Empezaron siendo media docena y ya van por cerca de una veintena. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, maneja un listado de 19 adjudicaciones realizadas por la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) dentro de la investigación sobre el supuesto amaño de contratos abierta con la 'Operación Frontino'. Son las obras sobre las que el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción tienen sospechas de que se hayan producido algún tipo de irregularidad. De hecho, en las últimas semanas, y mientras la causa aún estaba secreta, el juez ha pedido información sobre todas ellas tanto a los responsables de la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura como a la propia Unión Europea (UE), ya que la mayor parte de las mismas se cofinanciaron con fondos comunitarios. Según los datos aportados por Bruselas, entre todas suman un desembolso cercano a los 700 millones de euros.
Anticorrupción entregó el 1 de abril un escrito con la relación de todas las obras investigadas para que el juez pidiera la colaboración de la Oficina Antifraude Europea (OLAF)
En un primer momento el juez Eloy Velasco centró las pesquisas en "seis contratos públicos" de Acuamed, según recogía textualmente el propio magistrado en el auto del pasado 20 de enero por el que envió a prisión el pasado martes a cinco de los 13 detenidos, aunque en realidad en dicho documento citaba siete obras hidráulicas. Se trataba de las realizadas en la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, ligadas mediante una "compensación indebida" a las de descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona; la construcción de una presa para prevenir avenidas en la Rambla Gallinera, en Valencia; el proyecto de la desaladora en Torrevieja (Alicante), considerada la mayor de Europa; la instalación de conducciones para llevar agua a Campello y Mutxamel, en la misma provincia levantina; las obras para colocar entre 10 y 20 kilómetros de tuberías en Cerro Colorado (Murcia), y la presa del Río Serpis, en Valencia.
A todas ellas se han ido sumando desde entonces nuevos contratos, según se recoge en varios documentos judiciales a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Uno de ellos es el que la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 1 de marzo en la Audiencia Nacional para que el magistrado solicitase a la Oficina Antifraude Europea (OLAF) información sobre la cofinanciación de estos proyectos. En dicho texto, se incorporaba un listado que se iniciaba con las siete obras ya investigadas desde el inicio, pero a los que sumaba otros doce. El Ministerio Público también pedía que se reclamara a la propia Acuamed "información precisa sobre el origen de la financiación" de todos estos trabajos.
Colectores, más desaladoras, aguas residuales...
Uno de estos doce contratos que se han incorporado recientemente a la investigación es el referido a las obras de emergencia de tubería principal de conducción de agua desalinizada al Valle de Guadalentín, ligado a su vez a los trabajos ya bajo sospecha en el embalse de Cerro Colorado. A éste se suma el contrato para la instalación de tuberías de abastecimiento en Benicassin; un nuevo colector oeste de La Albufera; las obras para recuperar los excedentes invernales del río Belcaire; las desaladoras de Sagunto, Oropesa y Moncofa; las obras para la reutilización de aguas residuales depuradas tanto en La Albufera Sur como en Sueca; la segunda fase de la conexión Carbonera-Valle Almanzora; las obras de ordenación y terminación de la reordenación de aguas residuales de la planta de Pinedo (Valencia), y los colectores y obras accesorias para el saneamiento en Algeciras. Un trabajo, este útlimo, en el que la investigación ha comprobado las supuestas maniobras del cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, director general de Acuamed, para agilizar la adjudicación a instancias del alcalde 'popular' de la localidad gaditana.
En los nuevos contratos investigados hay tres desaladoras y varios trabajos para la reutilización de aguas residuales depuradas, así como colectores
La petición de información sobre las 19 obras fue trasladada por el juez Velasco días después tanto a la OLAF, como a la propia Acuamed. El organismo europeo remitió a la Audiencia Nacional a medidados de abril una "nota informativa" en la que detallaba cuáles de todas ellas habían sido financiadas hasta en un 80% por las autoridades de Bruselas con cargo a los fondos comunicatios y en cuáles no hubo aportación de dinero comunitario. De todos ellos, al menos quince recibieron ayudas de la UE. Algunos de ellos, divididos en varios contratos.
El informe de la OLAF detalla tanto el contrato concreto, como el nombre de la empresa contratista y el importe al céntimo de la adjudicación, así como si la cofinanciación se produjo con cargo a los Fondos de Cohesión FEDER o mediante créditos del Banco Europeo de Inversión (BEI). Esta entidad financiera ya ha comunicado a las autoridades de Bruselas que en 2012 entregó un préstamo de 500 millones de euros a Acuamed "para la financiación de varias intervenciones [...]. Algunos de los contratos mencionados anteriormente podrían haberse llevado a cabo en el ámbito de dichas intervenciones", destaca un documento de la Oficina Antifraude Europea que plantea la posibilidad de abrir su propia investigación en caso de confirmarse la sospecha "de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión".
