El pasado jueves, el Gobierno de Mariano Rajoy logró sacar adelante en el Parlamento el Real Decreto Ley que reforma el sistema de la estiba portuaria, en medio de un clima de tensión por las airadas protestas de una representación de trabajadores del sector que asistían al pleno desde la tribuna de invitados del Congreso. Los estibadores sostienen que la nueva normativa, con la que España cumple al fin con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada a finales de 2014, supone el fin del empleo estable en el sector. Una postura nada alejada de la que sostenía el propio Gobierno hace algo más de dos años, cuando pretendía evitar la condena de los tribunales europeos. Una posición nada alineada con el supuesto tinte liberal que exhibía del Ejecutivo.
Resulta llamativo que los planteamientos del Gobierno y los estibadores, tan encontrados y distantes en los últimos meses, tuvieran tantos puntos en común poco tiempo atrás. Pero el proceso seguido contra del Reino de España en el TJUE, no deja lugar a las dudas. Las alegaciones de la Abogacía del Estado recogidas en la sentencia que condenó a reformar el sistema la estiba por atentar contra los principios de libertad de establecimientos recogidos en los Tratados de la Unión podrían haberlas defendido sin el menor problema los sindicatos del sector.
Así, la defensa del Reino de España se basó en que la restricción con la que se encontraban las empresas estibadoras para contratar personal (toda vez que los empleados tenían que pertenecer forzosamente a las sociedades de gestión de estiba portuaria, las ya célebres Sagep) “resulta necesaria para garantizar la protección de los trabajadores”.
Un argumento utilizado de manera recurrente por los sindicatos del sector para enfrentarse a la reforma que proponía el Ejecutivo para cumplir con la sentencia y que, finalmente, ha logrado convalidar en el Parlamento (tras una histórica derogación del Real Decreto anterior en marzo), lo que ha generado una convocatoria de huelga de ocho días en los puertos como manifestación de protesta.
En las citadas alegaciones, la Abogacía del Estado hacía hincapié en que el servicio portuario de manipulación de mercancías “constituye un servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público cuyo objeto es garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio”. Un servicio de interés general que correría peligro, de acuerdo con lo defendido entonces por el Gobierno, con el cambio de sistema exigido por la Comisión Europea.
Pero además, el Ejecutivo iba aún más lejos y argumentaba que las soluciones alternativas propuestas por el Gobierno comunitario para modificar el régimen de la estiba (que se basaban en que las empresas pudieran proporcionar formación a trabajadores del mercado libre) “supondrían asimismo cargas financieras significativas, así como modificaciones en lo que atañe a la plantilla de la empresa, sus estructuras de empleo y sus políticas de contratación y tampoco serían idóneas para garantizar la protección de los trabajadores”.
Una exposición de motivos que no convenció al TJUE, que decidió fallar contra el Estado y obligarle a cambiar el régimen de la estiba. Una decisión que le ha costado mucho tomar al Ejecutivo, que incluso desaprovechó un año de mayoría absoluta para realizar la modificación normativa y que después se vio inmerso en largo periodo en funciones que le ató de pies y manos. Vistas las argumentaciones presentadas ante el tribunal europeo no es de extrañar el recelo a la hora de acabar con un sistema monopolístico en el que, como quedó reflejado por escrito, creía firmemente como garantía para proteger el empleo en los puertos.
Pero esta resistencia y los 300 días de Gobierno en funciones han sido los ingredientes de un cóctel que han terminado por explotar con la presión de los estibadores, por un lado, y la de la Comisión Europea por el otro, con un segundo proceso abierto por el incumplimiento de la sentencia de diciembre de 2014 que podría culminar en una sustanciosa multa para el Estado.
Los sindicatos y la patronal se consideran engañados por el Gobierno, que les había prometido consultarles el contenido de la reforma y se sentarán el lunes a negociar sobre el nuevo Real Decreto, a 48 horas de la primera de las ocho jornadas de huelga previstas para protestas contra la nueva normativa. Porque los representantes de los trabajadores consideran que ésta no garantiza su protección. Igual que aquel Gobierno de 2014.
