La titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, la juez Rosa María Freire, ha dado un ultimátum a la Fiscalía de Madrid que mantiene paralizada la causa del borrado de los discos duros que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, tenía depositados en la sede nacional de la formación en Génova 13.
Se da la circunstancia de que el Partido Popular solicitó el pasado mes de abril a la instructora de la causa que archivase las presentes diligencias previas abiertas por el borrado de las memorias de los ordenadores portátiles de Bárcenas alegando que no ha existido "imprudencia de ningún tipo" por parte de la formación política, ni de su actual tesorera Carmen Navarro ni del jefe de los servicios jurídicos, Alberto Durán. Para que el Ministerio Público informase sobre si se debía acordar o no el sobreseimiento solicitado, la juez Freire envió hace tres meses al fiscal el sumario con la causa original sin que, de momento, éste haya sido devuelto a la magistrada de Plaza de Castilla (Madrid).
La Fiscalía lleva tres meses reteniendo la "causa original" de los discos duros sin enviar su informe a favor o en contra del archivo del procedimiento
Así lo refleja una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde la juez Freire da un ultimátum a la Fiscalía: tiene cinco días para informar a favor o en contra de si se debe archivar el procedimiento y para entregar el sumario al Juzgado de Instrucción Número 32 de la capital. En la resolución la instructora sostiene que "se acuerda requerir al Ministerio Fiscal a fin de que en el plazo improrrogable de cinco días devuelva la causa evacuando el trámite que le fue conferido por providencia el 28 de abril".
De momento, el juzgado no ha notificado a las partes la respuesta de la Fiscalía por lo que todo parece indicar que este órgano aún no ha devuelto a la juez el procedimiento ni ha posicionado sobre el posible archivo, según sostienen distintas fuentes consultadas por este periódico.
El PP pide el archivo definitivo
No obstante, en los próximos días el acusador público deberá informar de si apoya o se opone al "sobreseimiento libre" de este procedimiento solicitado por los populares. El sobreseimiento libre, a diferencia de un archivo provisional, equivale a "cosa juzgada", según recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En esta causa se encuentran actualmente imputados -según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "investigados"- el propio PP como persona jurídica, su tesorera Carmen Navarro, el representante legal del partido Alberto Durán, y el jefe de informática de los populares, José Manuel Moreno por un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento.
La jueza Freire dio el pasado 30 de junio un ultimátum al Ministerio Fiscal: en el plazo de cinco días debía entregar el sumario a su juzgado
Hasta ahora, los acusados han defendido una estrategia común basada en afirmar que los discos duros que Luis Bárcenas dejó en la sede nacional el PP estaban vacíos y que, además, eran propiedad del partido. En contraposición, el extesorero sostiene que en esos ordenadores portátiles había "información relevante" de la presunta contabilidad B de la formación de Mariano Rajoy.
Sin embargo, Bárcenas, que actúa como testigo en esta causa, también ha reconocido que no guarda copia ni de los recibís de sobresueldos ni de los pagos en B para financiar las distintas campañas electorales ni de ninguno de los múltiples documentos que almacenaba en el Mac y Toshiba, cuyas memorias internas fueron destruidas 35 veces.
