El posible fin de Muface sigue agitando a los funcionarios y a la sanidad pública. El 'no' de las aseguradoras a la propuesta del Gobierno ha dejado desierta la licitación y la amenaza de que no se consiga un nuevo concierto aumenta por días. En caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo, más de un millón de funcionarios tendrían que pasarse a la Seguridad Social, gestionada por las consejerías de salud de cada comunidad autónoma. Así, el Gobierno traspasaría la gestión de la sanidad de los funcionarios a las autonomías, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular.
Además de que es el partido con mayor cantidad de Gobiernos autonómicos, los datos demuestran que precisamente las comunidades del Partido Popular son las que se verían más afectadas por el fin de Muface. Es decir, que el Gobierno no solo dejaría de tener que gestionar la sanidad de los funcionarios a través de las mutualidades, sino que 'endosaría' el problema al PP, que tendrá que asumir la mayor parte de los problemas: es el partido que más CCAA gobierna y además éstas son las que más perjudicadas salen.
En el año 2023, el 29,74% de los funcionarios de Muface optaron por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mientras que el 70% restante aprovechó el servicio de las aseguradoras privadas. De los 1.537.701 funcionarios que podrían acceder a la mutualidad, 508.703 optaron por Adeslas, 363.946 por Asisa y otros 207.711 por DKV Seguros, mientras que 457.307 apostaron por la sanidad pública. Es decir, que si finalmente Muface desaparece, tendrían que incorporarse al sistema público 1.080.360 de funcionarios, aunque es posible que una parte de ellos opte por abrirse un seguro privado.
El impacto, en cualquier caso, no sería igual en todas las comunidades. De hecho, las más afectadas en relación al número de funcionarios que hay serían las del PP.
Según el informe del propio Muface 'Mutualistas y Beneficiarios según elección de Entidad Sanitaria', correspondiente a 2023, el porcentaje de funcionarios que escogen la sanidad pública varía mucho según la CCAA. Las que tienen un menor porcentaje de funcionarios que ya forman parte del INSS son las que atravesarán más problemas porque tendrán que acoger de golpe a más trabajadores.
El impacto de Muface según las CCAA
Como se puede confirmar en el gráfico siguiente, con datos del citado informe, las seis comunidades más perjudicadas están gobernadas por el PP, además de las dos ciudades autónomas. No es hasta la posición décimoprimera donde encontramos a una comunidad gobernada por el PSOE.
Por ejemplo, en Andalucía, la sanidad pública solo atiende al 19,21% de los funcionarios de Muface, por lo que tendría que incorporar a más del 80% de los 322.868 funcionarios que hay en dicha CCAA si finalmente no se consigue renovar el concierto.
La situación es similar en Extremadura, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón y Castilla y León, todas ellas con Gobiernos del PP, con tasas de funcionarios que ya están atendidos en la sanidad pública muy bajas: 26,03%, 28,02%, 28,69%, 29,65% y 30,38%, respectivamente. En cualquier caso, las zonas más perjudicadas serían Ceuta y Melilla (13,57% y 14,43% en cada una).
Por su parte, todas las comunidades gobernadas por el PSOE están ubicadas en el top 10 de menos perjudicadas. Navarra es la que saldría mejor parada de toda España, ya que 56,04% de sus funcionarios ya forman parte del INSS.
En segunda posición se cuela una CCAA del PP, Islas Baleares, con un porcentaje de inserción de los funcionarios en el sistema público del 49,61%. A continuación iría Asturias (43,87%), gobernada por el PSOE, Galicia (37,54%) y Cataluña (36,75), también socialista, terminando de conformar el mapa de las cinco autonomías menos perjudicadas en el hipotético fin de Muface.
Las CCAA se revuelven contra el fin de Muface
Como puede verse, algunas comunidades autónomas afrontarían una situación complicada con colapso de Muface. De hecho, desde algunas consejerías de sanidad ya se han pronunciado.
"Esto es otra ocurrencia más de Mónica García que no está ni meditada ni ponderada. El anuncio viene acompañado sin ningún tipo de memoria económica, ni ninguna planificación. Corresponderá al ministerio y al Estado determinar, asumir y explicar cómo abordan la medida de la hipotética supresión de Muface", denuncian fuentes de la consejería de Sanidad de la Comunidas de Madrid en conversaciones con Vozpópuli, haciendo evidente la tensión política que se está viviendo el posible fin de Muface.
