Los fabricantes de tecnología temen una 'fuga' de compradores a webs extranjeras cuando en enero se aprueben las modificaciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, impulsada por Alberto Garzón, ministro de Consumo. El motivo es que las condiciones que prepara su cartera provocarán una subida de precios que permitirá encontrar en otros mercados europeos los mismos productos a un precio inferior. La ley comenzará a caminar en enero de 2022.
Una de las modificaciones más complicadas para los fabricantes tiene que ver con la obligatoriedad de brindar una garantía de diez años en piezas a quienes compren un producto tecnológico. Hablamos de ordenadores, tablets, frigoríficos, microondas o televisores, por citar algunos ejemplos. Otra tiene que ver con las devoluciones por disconformidad con el producto, que comprenderán dos años desde la compra del mismo. Tal y como publicó este medio, los fabricantes barajan subidas de hasta un 10% por las condiciones que establecerá el nuevo marco legal.
El hecho de que esté garantizado que un usuario de cualquier país de la Unión Europea (UE) pueda comprar por Internet productos desde todos los Estados miembro genera suspicacias entre las marcas de tecnología. Consideran que cae por su propio peso que, si un producto es más barato desde cualquier otro país, será comprado allí, y no en España.
"La única diferencia, aparte del precio, respecto a la compra de un mismo producto en otro país, es que seguramente no llegue tan rápido. De su recepción en 24 o 48 horas se pasará a 72 horas o más. Si el usuario no tiene prisa es muy posible que, atendiendo al precio, prefiera comprar fuera de España", explican fuentes del sector.
Los fabricantes agitan las tripas del Congreso buscando socios con los que, si bien no van a tumbar al completo la propuesta de Garzón, pretenden rebajar el tono de la ley
"Donde se va a ver más esa tendencia a comprar fuera va a ser en productos en los que no hay teclado físico. El hecho de que en España tengan que tener la letra 'ñ' condiciona mucho la compra de productos en el extranjero, ya que no poseen esta letra. En esos otros en los que no hay teclados físicos la condición de precio es la que va a mandar, y si no hay demasiada necesidad temporal de tenerlo, habrá muchas personas que lo comprarán fuera para ahorrar", explican otras fuentes consultadas por Vozpópuli.
En un escenario como este, las marcas maniobran en el Congreso buscando socios con los que, si bien no van a tumbar al completo la propuesta de Garzón, pretenden rebajar considerablemente sus exigencias.
Objetivo, sortear la ley Garzón
Una década entera de garantía de piezas supone un desembolso extra no solo en espacio para almacenarlas, sino también en el transporte de las mismas desde China, la fábrica del mundo. No hay que olvidar la escalada de precios, en lo que a logística se refiere, causada tanto por el precio del combustible como por la alta demanda de productos tecnológicos -como tablets y ordenadores- provocada por el coronavirus, que ha disparado el trabajo a distancia y la enseñanza en remoto.
Una de las fórmulas que manejan los fabricantes para sortear la parte más dura de la ley Garzón es directamente cambiar el producto por su nueva versión en lugar de arreglarlo. "Al final, sumando los costes de almacenamiento y transporte, se va a dar la circunstancia en muchos casos de que va a ser más rentable cambiar el producto por su nueva versión, siempre y cuando el cliente pague la diferencia del coste", aseguran fuentes del sector consultadas por este diario.
