Decenas de cajas de documentación intervenida en los registros. Miles de folios de información requerida a empresas y bancos. Un sinfín de dispositivos informáticos con miles de gigas de datos en formato digital. La ingente cantidad de documentación al que se enfrentan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso Acuamed' está ralentizando el avance de la investigación, según se recoge en diversos informes incorporados al sumario. Los propios responsables de las pesquisas ya alertaron el pasado mes de febrero, menos de un mes después de que se produjeran los arrestos, que sólo de los equipos electrónicos intervenidos a los implicados se iban a extraer más de 50 terabytes de información, lo que equivale a millones de folios. A ello hay que sumar "todas las piezas documentales que se están digitalizando y que ya sólo en la sede Acuamed en Madrid superaron las 18 cajas de capacidad". Entonces, estimaban que sólo el tratamiento de toda esta información para poder comenzar a trabajar sobre ella podía "demorarse [...] entre uno y dos meses". Se equivocaron. Más de tres meses después de los arrestos aún se estaba pasando a formato digital libretas intervenidas en el domicilio del presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, director general de la empresa pública hasta su arresto.
A finales de abril, cuando ya habían pasado tres meses de las detenciones, aún se estaban digitalizando documentos intervenidos en casa del presuntos cabecilla de la trama
En la lentitud de todo el proceso está pesando la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, de extremar al máximo las garantías procesales sobre toda este material para 'blindar’ su validez legal y evitar futuras maniobras de los abogados defensores para anular una de las piezas claves para sostener las graves acusaciones de amaño de contratos de esta sociedad pública. Por ello, el magistrado ha dado instrucciones de escanear todos y cada uno de los documentos intervenidos en los registros, así como realizar el volcado de los ordenadores y memorias informáticas requisadas en la sede de la Audiencia Nacional o en las instalaciones que la Dirección General de de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia tiene en el madrileño barrio de Aluche "de forma progresiva según calendario y disponibilidad del Juzgado". Además, todo ello se realiza en presencia de un agente judicial y de aquelos abogados de detenidos e imputados que quieran están presentes en este largo y tedioso proceso. De hecho, en alguna ocasión, se ha iniciado a primera hora de la mañana de un día y ha habido que habilitar el día siguiente para completar el tratamiento de los documentos intervenidos en un único registro dado su volumen, según se refleja en las actas levantadas.
En el clonado de los aparatos electrónicos, iniciado el 8 de febrero, se ha seguido un riguroso proceso que se iniciaba con "el desprecinto de los dispositivos en sede judicial en presencia de las partes citadas a tal efecto" para, a continuación, iniciar el volcado de la información contenida en los mismos por parte de especialistas de la Guardia Civil siguiendo un riguroso portocolo que permite "obtener una evidencia digital idéntica a la original que permita su análsis sin comprometer la integridad de la evidencia original y, por tanto, preservando los datos de ésta". Para ello, los agentes están utilizando dos herramientas forenses de extracción de la información. Para el caso de los dispositivos móviles, el software denominado 'Cellebrite Touch Ufed'. En el caso de los dispositivos de almacenamientos, como discos duros y 'pendrive', la empleada es el 'ICS ImagenMasster SOLO4' que, según explica la UCO en un informe remitido al juez, "permite el clonado bit a bit y la extración de una imagen forense auténtica". Una vez extraída esas copias de seguridad, los dispositivos originales son puestos de nuevo bajo custodia judicial, mientras los agentes inician con dichas copias exactas su trabajo de análisis.
