Buena parte del Gobierno ha repetido por activa y por pasiva que mantener Muface supone un enorme esfuerzo económico, lo que le ha llevado a resistirse a subir las primas y alargar la crisis de la mutualidad. Sin embargo, sin contar con la última subida del Gobierno, los datos demuestran lo contario. De hecho, la misma Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha desmentido al Gobierno y ha calculado que el Estado se ahorra casi un 40% con los funcionarios que reciben asistencia sanitaria a través de Muface.
Según consta en el estudio sobre el mutualismo administrativo en España de la AIReF, presentado este lunes, el gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud ascendió en 2022 a 1.405 euros por persona; por su parte, en el mutualismo este ascendió a 1.030 euros por mutualista de opción privada. Esto es un 36% menos de gasto por aquellos pacientes que se acogen a Muface, Mugeju o Isfas.
El coste per cápita es diferente según la mutualidad (esos 1.030 es una media de todas las mutualidades). De las tres, la más cara es Muface, que atiende a un millón de funcionarios. En ella, el coste por mutualista se eleva a 1.053 euros, un 33% menos que el coste per cápita en SNS. Por su parte, es Isfas, la mutualidad de las Fuerzas Armadas, este gasto medio se sitúa en 998 euros, mientras que en Mugeju, la de los jueces, se queda en tan solo 905 por persona.
El cálculo hace referencia al gasto sanitario de carácter asistencial, que incluye, el gasto en servicios primarios de salud y servicios hospitalarios y especializados, y excluye los servicios de salud pública, servicios colectivos de salud, farmacia, prótesis y aparatos terapéuticos, ni gasto de capital. La AIReF ha realizado análisis a partir de las memorias de las mutualidades, de la Estadística de Gasto Sanitario Público y del Sistema de Información de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Con estos datos, la AIReF desmiente el discurso del Ministerio de Sanidad, que aboga por acabar con Muface y el resto de mutualidades para incorporar a todos sus beneficiados en el sistema público, alegando que el coste de mantenerlas es muy elevado.
Aumento del gasto
Sin embargo, la ministra de Sanidad y las aseguradoras están de acuerdo (y tienen razón) en una cosa: el sistema de las mutualidades es cada vez más caro. De hecho, el gasto sanitario per cápita entre 2010 y 2022 ha crecido más en el sistema mutualista que en el Sistema Nacional de Salud, con diferencias entre las tres mutualidades. En proporción, el aumento en el primer sistema fue de un 52,7% en poco más de 10 años, mientras que en el segundo sistema el encarecimiento fue de solo un 40%. Por mutualidades el encarecimiento ha sido de un 56% en Muface, un 49% en Isfas y un 39% en Mugeju.
La evolución temporal muestra patrones distintos en ambos sistemas. "Mientras que el Sistema Nacional de Salud experimentó una caída del gasto por persona durante el periodo 2011- 2014, las mutualidades mantuvieron un crecimiento continuado, aunque con ritmos diferentes. A partir de 2014, el Sistema Nacional de Salud inició una recuperación sostenida que se intensificó especialmente desde 2018, aunque sin llegar a compensar el mayor crecimiento acumulado del sistema mutualista en el conjunto del periodo", explican desde la AIReF.
En términos reales, la situación es diferente, ya que el aumento Entre 2010 y 2022, el Sistema Nacional de Salud registró un crecimiento del gasto sanitario asistencial per cápita de 401,6 euros, superior a los 355,4 euros del sistema mutualista.
AIReF plantea que los nuevos funcionarios se incorporen al sistema público y no a Muface
Pese a estos datos, la AIReF plantea que los nuevos funcionarios se incorporen poco a poco al sistema público, y no a Muface, para 'dejar morir' a la mutualidad. Hasta el 72% de los nuevos funcionarios ya elegían la sanidad pública por delante del modelo privado, por lo que tiene sentido su planteamiento.
En cualquier caso, el trasvase debería ser un proceso "transitorio", a la vez que el sistema público tendría que verse reforzado para acoger a esta población, para evitar el colapso del sistema. Además, la AIReF propone transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario.
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