La legislatura se da por agotada en todo lo que atañe a reformas estructurales. Ya sólo queda la larga carrera electoral que arranca con las europeas del 25 de mayo, continúa con las municipales y autonómicas de mayo del año que viene y concluye con las generales de noviembre de 2015. Año y medio en clave electoral en el que el Gobierno de Rajoy se la juega. Y precisamente eso está condicionando el calendario de todas las medidas pendientes.
Por el momento, aprovechando que la Comisión Europea también necesita vender el éxito de la terapia a la que ha sometido a España, el Gobierno ha parado la máquina legislativa de cara a los comicios europeos que se celebrarán dentro de nueve días. Desde la subida de cotizaciones a la Ley de Mutuas pasando por la reforma de los colegios y servicios profesionales, la financiación de las autonomías o la reforma eléctrica, todo se ha guardado convenientemente en el congelador hasta junio, momento en el que se volverá a dar un nuevo empujón a las reformas justo antes de las vacaciones de verano y coincidiendo con la formulación de las recomendaciones de reformas de Bruselas. Y una vez que haya transcurrido el periodo estival, el Gobierno reanudará una suerte de campaña electoral permanente, concentrado en vender la mejora de la economía, por poco perceptible que sea para el bolsillo del ciudadano.
“La reforma de los colegios y servicios profesionales lleva metida en el cajón unos seis meses. Y veremos cuán diluida sale, o incluso si sale. El diagnóstico del partido es que esta ley puede levantar muchas ampollas entre precisamente los perfiles clásicos que suelen votar al PP. Y por eso mismo se ha detenido”, comenta una fuente cercana al Partido Popular.
Y otro tanto sucede con la Ley de Mutuas, que brindaba a éstas más poder para controlar las altas médicas. En su borrador de diciembre, permitía que las mutuas pidiesen el alta del trabajador, y si el médico de la Seguridad Social no contestaba en el plazo de cinco días hábiles, entonces la petición se consideraba aceptada.
Sin embargo, según fuentes patronales y sindicales, este nuevo formato de control de las bajas se ha caído porque presenta numerosos problemas jurídicos: “No es posible que se pueda dar una alta sin que lo haya visto un médico de la Seguridad Social, y por eso el proyecto se ha enquistado”, comenta una fuente conocedora de las negociaciones. Mientras se decide qué fórmula se aplica, por la polémica que pueda generar, el Ministerio de Empleo decidió retrasar la aprobación de la ley hasta después de la cita europea con las urnas.
Respecto a las Comunidades Autónomas, el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas rezaba: “En 2014, está previsto que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acuerde medidas de reforma del gasto estructural en las CCAA, dando continuidad al proceso iniciado en 2012”. Y se esperaba que se convocase un Consejo de Política Fiscal precisamente para los días después de Semana Santa. Sin embargo, con las elecciones europeas de por medio, esta reunión nunca tuvo lugar, y ahora hay que celebrar dos Consejos antes de agosto en los que se tendrán que examinar la marcha de los ajustes y el sistema de financiación. Así las cosas, no es de extrañar que varias Autonomías pongan en duda que el nuevo modelo de financiación pueda estar listo para comienzos del año que viene.
Por su parte, las Corporaciones Locales también han propinado una patada hacia delante a la adopción de nuevas medidas, y con el permiso de Hacienda no comenzarán a implementar la reforma local y sus consiguientes ajustes hasta después de las elecciones municipales.
¿Y se acuerdan de la subida de cotizaciones que aprobó el Gobierno de tapadillo al cierre del año pasado? Pues el Ministerio de Empleo aplazó ayer una vez más los pagos que han de hacer las empresas por las nuevas cotizaciones de cheques de comidas, pluses de transporte, guarderías, planes de pensiones y seguros. Ante la falta de acuerdo con las patronales sobre el desarrollo reglamentario, en un día festivo en Madrid, el Ministerio de Empleo aplazó este jueves hasta el 31 de julio la fecha límite para que las empresas abonen estos incrementos de cuotas, en vigor desde el 22 de diciembre de 2013.
Pero la lista no se queda ahí. El Gobierno acumula retrasos con la Autoridad Fiscal Independiente, la reforma eléctrica, el observatorio para evaluar los proyectos de infraestructuras, la reforma de los Servicios Públicos de Empleo, la reforma de la formación en el trabajo, el banco malo de empresas, la liberalización del tren, la privatización de AENA o la solución para las autopistas quebradas. En lo único en lo que sí ha empezado a trabajar con celo es en los Presupuestos del año que viene, en los que habrá que casar una rebaja de impuestos con un ajuste del déficit de 13.000 millones de euros.
Asediado por las acusaciones de corrupción y con el debate electoral de las europeas en ciernes, el Gobierno intentó este jueves tomar la iniciativa del ruedo político centrándose en el estado de la economía. Y lo hizo recurriendo a Cristóbal Montoro, quien anunció que se recortarán los tramos del IRPF de siete a cinco y que la rebaja del impuesto llegará a todas las rentas, aunque proporcionalmente sea mayor para las medias y bajas. Sin embargo, no hace mucho el propio ministro insistía en que el recorte de impuestos se concentraría fundamentalmente en las rentas bajas. Un cambio de matiz que reviste bastantes implicaciones, pues miembros del PP e incluso del Gobierno han presionado a Montoro para que la reducción tributaria alcance a las clases medias, el principal caladero de votos de los populares. Aunque no se revierta la mayor parte de las alzas fiscales de los últimos dos años, el objetivo consiste en aplacar el desánimo imperante entre sus electores. Y para cuando esta rebaja tributaria se ponga en marcha, a comienzos de 2015, el ministro habrá estado prácticamente un año entero anunciándola.
