El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer gala de su pragmatismo para hacer equilibrios entre las necesidades políticas y la sintonía con ciertos capitales indispensables.

El Ejecutivo ha aprobado su plan de 2.500 millones en avales a la compra de vivienda con cargo al Instituto de Crédito oficial, una medida que está siendo recibida como un bálsamo para el sector promotor y la banca, aunque con algunas reservas de parte de agentes financieros.

La principal, como se alerta desde una entidad financiera cotizada, es la posibilidad de que, como el estímulo a la demanda que es, acabe propiciando una subida de los precios de la vivienda en un momento en el que, como publica este martes Vozpópuli, se encaminan a superar su techo histórico.

La medida que ha aprobado finalmente este martes el Gobierno configura la cristalización de una estrategia que puso sobre la mesa la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y que el presidente del Gobierno ha tenido a bien aplicar, siguiendo la estela de la misma Comunidad de Madrid.

Antes de su implementación en Madrid, la presidenta del banco accionista del grupo Prisa había sugerido a la administración estatal, desde una entrevista en El País, que siga el modelo del programa 'Help to Buy', implementado ya en el Reino Unido, para favorecer al acceso a la vivienda de los jóvenes.

La medida ha generado críticas de Sumar así como de los demás partidos de izquierda, porque creen que tendrá un efecto nocivo para el mercado inmobiliario y terminarán inflándose los precios de la vivienda. En efecto, según una investigación de la London School of Economics, en Londres, la medida condujo a un alza del 6% en los precios de la obra nueva.

Y también es verdad que la medida beneficiará a los bancos, con los que el Gobierno compartirá finalmente hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca en igualdad de condiciones durante, al menos, 10 años.

Necesidad de unos 17.000 euros en ahorros de vivienda

Por otro lado, es cierto que los alrededor de 50.000 potenciales beneficiarios lo tendrán más fácil para comprar a corto plazo -el efecto político que se persigue desde La Moncloa-... Pero no por ello se librarán de más gastos. Todo lo contrario: acabarán pagando más en concepto de intereses por la financiación que obtendrán de los bancos, que ahora está en su punto más caro de la última década.

La cuantía y condiciones de estos intereses configuran uno de los grandes interrogantes que deberán definirse en las negociaciones entre el ICO, los bancos y los clientes, a las puertas de una rebaja en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo el próximo verano.

Tampoco sortearán los jóvenes la necesidad de disponer de ahorros: los créditos hipotecarios suelen precisar un 10% en concepto de gastos de compraventa y gestión de la hipoteca. Atendiendo al importe medio de un crédito hipotecario en España, se trata de unos 14.000-17.000 euros en ahorros, que superarían el umbral saludable del 35% de los ingresos de los beneficiarios, aunque estarían por debajo de los 77.000 euros de ahorro de media que hacen falta actualmente para el acceso a una vivienda.

La ayuda está delimitada a quienes perciban menos de 37.800 euros brutos al año. Los avales serían ampliables en la misma cantidad por cada "comprador" que participe de la ecuación, sin que se haya definido aún el concepto de comprador. Para las familias monoparentales, el umbral se puede elevar en hasta un 70%.

El importe máximo de las hipotecas avalables por el Estado será de unos 170.000 euros, sujetos a diferencias entre comunidades. La cifra encaja con el 100% sobre los 143.000 euros de una hipoteca promedio (80% del valor del inmueble) en la actualidad, atendiendo al Instituto Nacional de Estadística. El hecho de que la referencia global del mercado se extienda a un colectivo vulnerable como el de los jóvenes abre la posibilidad de que los precios suban tras la medida.

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