El Gobierno ha renunciado a 1.600 millones de ingresos que tenía previsto recaudar por modificaciones en la imposición directa e indirecta, según había recogido en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas hace dos semanas. El Ejecutivo ha pospuesto finalmente la reclasificación de algunos productos en el IVA y ha aplazado la eliminación de algunos beneficios fiscales.
Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. Ha precisado que el gasto previsto para 2021 será de 194.456 millones de euros, 1.600 millones inferior al techo de gasto que habían comunicado hace dos semanas, de 196.067 millones de euros, debido a que prevén que los ingresos sean inferiores en esa cantidad.
"Es algo ligeramente inferior al techo de gasto, que era de referencia o límite máximo. Esto se debe a ajustes a la baja en la política de ingresos, es una cuestión de responsabilidad fiscal", ha explicado. La diferencia coincide con esa previsión de ingresos -vinculada a imposición directa e indirecta- que no estaba detallada en el plan y que finalmente parece no haberse llevado a cabo.
De hecho, la única modificación en beneficios fiscales es la aprobada sobre los planes de pensiones (se reduce la deducción por invertir en planes de pensiones individuales y se mejora la de los planes de pensiones de empresa) y con ella el Gobierno espera recaudar 580 millones pero ya en 2022, ya que el IRPF se recauda en el siguiente ejercicio.
Se aplazan esos cambios
La parte socialista del Gobierno fue la que puso sobre la mesa la posibilidad de revisar algunos productos que están gravados con tipos reducidos y superreducidos del IVA y de cuyo consumo se benefician las rentas altas y de eliminar algunos beneficios fiscales que ya no cumplen con el propósito para el que fueron diseñados, utilizando para ello un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Sin embargo, Podemos presionó para que los cambios se limitarán a un aumentar el IRPF de las rentas altas e incrementar el Impuesto sobre Patrimonio; medidas que finalmente sí han salido adelante y que el Ejecutivo sí puede justificar de cara a su electorado, dado que buscan "la justicia fiscal" y "el aumento de la progresividad del sistema".
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que no ha respaldado a Montero en su presentación de los PGE a la prensa, ha explicado que el Gobierno va a contar con un grupo de expertos para que analicen las posibles reformas sobre estos impuestos.
