que fue represaliada por denunciar los pufos ahora investigados por la Audiencia Nacional dentro de la 'Operación Frontino'. En dicha misiva, el alto cargo de Agricultura aseguraba que el despido de ésta y de su compañero "se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente" y que el Consejo de Administración de la sociedad estatal que él presidió respaldó dicha medida con "estricto cumplimiento de la normativa aplicable". La vista por el despido de esta segunda trabajadora no está previsto que se celebre antes de enero de 2017.
