El viernes se aprobará el temido cambio en el Impuesto Sociedades con el que el Gobierno quiere recaudar 6.000 millones en tiempo récord y servírselos en bandeja de plata a la Comisión Europea. La modificación, que consiste en fijar un mínimo obligatorio para el pago fraccionado de las grandes empresas, asusta y mucho a las firmas españolas. Y no es para menos. Según ha podido saber Vozpópuli, el impacto para los grandes grupos multinacionales de matriz española puede ser superior a los 500 millones e incluso rondar los 1.000 millones. De hecho, costará la friolera de 900 millones a Telefónica y 750 millones a Repsol.
Las cifras asustan a las empresas. El cambio no estaba previsto en las estimaciones de tesorería, así que incrementará de forma considerable sus necesidades de financiación, llegando incluso a comprometer su solvencia. Además, el anuncio de la medida ya ha llamado la atención de las agencias de rating, que están solicitando información a las empresas sobre el impacto que les va a generar un cambio así a corto plazo. Esto podría incluso suponer en algún caso la revisión de la calificación crediticia, lo que llevaría a un encarecimiento de la financiación.
La medida afectará a las empresas que facturen más de 20 millones, pero el impacto va a ser mayor en las multinacionales con matriz española. Estas empresas tendrán que pagar tambien por los dividendos recibidos de filiales europeas, a pesar de que están exentos según la directiva comunitaria. Y tendrán que tributar por beneficios de desinversiones realizadas en participadas españolas, cuya renta final también resultará exenta. Es decir, que Hacienda va a pedir a estas empresas un pago mínimo, previsiblemente del 20%, sobre algo que no tributará mañana.
Las empresas teman que la medida se convierta en permanente y suponga una verdera subida de impuestos
Para entender bien esta situación hay que explicar que la medida que pretende aprobar el viernes Cristóbal Montoro no es una subida fiscal en sí misma, sino una especie de adelanto que le pide el Gobierno a las empresas para poder cuadrar las cuentas. Un año después, al hacer la liquidación del impuesto, Hacienda tendrá que devolver a las empresas parte de lo adelantado. Es un mecanismo similar al de la renta con los trabajadores, que pagan mensualmente el IRPF y una vez al año hacen las cuentas con el Fisco en la declaración de la renta para ver si han pagado más o menos de lo que debían.
El hecho de que se trate más de un adelanto que de un impuesto en sí hace pensar a las empresas que la medida puede convertirse en definitiva. Porque de poco le servirían a Hacienda los 6.000 millones que quiere recaudar si los tiene que devolver el año que viene. Es cierto que le permitirían cuadrar las cuentas de 2016 y 2017, pero los problemas surgirían en algún momento. Si la medida se queda, será una subida fiscal en toda regla para empresas con gran volumen de facturación.
Y las problemas no acaban ahí. Según las empresas, una medida de esta naturaleza tiene carácter retroactivo, puesto que muchas tendrán que pagar ahora por dividendos repatriados a lo largo de 2016. Los compañías hicieron esta maniobra pensando que no estaban sujetos al mínimo obligatorio en el pago fraccionado que ahora quiere imponer Hacienda. Cuando se cambie la norma, tendrán que pagar por ellos al tratarse de pagos acumulativos.
Rosell envió una carta a los Ministerios de Economía y Hacienda y ha mantenido conversaciones telefónicas con Montoro
En este contexto, la CEOE envió el pasado 14 de septiembre una carta a los Ministerios de Economía y Hacienda para mostrar su preocupación y pedir al Gobierno que clarifique la medida y que no la apruebe sin consultar antes a los afectados. Aunque no figura en la misiva, los empresarios quieren que el Ejecutivo deje fuera de la base de cálculo del pago a cuenta la parte del resultado contable de la empresa que se corresponde con rentas que están exentas. También pide que el nuevo tipo ronde el 12% y no el 20% que se ha planteado y afecte solo al pago de diciembre para dar más tiempo a las empresas para obtener tesorería.
Según ha podido saber Vozpópuli, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha podido hablar por teléfono con Cristóbal Montoro y le ha transmitido todas estas preocupaciones. Aunque Bruselas está muy atenta a las medidas que pueda aprobar el gobierno español, puede que el ministro ceda un poco a las peticiones de las empresas y decida rebajar un poco las exigencias de la medida. Tal y como fue diseñada inicialmente, afectaría a unas 4.500 empresas y aportaría unos 6.000 millones de euros.
