Hasta ahora, los hogares podían ahorrar en su recibo de la luz tratando de consumir menos, pero con la reforma eléctrica del Gobierno de poco sirve, porque el término de potencia, es decir, la parte fija que representa la mitad de la factura, ha subido un 60%.
Por mucho que se evite poner el aire acondicionado o la calefacción eléctrica o se prescinda de la vitro, el lavavajillas o la plancha, todo ahorro que se consiga será engullido por el subidón del término fijo de potencia, que para una casa con una potencia de 5,7 kilovatios (kw) supone un sobrecoste anual de 74,4 euros.
Para luchar contra la nueva ofensiva del Ejecutivo para subir la luz, unas 20 organizaciones se han unido para crear la plataforma #bajatelapotencia, que invita a los más de 24 millones de hogares españoles a adaptar su potencia contratada a su consumo real.
“En muchos domicilios, la potencia contratada es mayor de lo necesario por lo que, ahora que el término de potencia es el más caro, los ciudadanos que quieran pagar menos pueden aprovechar para hacerlo simplemente revisando su factura y bajando la potencia contratada para adecuarla a sus necesidades reales de consumo”, predica la plataforma impulsada por una variada panoplia de organizaciones como FACUA-Consumidores en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam, WWF, Fundación Renovables, Anpier y Coag, entre otras.
Bajar la potencia contratada tres tramos supone un ahorro de hasta 156 euros al año, sobre una factura media por hogar en España de 794 euros anuales
Según la iniciativa, el consumo medio de un hogar en España, según el IDAE, es de 3.487 Kw/hora, de forma que “el ahorro para una familia (en la tarifa de último recurso, TUR) por bajarse un tramo la potencia sería de 52,14 euros al año, por dos tramos sería de 104,29 euros, y por tres, 156,43 euros al año”.
Dado que el recibo de un hogar promedio es de 794 euros al año, según las estimaciones de las organizaciones de consumidores, el ahorro por rebajar la potencia tres tramos (por ejemplo de 5,75 a 2,3 kilovatios contratados) sería de un 19,64%, es decir, uno de cada cinco euros de la factura.
Pero es más, en España hay 8,6 millones de segundas residencias que sólo se habitan unas semanas al año y nada en el caso de los pisos cerrados. Teniendo en cuenta que todas estas viviendas sólo pagan el término fijo porque no consumen electricidad al no estar habitadas, el ahorro por bajar la potencia al mínimo sería exponencial para sus propietarios.
El ahorro sería exponencial para las 8,6 millones de segundas residencias, habitadas pocas semanas al año pero que mes tras mes tienen que abonar el coste fijo del recibo
La plataforma #bajatelapotencia surge en un momento en el que están proliferando las rebeliones ciudadanas y organizativas contra el Gobierno y las compañías eléctricas por las desorbitadas subidas de la luz, que han convertido a España en el tercer más caro de la UE. La última ha sido la plataforma de compra colectiva de electricidad de la OCU.
Los impulsores de #bajatelapotencia han mostrado su “indignación y preocupación” porque el Ministerio de Industria y Enegía, que dirige José Manuel Soria, haya optado por cargar buena parte de los costes eléctricos al consumidor final.
El término fijo de potencia, que ha subido un 60% con la reforma energética del Gobierno, pesa un 50% en el recibo total. La otra mitad corresponde al consumo real de energía
Según las organizaciones de consumidores, la subida del término de potencia supondrá unos ingresos de 1.500 millones de euros para el sistema eléctrico, que saldrán del bolsillo de los ciudadanos y que irán destinados a reducir parte del déficit de tarifa.
También critican desde la plataforma que Soria dé la puntilla con estas subidas a las iniciativas de ahorro energético promovidas desde hace años y entierre el autoconsumo (la producción de energía fotovoltaica desde los hogares para consumo propio y para verter en la red) al imponer unos peajes de acceso que hacen inviable los proyectos.
Los clientes interesados en participar en #bajatelapotencia pueden apuntarse en la web creada para ello, en la que se informa del proceso a seguir: un sistema para medir la potencia contratada que cada hogar necesita y hacer llamada voluntaria a la compañía eléctrica para pedir bajar la potencia contratada. Así de sencillo.
