Los consultores y los despachos de abogados tienen que tranquilizar a sus clientes energéticos estos días. El ‘impuestazo’ para las energéticas que prepara el Gobierno solo acecha a un 'selecto' grupo. En concreto, la medida que aprobó en el Congreso apunta hacia 11 grandes operadores energéticos, que van desde gigantes como Iberdrola a grandes operadores regionales como es el caso de Disa.
El nuevo gravamen que prepara el Gobierno para el sector energético, que está a la espera de las precisiones de Bruselas y de las enmiendas del Congreso, castiga a aquellas que cumplan ciertos criterios. Según explica la proposición de ley de Unidas Podemos y PSOE, el primer requisito para sufrir este castigo es ostentar la condición de operador principal para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta etiqueta se distribuye en las resoluciones de la CNMC del 10 de diciembre de 2020 y la resolución del 16 de diciembre de 2021, que fue modificada el 9 de junio de 2022. Este registro del organismo de competencia menciona a Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies, EDP, Repsol, Cepsa, BP España, Península Petroleum, Petronieves y Disa Corporación Petrolífera.
Este grupo de once compañías se puede librar de algún gran operador si sus resultados no han sido tan exitosos en este ejercicio. La medida excluye a los grupos y entidades con menos de 1.000 millones de euros de cifra de negocios y a aquellos grupos en los que la actividad energética no es su actividad principal (inferior al 50% de su cifra de negocios). El requisito hace que Acciona, por el gran peso de la actividad concesionaria en su facturación, o Galp, que no alcanza los parámetros de facturación, se libren de este listado.
Algunos inversores extranjeros han contactado con sus asesores en España para conocer los detalles de este temido impuesto y para saber si les afecta. Esta lista de once empresas sirve como referencia para los consultores para tranquilizar a aquellos que pretenden seguir invirtiendo su dinero en sectores pujantes como el desarrollo de parques eólicos o fotovoltaicos.
El Gobierno quiere recaudar 2.000 millones al año con su impuesto a las energéticas. Y en su proposición de ley habla explícitamente que este gravamen afecta a todo el sector energético: eléctrico, gasista y petrolero. Mientras que Bruselas considera que se debe intervenir las tecnologías inframarginales del mercado eléctrico y pedir una ‘contribución solidaria’ a los operadores de hidrocarburos.
Las energéticas, a la espera de cambios
Este viernes, tras la reunión extraordinaria de los ministros de Energía en Bruselas, puede que se termine desvelando cómo va a casar esta diferencia. La propuesta de PSOE y Unidas Podemos señala que los 2.000 millones al año vendrá con una prestación fija en el 1,2% de “su cifra de negocios”. La Comisión Europea, en su reclamación de ‘contribución solidaria’ de petroleras y gasistas, deja bien claro que se debe tener en cuenta los ‘profits’ (beneficios).
Los consultores que revisan la medida cuestionan si un impuesto sobre "beneficios extraordinarios" es la mejor alternativa desde el terreno fiscal. Y los despachos de abogados ya preparan su actividad por los problemas jurídicos que salgan de la norma. Los grupos de empresas afectadas por la norma y qué sucede si aparecen "pérdidas extraordinarias" después de aplicarse el impuesto pueden abrir una brecha.
El impuesto está inspirado en medidas que ya están vigentes en algunos Estados miembros. El impuesto italiano es un claro ejemplo. En este sentido, la Comisión europea ya ha señalado que las medidas nacionales no coordinadas podrían poner en peligro la cadena de suministro en la Unión Europea. Como explican los expertos, Bruselas exige que, si cada país apuesta por su 'impuestazo', debe cumplir con sus normas. Y este aspecto generará, según el sector, más conflicto.
