Miguel Arias Cañete no es el único ex ministro 'popular' cuyo nombre aparece en el sumario del caso Acuamed. Dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados al mismo hacen referencia expresa también al que fuera presidente del Congreso y máximo responsable de Defensa Federico Trillo-Figueroa, actual embajador en Londres. Y lo hacen para destacar las supuestas maniobras que uno de los principales implicados en la trama, el empresario Nicolás Steegmann, realizó para el supuesto amaño de uno de los contratos investigados. En concreto, se cita al político del PP para destacar su parentesco con Jesús Trillo-Figueroa, integrante junto al que fuera secretario de Estado con José María Aznar, Benigno Blanco, del bufete que contrató Steegmann para aprovechar la "influencia" que ambos tenían "hacia altos cargos de la Administración". El documento policial detalla que el hermano del ex ministro y su compañero elaboraron un dictamen favorable a los intereses del empresario y llegaron a participar en reuniones con miembros del Consejo de Administración de la empresa pública para imponer su criterio. Según se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas, en dichos encuentros se iba a aprovechar que "el Trillo era muy amigo del padre de Isabel", una de las integrantes de dicho órgano de la empresa pública que era el que, finalmente, tenía la última palabra sobre dicho contrato.
Dos informes de la UCO destacan que uno de los empresarios imputados contrató al bufete de Jesús Trillo para aprovechar su "influencia hacia altos cargos de la Administración"
Los documentos elaborados por la UCO detallan que Steegmann, uno de los cinco detenidos en enero que fue enviado por el juez Eloy Velasco a prisión, encargó un "informe-dictamen" al despacho de abogados Iuris Family Office, en el que figuran como "juristas adscritos" tanto "el hermano del [ex] ministro Federico Trillo-Figueroa de nombre Jesús", como Benigno Blanco, antiguo alto cargo en los ejecutivos de Aznar. El empresario quería que ambos redactasen un documento que justificase que su empresa, Altec Infraestructuras SA, "pudiera continuar con la fase de ejecución del segundo tramo de la conducción" en las obras del Embalse del Cerro Colorado que debía llegar agua desde la planta desalinizadora de Aguilas hasta la zona de regadíos de Murcia. Una obra que se había adjudicado en 9,1 millones de euros. La Guardia Civil considera que la elección del bufete no fue casual ya el empresario consideraba que tanto Benigno Blanco como el hermano de Trillo, "que es abogado del Estado", podían influir en "ciertos altos cargos de la Administración ayudando a la resolución de la problemática jurídica del contrato y la justificación para que pueda continuar Nicolás Steegmann con la ejecución del segundo tramo de contrato".
La UCO destaca que dicho dictamen fue firmado por ambos miembros del bufete y que una copia del borrador y, después, del texto definitivo fue entregado por el propio empresario a diversos directivos de Acuamed aprovechando que el propio Steegmann tenía una "relación fluida con varios de los trabajadores" de la sociedad estatal. El objetivo era que éstos se lo hiciesen llegar, a su vez, "a los funcionarios responsables de emitir informes vinculantes para que se continúe con la ejecución del contrato". Entre los que recibieron en mano del empresario dicho documento se encontraban tres de los presuntos cabecillas de la trama detenidos: el director general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo; su mano derecha, Gabriela Mañueco, y el directivo Francisco Javier Gómez Pastor. Al primero de ellos, se lo entregó durante una comida celebrada en abril de 2015 en un restaurante especializado en comida argentina de Madrid que fue controlada por los agentes de la UCO, que ya sometían a vigilancia a los principales integrantes de la llamada 'mafia del agua'. El objetivo final de todas esta maniobras, apunta el informe policial, era que entre todos vencieran las reticencias jurídicas que pudiera plantear el abogado del Estado al supuesto amaño.
"Él tendría fácil acceso"
Sin embargo, el papel que Steegmann quería que jugasen Jesús Trillo y su compañero de bufete iba más allá de la redacción del dictamen y, de hecho, intentó aprovechar la supuesta influencia de ambos en el Ministerio de Agricultura. Así, la UCO destaca en su informe que en una de las conversaciones intervenidas al empresario éste destacaba a su interlocutor, uno de los directivos de Acuamed, que "Benigno [Blanco] le comentó que el Trillo era muy amigo del padre de Isabel [en referencia a Isabel Bonelli, secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública], muy muy amigo, dice que él tendría fácil acceso a (ininteligible)... para hablar de esto. Además que podría hacerlo en el sentido que 'mira, un cliente mío nos ha pedido esto y yo, simplemente por curiosidad, queríamos contrastar tu que piensas". En otra llamada telefónica entre los mismos interlocutores, era el alto cargo de la sociedad estatal quien comentaba que "la Secretaría de Estado le tienen una consideración al Benigno Blanco de cojones" ya que éste había formado parte en su día de la comisión que había redactado la Ley de Aguas, y en la que habían participado Arcadio Mateo, Isabel Bonelli y el que fuera secretario de Estado de Medio Ambiente, y también imputado en la causa, Federico Ramos de Armas.