"Punto de partida"
Ello ha hecho que de los estudios "preliminares" que el juez Velasco solicitó a la UCO tan sólo dos semanas después de las detenciones "por si de ello resultaren datos que abrieran nuevas líneas de investigación" sólo se hayan podido realizar unos pocos ya que el primer material con el que contaron los agentes para trabajar se redujo a la aportada por diez empresas a las que se hizo requerimientos de información y "la copia de trabajo del volcado de algunos electrónicos obtenida 'in situ' el día de los registros", principalmente teléfonos móviles, tabletas y discos duros de los ordenadores de los principales implicados. Una documentación que los informes de la Guardia Civil insisten que "representa un mínima parte del total intervenido" y que sólo ha servido como "punto de partida" para las pesquisas. De hecho, los investigadores recalcan en sus escritos al magistrado que una vez finalizado el volcado de los 50 terabytes de información que contienen los equipos electrónicos y la digitalización de la documentación en papel se dara paso a "una amplia y laboriosa labor de análisis durante varios meses".
La UCO reconoce que el uso de palabras clave para rastrear la documentación no siempre es eficaz, por lo que tendrá que analizar "archivo por archivo"
En otro documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes detallan que para dicha labor utilizarán varios métodos de rastreo de la documentación. Uno es de "palabras clave que focalicen la búsqueda, método que facilita y agiliza la labor de análsis". No obstante, reconocen que éste no siempre es útil ya que muchas veces los documentos de interés están en formatos que no permiten hacerlo, como 'pdf' protegidos, tablas de Excel, fotografías o imágenes insertadas en documentos. En otras, por que los implicados han podido utilizar en los mismos "un lenguaje convenido" o bien se trata de una jerga, "lo que impide que se pueda fijar de antemano unas palabras de búsqueda sin haber tenido acceso al total de información". Por ello, los investigadores reconocen que "se hace necesario e imprescindible en la mayoría de las ocasiones hacer una revisión de la información archivo por archivo de los contenidos en las diferentes carpetas, seleccionando y utilizando únicamente los que serán incorporados a la causa por guardar relación con los hechos objeto de investigación". No obstante, los agentes ya destacan al juez su optimismo sobre el resultado de la investigación. "A falta de realizar un visionado completo y más detallado de toda la información, la primera impresión obtenida por parte de esta Unidad respecto al material intervenido es que se ha recopilado la información necesaria y relevante", señalan los mandos de la Guardia Civil, que también auguraban la posibilidad de que "pudieran surgir nuevas líneas de investigación o aparecer nuevas fuentes de prueba". El 'caso Acuamed' no ha hecho nada más que empezar.
LOs 'Ipad' de los cabecillas los usa ahora LA UCO
El 10 de marzo, la Guardia Civil enviaba a la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitaba que parte de los dispositivos electrónicos intervenidos a los principales implicados en el 'caso Acuamed' pasasen de manera provisional a sus manos para poder utilizarlos durante la investigación, a imagen y semejanza de como se hace habitualmente, por ejemplo, con los vehículos que se requisan a los narcotraficantes. Para ello, el escrito de los agentes, de tres folios de extensión, alegaba que los arrestados formaban una "organización criminal" por lo que su petición cumplía los requisitos recogidos en el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre "autorización para el uso provisional" de dicho material como manera de "contar con medios adecuados" para perseguir el delito.
En este caso, el material solicitado han sido cuatro tabletas, un ordenador de sobremesa y otro portatil. De ellos, dos pertenecen a Arcadio Mateo, el que fuera director general de la empresa pública hasta su arresto. En concreto, una tableta 'Ipad' y otra 'Surface'. Su 'mano derecha', María Gabriela Mañueco, también ha visto como otro de estos ingenios que era de su propiedad ha pasado a ser utilizada por los agentes. La cuarta tableta pertenecía a Pablo Martín, otro de los directivos de Acuamed arrestados y que ingresó en prisión, a quien también se le requisó un ordenador portátil de la marca Toshiba ahora utilizado por la UCO. El último dispositivo electrónico para el que solicitaron los agentes permiso al juez ha sido un ordenador de sobremesa Apple Mac. Su propietario era Francisco Javier Gómez Pastor, también alto cargo de la empresa pública. Del contenido de todos ellos se ha hecho una copia de seguridad previo a su utilización.
