El Gobierno confía en que la Unión Europea no condicione el desembolso de fondos procedentes del Fondo de Recuperación (de los que España recibirá 140.000 millones) a la ejecución de reformas estructurales como la de pensiones.
Al no necesitar fondos comunitarios para acometer esas reformas, el Ejecutivo entiende que Bruselas no vigilará el cumplimiento de hitos. Mientras que con el resto de proyectos que sí requieren financiación, la Comisión irá comprobando que se hacen las inversiones pertinentes antes de liberar el dinero.
En el Plan de Recuperación que ha presentado el Ejecutivo esta semana y que el Gobierno usará de base para enviar sus planes a Bruselas, señalan que la propuesta se estructura en diez palancas. Nueve de ellas llevan aparejado un coste o inversión que se financiará con cargo a la Unión Europea, pero la décima, "Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible", se realizará sin coste alguno.
En ese epígrafe el Ejecutivo engloba reformas estructurales pendientes encaminadas a contener el déficit público y la deuda pública, para intentar asegurar la sostenibilidad de las cuentas del país.
Entre ellas incluyen una reforma fiscal para incrementar la recaudación (quitando tipos reducidos de IVA y bonificaciones fiscales, y subiendo la tributación medioambiental), una mejora de la eficiencia del gasto público y de la Administración (utilizando los Spending Review de la Airef), medidas para combatir el fraude y una reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad.
Bruselas pide detalles
La Comisión Europa, no obstante, ha explicado en su guía sobre cómo cumplimentar los formularios para pedir los fondos que las reformas también deben incluirse con cierto nivel de detalle.
"Los planes deben dirigirse también a esas áreas que necesitan reformas para mejorar el funcionamiento de la economía y la sociedad y la sostenibilidad de las finanzas públicas actuales, para crear puestos de trabajo, para potenciar el crecimiento inclusivo y la cohesión social, y para hacer que los sectores, las economías y los sistemas sociales tengan garantía de futuro y sean resilientes a shocks y cambios", explica Bruselas.
Estas reformas deben ser razonadas y estar justificadas, e incluir información detallada sobre los actores a los que afectan, los tiempos en los que van a ser ejecutadas y los costes asociados que conllevan -en ahorro-.
Para plantear estas reformas, Bruselas anima a los países a recabar la opinión de autoridades independientes o foros de expertos, de ahí que Pedro Sánchez vaya a contar con foros de alto nivel para diseñar su reforma fiscal y con la opinión de la Airef para la mejora del gasto público.