El hermano del ex ministro y un ex secretario de Estado de los Gobiernos de Aznar elaboraron un dictamen que favorecía al empresario de la trama y se reunieron con altos cargos de Acuamed
Según se desprende de las conversaciones, Steegmann también aspiraba a que Arcadio Mateo presionara a su favor en Agricultura con el dictamen de Blanco y Trillo. "Si éste coge el informe y se va a ver a Liana [Ardiles, directora general de Agua, también imputada] y se lo cuenta... éste tendrá mucha más fuerza que si lo hacemos nosotros por debajo, ¿no?", le decía el empresario a uno de sus interlocutores en Acuamed, Francisco Gómez Pardo. De hecho, destacaba que "si Arcadio convenciera a la directora se pasarían por el forro de los cojones lo que dijera Pablo", en referencia al abogado del Estado que debía elevar al Consejo de Administración de Acuamed un dictamen sobre la viabilidad legal o no del modificado al que aspiraba el empresario. De hecho, Steegmann le comentaba días después a su esposa, trabajadora de Acuamed, y a un delegado de Altec, su empresa, que se había reunido ya en persona con Liana Ardiles y que ésta no sólo había quedado "encandilada" por el dictamen de Jesús Trillo y Benigno Blanco, sino que, incluso, había dado autorización a este último para que "vaya a hablar con la abogada del Estado para intentarla convencer". No sería el único encuentro del empresario con la directora general del Agua, ya que más adelante come con ésta y con un subsecretario del Ministerio de Agricultura precisamente para tratar "lo del modificado de Cerro Colorado".
"Sin membrete y sin firmas"
Entre las maniobras que el presunto cabecilla de la 'mafia del agua' continuó intentando con directivos de Acuamed estuvo la de remitir el dictamen elaborado por el bufete de Jesús Trillo "sin membrete y sin las firmas" a Isabel Bonelli, la secretaria del Consejo de Administración de la empresa pública cuyo padre tenía supuestamente amistad con el hermano del ex ministro. De hecho, en otra de las conversaciones intervenidas, Steegmann aseguraba que Blanco y Trillo se habían llegado a reunir con ella. No sería la única vez. Más adelante, el 21 de mayo de 2015, ambos abogados, junto al propio empresario, volvieron a tener un encuentro con esta integrante del órgano de dirección de Acuamed y el abogado del Estado, los cuales supuestamente se comprometieron "en mirar el asunto del modificado". El informe de la Guardia Civil destaca que a lo que aspiraba Steegmann era una clara "irregularidad administrativa" ya que pretendía "modificar un contrato que estaría ya contractualmente expirado" y que, por ello, el objetivo final de todos estos contactos era buscar "alguna razón para justificar su continuidad [la de la compañía del presunto integrante de la trama] en la ejecución" de la obra.
Finalmente, el informe del bufete de Jesús Trillo "no sirvió", pero los directivos de Acuamed compensaron al empresario con la adjudicación de un proyecto de emergencia
De hecho, durante la investigación, los agentes constataron que el empresario "no duda en ponerse con contacto con los funcionarios de Acuamed para tratar de imponer su criterio" y, para ello, intercambió diversos correos electrónicos en aquellas fechas. Finalmente, el 26 de mayo recibía una llamada de Gabriela Mañueco, la mano derecha de Arcadio Mateo, en la que ésta le informaba de que "van a tramitan el famoso modificado del 10%", que el propio Nicolás cuantifica en "los 700.000, los 900.000 [euros]", por lo que considera que "al final no sirvió lo de Benigno", en referencia al dictamen elaborado por los dos abogados del despacho de Jesús Trillo. "Por lo menos lo hemos intentado", añadía. Eso sí, la 'número 2' de Acuamed y de la trama le adelantaba que "van a sacar lo otro, con lo de la sequía", un proyecto de emergencia con el que supuestamente le intentaban "compensar". "A pesar de haber intentado influir en todos los organismos de la Administración para poder llevar a cabo el total de la obra y así el beneficio obtenido por su empresa fuera mayor, no ha sido satisfactoria en este sentido", concluye uno de los dos documentos policiales donde se cita al ex ministro de Defensa y su hermano.
